Fernández de la Vega recuerda que el Consejo de Estado "no tiene competencias" en los indultos

El órgano consultivo ha presentado la Memoria 2020 y su nueva web

La presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega, y el consejero permanente y coordinador de la memoria, Fernando Ledesma Bartre.
La presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega, y el consejero permanente y coordinador de la memoria, Fernando Ledesma Bartre.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la Memoria 2020 en la que se recogen los principales datos de su actividad durante el año pasado. Un año marcado por la pandemia que ha obligado a una digitalización exprés del Consejo para seguir con las deliberaciones en tiempo y forma. Así, el Consejo de Estado durante 2020 ha recibió 839 consultas (95 de las cuales con carácter de urgencia) y ha despachado 790 expedientes.

De todos los dictámenes emitidos, el 98 % de las observaciones esenciales que ha realizado el Consejo han sido secundadas por el Gobierno y el resto de órganos consultantes, lo que da una idea del rigor y la incidencia que los dictámenes del Consejo suponen.

Tanto la presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega, como el consejero permanente y coordinador de la memoria, Fernando Ledesma Bartret, han destacado también las cifras totales de dictámenes emitidos según el tipo de expediente: 163 en el caso de normas de carácter general; 102 respecto a incorporación o aplicación de normas de la Unión Europea; y 526 en el caso de actos administrativos.

Entre estos últimos, destacan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, 328. Una de las actividades más intensas (y desconocidas) del Consejo de Estado, pero la que, en palabras de la presidenta Fernández de la Vega, “representa la atención directa del Consejo a las consultas de la ciudadanía. Es un tema capital para nosotros, ya que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial tratan sobre el funcionamiento de las administraciones y tocan temas tan sensibles como la violencia de género, los accidentes laborales o el funcionamiento de la administración de Justicia”.

Atendiendo al origen de las consultas, 673 de las recibidas en 2020 provinieron de los distintos Ministerios, destacando Justicia y Hacienda. De las comunidades autónomas de Cantabria, Madrid, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla llegaron 112 consultas. Y el resto fueron emitidas por otros órganos consultantes como el Banco de España, el Consejo de Seguridad Nuclear o la Junta Electoral Central.

Indultos y transparencia

A preguntas de los medios presentes en el Consejo o por vía telemática, la presidenta Fernández de la Vega ha recordado que el Consejo “no tiene competencias en materia de indultos. La Ley 1/1988 eliminó la referencia al Consejo de Estado que se recogía en la Ley de Indultos de 1870”.

Respecto a las cuestiones sobre la no publicación de los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado hasta que el órgano consultante no decide hacerlo público (vía aprobación de la norma o por otras vías), la presidenta Fernández de la Vega ha aclarado que “para responder a esta pregunta hay que diferenciar según el tipo de consulta. Pero, en todo caso, el dictamen, normalmente, forma parte de un proceso de adopción de una decisión y tiene todo el sentido que no se publique hasta que el órgano consultante no adopte una decisión final”. De la Vega ha insistido en que “el Consejo no pretende imponer sus puntos de vista, no reprende a las autoridades consultantes, sino que acompaña y aconseja a esta autoridad. Y lo hace respetando la discrecionalidad de esta para adoptar su decisión final”

De la Vega también ha apuntado que, en todo caso, “es un debate abierto y no solo en el Consejo de Estado, sino en otros órganos homólogos en Europa. Es una de las cuestiones, por ejemplo, que vamos a tratar en la próxima reunión con el Consejo de Estado francés que tendrá lugar el próximo mes de julio”.

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