Escrivá anuncia un acuerdo “inminente” para desincentivar las prejubilaciones

El Gobierno también planea luchar contra el abuso de los contratos de corta duración mediante mayores desincentivos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Europa Press

Las negociaciones que el Gobierno mantiene actualmente con sindicatos y patronal sobre el primer paquete de reformas de las pensiones están a punto de llegar a buen puerto. “El acuerdo tiene que ser inminente”, ha asegurado este martes en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aunque no quiso dar detalles sobre las conversaciones, entre estas medidas estaría la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios y desincentivar las prejubilaciones. Para ello, Escrivá planteó que habrá un rediseño de los coeficientes reductores por jubilación anticipada y nuevas medidas para fomentar la jubilación demorada.

A su vez, entre estas reformas estaría la revalorización de las pensiones según el Indice de Precios al Consumo (IPC), para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Esto supone la derogación de la reforma que llevó a cabo el PP en 2013, con la que ajustó a la baja la jubilación inicial conforme a la esperanza de vida. Además, también incluirá el marco para la cotización por ingresos reales de los autónomos. Escrivá ha matizado que el nuevo sistema de cotización de autónomos necesitará de un desarrollo normativo posterior que espera que se complete en el primer semestre de 2022, para su entrada en vigor gradual a partir de 2023. Todo este primer acuerdo entrará en vigor a partir del cuarto trimestre de este año, según los planes del Ejecutivo.

Estas son las primeras medidas que el ministerio liderado por Escrivá aprobará, del total de ocho reformas para el sistema público de pensiones que el Ejecutivo incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas en abril. Dicha batería de reformas se pondrá en marcha de manera gradual de aquí a 2023 y su objetivo es el de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y garantizar el poder adquisitivo de las jubilaciones.

“Queremos trasladar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros. El sistema descansa en incentivos voluntarios, donde vemos mucha capacidad de recorrido. Hay margen para modernizar el sistema y adaptarse a nuevas realidades. En el diseño tiene que haber un concepto de solidaridad intergeneracional y proteger a las generaciones más jóvenes”, ha indicado Escrivá.

En este sentido, el ministro ha señalado que en las nuevas carreras profesionales se producen “lagunas” en las que los jóvenes cotizan menos debido a su alta tasa de temporalidad y desempleo. Por ello, Escrivá ha asegurado que en las negociaciones se está planteando la posibilidad de dejar de lado “los peores años” a la hora de hacer el cómputo para las pensiones. En 2021, se tienen en cuenta los últimos 24 años cotizados. Otra de las reformas que contempla llevar a cabo el Gobierno es la subida de las bases máximas de cotización, lo cual irá acompañado de un aumento de las jubilaciones más altas, que se hará de manera gradual en los próximos 30 años.

Lucha contra los contratos cortos

Escrivá ha remarcado la necesidad de luchar contra el abuso que se hace de los contratos de corta duración. “Hay que desincentivar aquellos casos en los que al mismo trabajador se le da de baja recurrentemente en una corta cantidad de tiempo. El desincentivo irá creciendo en el tiempo en función del número de bajas por trabajador dentro de un mes”, ha dicho el ministro, quien ha rehusado dar más detalles, ya que esta parte del paquete de reformas se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo. A día de hoy, los contratos de menos de siete días tienen una sobrecotización del 40%.

Lo que sí ha querido destacar el ministro, es que el Ejecutivo descarta la posibilidad de imponer multas a los empresarios que abusen de los contratos de corta duración. “Creemos que los cambios de comportamiento de los agentes económicos tienen más que ver con los incentivos y desincentivos”, ha matizado. En 2019, el abuso de los contratos cortos llevó a que se registrarán más de 27 millones de bajas en la Seguridad Social, de las que una de cada cinco tuvo una duración de un día. Además, un tercio de dichas bajas fue por una duración menor a cinco días, dabido al conocido como “efecto viernes”, que consiste en dar de baja a los trabajadores el viernes y darles de alta el lunes.

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