Una reforma fiscal ortodoxa, pero de dudosa oportunidad

La revisión del IVA es arriesgada en un contexto de fragilidad de la economía y de una recuperación todavía incipiente

La baja recaudación del IVA en España plantea periódicamente la necesidad de reformar el impuesto con el fin de limpiar los tipos reducidos y replantear las exenciones, en buena parte responsables de una merma recaudatoria diez puntos superior a la media europea. Los cálculos cifran el impacto de los tipos reducidos españoles en la recaudación potencial del impuesto en unos 18.000 millones de euros, y de la exención sanitaria y educativa en 3.500. A ello hay que sumar otros 5.000 millones más por fraude y errores de cálculo, una cifra que se considera muy conservadora y sustancialmente inferior a la real. La fiscalidad española, con un tipo general del 21%, uno reducido del 10% y otro superreducido del 4%, ocupa actualmente el tercer lugar por pérdida de recaudación de IVA entre los países comunitarios. Ello se explica en buena medida porque hay un gran número de productos gravados con los tipos especiales (10% y 4%), lo que ha llevado no solo a la CE, sino también a la OCDE a aconsejar repetidamente a España que aumente las operaciones sujetas al tipo ordinario (21%).

Respaldado por estas consideraciones y por los notorios agujeros en la aritmética del impuesto, el Gobierno ha previsto revisar el número de bienes y servicios sujetos al IVA reducido y superreducido como parte de la reforma fiscal que se acometerá en 2022 y que se incluye en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas. España tiene sin duda margen para impulsar esa reforma, que aumentará la recaudación del impuesto en una coyuntura en la que las arcas públicas tienen sed de ingresos y que, en el caso de las transacciones sujetas a tipos reducidos, afectará mayoritariamente a las rentas altas, que son las que más gastan.

Sin embargo, entre los servicios gravados al 10% figura el denominado IVA turístico, que incluye viajes, hoteles y restaurantes y supone una ventaja competitiva esencial para la industria española, especialmente en un momento crítico como el actual. Elevar hasta el 21% esos gravámenes equivaldría a atestar un golpe muy duro a un sector que ha sido fuertemente dañado por la crisis y que afronta la recuperación en medio de una incertidumbre extrema. Más aún cuando Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, entre otros países, han optado por reducir temporalmente el IVA turístico como forma de reforzar su mercado de ocio.

La reforma del Gobierno, fiscalmente ortodoxa y objetivamente necesaria, debe apostar también por otras fórmulas, como la lucha contra el fraude, así como reflexionar sobre la oportunidad de una medida como esta en un contexto de fragilidad de la economía y ante el riesgo de truncar con una carga tributaria excesiva y prematura la todavía incipiente recuperación.