¿Hacia dónde vamos con la jubilación anticipada?

A falta de que la reforma salga a la luz, el objetivo es claro: lograr que se prolonguen los años de trabajo

¿Hacia dónde vamos con la jubilación anticipada?

Tras las recomendaciones que el Pacto de Toledo cerró en 2020 -con su posterior ratificación en el Pleno del Congreso, lo que a día de hoy sigue coleando es la próxima reforma del sistema de pensiones. En los últimos días hemos escuchado que el acuerdo entre el gobierno, las patronales y los sindicatos era inminente y que la fumata blanca llegará próximamente.

De momento, a falta de que el acuerdo definitivo sea una realidad, lo que sí parece es que al Congreso irán primero -antes de que acabe el 2021- algunas de las reformas que el Ejecutivo puso sobre la mesa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la revalorización de las pensiones según el IPC y lo relativo a la jubilación anticipada, y se aplazan así, para 2022, el resto de las medidas.

Sobre la edad de jubilación

En este blog hemos hablado en muchas ocasiones del escenario que se abre si seguimos jubilándonos como hasta ahora. Si cada vez vivimos más años y llegamos a la jubilación más activos, ¿tiene sentido seguir jubilándonos a los 65 años?

Al margen del debate que se abre entre cómo se van a seguir financiando las pensiones públicas si la esperanza de vida sigue subiendo y cómo vamos a vivir nosotros mismos tantos años como jubilados -si estamos ahorrando y planificando bien para ese escenario-, son muchas las voces que han pedido penalizar o desincentivar la jubilación anticipada.

Así, en el documento que el Gobierno envió a Bruselas en abril, lo que se busca es “alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas”.

¿Qué está pasando ahora? Las cifras reflejan que los españoles dejan de trabajar, de media, a los 64,6 años, mientras que la edad legal de jubilación se encuentra en 2021 fijada en los 65 años para quienes tengan 37 años y 3 meses cotizados y en 66 años para quien tengan menos, con vistas a que se incremente paulatinamente hasta el año 2027, cuando la edad legal de jubilación se encuentre en los 65 años para quienes tengan 38 años y 6 meses y en 67 para los que tengan menos.

¿Qué es lo que viene?

Desde el Ministerio que dirige Escrivá ya han señalado que lo que buscan es que la jubilación anticipada sea la excepción y no la norma. Y, a falta de conocer qué es lo que finalmente se aprueba tras el diálogo y las concesiones a los agentes sociales, lo que en un primer momento se buscaba era un equilibrio entre las penalizaciones para quienes decidan jubilarse anticipadamente y un incentivo para quienes lo retrasen.

Así, lo que previamente se dio a conocer y hemos leído en varios medios de comunicación tiene que ver con las penalizaciones que se van a aplicar para quienes adelanten su jubilación, que pasarían a reducirse sobre la cuantía y no sobre la base reguladora, como hasta ahora. Además, estos coeficientes reductores pasarían a ser mensuales en lugar de trimestrales como en la actualidad para intentar que la legislación se adapte mejor a las necesidades de cada personas y, que de esta forma, veamos una aumento de la permanencia en el empleo.

Por otro lado, tal y como explicaban en este artículo de El País, una de las primeras propuestas buscaba que quienes hayan cotizado 38 años y medio, vieran cómo su pensión se recorta en un 21% si se jubilan dos años antes de la edad legal. “El diseño de estos coeficientes reductores hace que, en realidad, solo quienes se jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal salgan perdiendo sobre la regulación actual, que aplica una reducción del 16% si la jubilación se produce ocho trimestres antes, a partir de ahí el castigo es menor”, explican.

¿Y qué pasa con las jubilaciones anticipadas forzosas? A priori, la propuesta pasa porque el cálculo mensual también se aplique y, tal y como se ha pactado con los agentes sociales, a las personas que hayan sido afectados este año por un ERE no se les aplicará esta reforma.

Sobre los incentivos, una de las propuestas que se barajaban se basaba en un incremento de la pensión del 4% o en el pago de una cantidad -también la combinación de ambas fórmulas-. La cifra que podría ir en la reforma puede llegar hasta los 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación.

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