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Guía básica para rehabilitar su vivienda: requisitos y ayudas

Las ayudas serán gestionadas por Transportes y las comunidades autónomas La intervención en la envolvente de cubiertas y fachadas, en el foco

Un trabajador de la construcción coloca una manta de aislamiento térmico en la cavidad de un muro.
Un trabajador de la construcción coloca una manta de aislamiento térmico en la cavidad de un muro.GettyImages
Denisse Cepeda Minaya

El Gobierno apuesta por la rehabilitación de viviendas para generar empleo (188.000 puestos), PIB (13.500 millones de euros) y reducir la huella de carbono en un sector al que se le atribuye el 30% de las emisiones de CO2 totales. Y es, precisamente, una de las vías que contempla su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para captar los 140.000 millones de fondos europeos y superar la crisis del Covid. El objetivo es destinar 6.820 millones a este capítulo, cuyo desembolso se espera en el segundo trimestre, y alcanzar los 300.000 inmuebles anuales intervenidos en 2030.

“Los requisitos aún están pendientes de especificar por parte del Ejecutivo mediante un real decreto, pero, de momento, el principal referente sobre lo que podrían ser las estrategias futuras sería la Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de edificios, publicada recientemente por el IDAE [Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía], y en la que se desarrollan los requerimientos para acceder a las ayudas del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), dotado con 300 millones de euros”, explica Marta Suárez-Varela, directora de la línea de investigación de transición verde del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol).

Se valorará también la instalación de plantas renovables y materiales reciclables

Este documento establece una exigencia técnica mínima de “mejorar la calificación total del inmueble en, al menos, una letra, medida en la escala de CO2 con respecto a la nota inicial del edificio”, incrementándose la ayuda progresivamente cuanto mayor sea la mejora alcanzada, señala Suárez-Varela.

Además de que las actuaciones deberán cumplir las exigencias mínimas de eficiencia energética que figuran en el Código Técnico de la Edificación. “Se ha filtrado también que se fijará un mínimo del 30%. En cualquier caso, el consenso en el ámbito técnico es que el requisito exigido es quizá algo conservador; hay que condicionar las ayudas a resultados medibles”, opina. La gestión de dichos fondos, no obstante, es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las comunidades autónomas serán las encargadas de su tramitación. Al IDAE solo le compete el PREE, aclaran en la entidad.

Un parque envejecido

La realidad es que España “tiene un parque [unos 26 millones de viviendas] muy envejecido, una problemática que afecta, sobre todo, a edificios construidos antes de los años ochenta, cuando apenas había normativa térmica. Desde los sesenta a los ochenta se construyeron muchísimas viviendas, fruto del desarrollo y la inmigración urbana, pero fue una construcción de emergencia y precaria, a menudo llevada a cabo con materiales de poca calidad. A lo largo de los años se han ido reparando las patologías estructurales, pero apenas se ha hecho un mantenimiento recurrente y, menos aún, una mejora sistemática de sus prestaciones térmicas”, describe el profesor Felipe Pich-Aguilera, director del área de sostenibilidad de UIC Barcelona School of Architecture.

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Además, más de 20 millones fueron construidas antes del primer Código Técnico de la Edificación (2006), y su nivel de aislamiento térmico es muy bajo, añade Miguel Ángel Gallardo, business unit director de Rockwool Peninsular. Y la ratio de rehabilitación (0,12%) lleva años siendo de las más bajas de Europa (1,5%), apunta.

De lo energético a los materiales

De ahí que las inversiones se enfocarán en la reducción de la demanda energética, el uso de fuentes renovables, la naturalización de los terrados y hacer más eficientes las instalaciones, implicando el soporte digital, detalla Pich-Aguilera. Hay que intervenir, sobre todo, en las envolventes, cubiertas y fachadas de los edificios para un mayor confort térmico y acústico y seguridad en caso de incendio, agrega Gallardo.

¿Pero cuál es la tendencia actual? “Si bien, inicialmente, la sostenibilidad se centró en el aspecto energético y ese primer objetivo se tradujo a finales de los noventa en directivas de la UE, que han acabado activando normativas concretas en todos los países, ahora el concepto evoluciona hacia una visión de los materiales, en una doble vertiente: su impacto en la salud de las personas y su capacidad para ser reciclados y establecer una economía circular que minimice la erosión sobre el territorio en la obtención de las materias primas”, puntualiza Pich-Aguilera, que calcula el coste de una rehabilitación integral de una vivienda anterior a los ochenta en unos 500 €/m2. “Puede que la mitad se lo lleve la mejora de la envolvente (aislamiento de fachadas, cambio de ventanas y protección solar)”, estima.

Las obras que recorten como mínimo un 30% la demanda de calefacción y electricidad tendrán más bonificación

Gallardo cita otras en auge. “Respecto al diseño, los arquitectos se preocupan por la orientación, sombreamiento y aprovechamiento de corrientes de aire para adaptar la vivienda a las condiciones naturales. En cuanto a los sistemas constructivos, que sean fáciles, rápidos de instalar y garanticen un rendimiento óptimo, y respecto a los materiales, se priorizan los reciclables, no combustibles y con huella de carbono positiva”.

En los dos últimos casos sugiere la fachada ventilada o el SATE (sistema de aislamiento térmico y acústico exterior) y el de lana de roca. “La renovación de la envolvente es la única forma de reducir drásticamente (60%-70%) el consumo de energía y las emisiones de CO2, al tiempo que bajan los costes operativos y sube el nivel de confort”, cree Mónica Herranz, secretaria general de la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (Afelma).

