El Gobierno no deroga la reforma laboral, pero sí debilita su eficacia

De los tres grandes pilares que se incorporaron en 2012, la propuesta del Ejecutivo deja en vigor el más importante de todos: la reducción del coste del despido

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer la reforma laboral que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que España espera acceder a 140.000 millones en ayudas y créditos blandos de la UE. Díaz calificó las medidas como una derogación de la reforma laboral del Partido Popular, en línea con la campaña de demolición que tanto ella como otros miembros del Gobierno han llevado a cabo contra la regulación de 2012, y en la que se han topado con el contrapeso pragmático y sensato de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Pese a las palabras de Díaz, de los tres grandes pilares que incorporó la reforma del PP, el plan que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas toca únicamente dos –la ultraactividad de los convenios y la relación entre aquellos que tienen ámbito empresarial y sectorial– y omite el más importante de todos: la reducción del coste del despido. La explicación de la titular de Trabajo, escasa e insuficiente aunque significativa, es que la modificación de las indemnizaciones por despido “no está en el debate actual”, una afirmación sorprendente en el contexto de una crisis de dureza y gravedad históricas.

La omisión de la revisión al alza del coste del despido parece apuntar más bien a la rectificación de la irresponsable propuesta que hizo el Gobierno en su momento de deshacer en su totalidad la reforma, que ha funcionado durante casi una década con razonable eficacia. Parece necesario recordar que entre finales de 2007 y principios de 2012 la crisis destruyó tres millones de puestos de trabajo en España, una tragedia económica y social en la que jugó un papel capital la rigidez de una normativa que disparaba los costes del despido y a menudo no dejaba a las empresas otra salida que echar el candado. El abaratamiento de esos costes, la primacía de los convenios empresariales sobre los sectoriales y el fin de la ultraactividad, que dotaba a los sindicatos del poder de bloquear las negociaciones, ayudaron a frenar la destrucción de empleo y dieron una oportunidad de supervivencia a miles de empresas.

Afortunadamente, el plan del Gobierno no cancela la totalidad de la legislación laboral vigente, que sin duda tiene defectos y aspectos que es necesario mejorar, pero que cuenta con la incomparable ventaja de haber sido probada con éxito sobre el terreno. Como parte de las medidas económicas enviadas a Bruselas, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y la posible recuperación de la ultraactividad constituyen una errónea mirada al pasado y un lastre para el futuro y la recuperación económica de España.