Incentivos y desafíos

El Ejecutivo ha avanzado que los propietarios recibirán bonificaciones de hasta el 60% en el IRPF por las intervenciones en inmuebles que recorten al menos un 30% el consumo eléctrico o alcancen la máxima eficiencia (A); del 20%, si rebajan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, y del 40%, si llegan al 30%. Además de costear el 100% de obras que incluyan actuaciones sobre la envolvente (en fachadas y cubiertas) y la instalación de calderas comunes o paneles fotovoltaicos.

Sin embargo, expertos y agentes del sector creen que las medidas son insuficientes. Suárez-Varela lamenta la ausencia de herramientas fiscales y regulatorias, como ajustar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en función de la calificación energética o establecer pasaportes y auditorías obligatorias que incentiven la actividad.

Una reforma integral puede costar más de 300.000 euros para un edificio de 20 viviendas de 100 m2, calculan desde Greenward Partners

Y cita Francia, que ha establecido la obligatoriedad de contratar empresas que cuenten con una certificación (establecida para este propósito) que garantice que sus trabajadores cuentan con los conocimientos técnicos para llevar a cabo los trabajos de renovación de forma efectiva. "Nos parece que alguna garantía de este tipo sería clave para evitar la ineficacia de los fondos destinados", sostiene Suárez-Valera.

Otra cuestión sobre la mesa es cómo facilitar el acceso a los hogares con rentas bajas, ya que los propietarios tienen que anticipar la financiación al recuperar la deducción el año siguiente en la declaración de la renta.

La firma Greenward Partners propone la instauración de ecobonos: un crédito fiscal que se calcula sobre el importe de la inversión, tiene en cuenta el ahorro que generará y es transferible a cualquier inversor durante cinco años, explica Eduardo Brunet, CEO de la compañía. Con la venta de dicho instrumento, el particular consigue el ingreso para la reforma integral (estimado en más de 300.000 euros para un edificio de 20 viviendas de 100 m2), defiende. Este mecanismo se usa en Italia desde hace cinco años y ha movilizado unos 200 millones desde 2020.

Cifras

26 millones de viviendas conforman el parque de inmuebles de España. El 90% fue construido antes del Código Técnico de la Edificación y el 60%, antes de que existiera cualquier normativa de eficiencia energética, según Afelma.

6.820 millones de euros es el monto que destinará el Gobierno a este capítulo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que aspira captar los 140.000 millones de fondos europeos.

188.000 puestos de trabajo prevé el Ejecutivo que se crearán en el sector de aquí a 2030.

500 euros/m2 cuesta la rehabilitación de una vivienda en mal estado anterior a los ochenta y siempre y cuando no afecte a cuestiones estructurales, calcula el  profesor Felipe Pich-Aguilera, director del área de sostenibilidad de la UIC Barcelona School of Architecture.

Suárez-Valera sugiere establecer criterios de renta, aumentando la bonificación para aquellos grupos de menor renta y estableciendo un límite de ingresos para acceder a las ayudas. "En caso de establecerse en forma de deducciones, deberían además ser reembolsables para permitir que los hogares de menor renta (exentos de realizar la declaración de la renta) puedan también obtener las cantidades comprometidas. En el caso de los hogares más vulnerables, la ayuda económica podría plantearse a través de subvenciones directas para facilitar el acceso de estos hogares a la financiación".

Otro de los retos son las trabas administrativas. “Las licencias están sometidas a plazos y cadencias demasiado largas y farragosas. Tampoco ayuda la ley que rige las comunidades de vecinos, que precisa de acuerdos prácticamente unánimes para la toma de decisión”, advierte Pich-Aguilera. Gallardo aconseja modelos de ventanilla única para agilizar el acceso a las ayudas.

Concienciación y colaboración público-privada

La Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (Afelma) y la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) critican la recién aprobada ley de cambio climático; sostienen que es contradictoria y que no responde al reto de eficiencia energética.

A Mónica Herranz, secretaria general de Afelma, le preocupa que “solo tiene en cuenta la huella de carbono de los materiales utilizados en la construcción y rehabilitación, y no en su fabricación, transporte e instalación; es clave el ciclo de vida completo”. E insiste en que la demanda energética no depende solo de la fuente, sino también de la calidad y las prestaciones de los materiales. “Según estudios, la reducción del consumo de luz en los edificios europeos puede recortar las emisiones en 460 millones de toneladas al año”, subraya, tras pedir más colaboración público-privada, concienciación, actuar en la industria y la Administración y adoptar medidas fiscales como los ecobonos italianos para reformar 1,2 millones de pisos en 2025 y 2,4 millones en 2030.

Miguel García, director técnico de Cepco, considera que para llegar a la cifra de 300.000 viviendas anuales, como marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, habría que triplicar los esfuerzos actuales. Ve complicada la movilización de capital por la crisis y que se consiga la descarbonización total del parque.

Bruno Gutiérrez Cuevas, presidente de la Plataforma de Edificación Passivhaus, incide en la necesidad de que la Administración favorezca los proyectos que logren la mayor eficiencia energética, priorizando la reducción de la demanda de energía, para después introducir sistemas activos de alto rendimiento y la generación renovable in situ. “Una vivienda o edificio rehabilitado bajo el estándar Passivhaus, uno de los más exigentes del mundo en construcción energéticamente eficiente, garantiza la mínima demanda energética pudiendo llegar a alcanzar un ahorro energético de hasta el 90%”.

Sobre la firma

Denisse Cepeda Minaya
Periodista especializada en energía, medio ambiente, cambio climático y salud. Máster en Economía verde y circular por el Inesem y Máster en Periodismo por la UAM/El País. Con más de 20 años de experiencia en periodismo económico. Anteriormente trabajó en República Dominicana como reportera de economía en los periódicos El Caribe y Listín Diario.

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