La estrategia de Movilidad Sostenible de la UE, ambiciosa y difícil de ejecutar
Un informe de Transyt y LLYC evidencia un enorme desafío normativo a muy corto plazo
El plan de la Comisión Europea para la transición del sector de la movilidad hacia una mayor intermodalidad, infraestructuras conectadas y la neutralidad en carbono, presenta tantas oportunidades como dudas, según un informe que ultiman el centro de investigación del transporte Transyt, vinculado a la Universidad Politécnica de Madrid, y la consultora LLYC.
La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE, presentada en diciembre con 82 iniciativas, requiere “un gran esfuerzo económico y regulatorio, y existe una gran incertidumbre sobre cómo ejecutarla, en qué plazos y cuál será el impacto final sobre los distintos sectores a que se dirige, pudiendo adelantarse que no todos serán positivos o producirán un efecto rebote que debe tenerse en cuenta”, concluye el estudio.
La hoja de ruta en busca de la neutralidad climática para 2050 merece inversiones por 300.000 millones, una fuerte movilización del sector privado y un importante plan de reformas legislativas a muy corto plazo.
La hoja de ruta de la Comisión Europea merece 300.000 millones de inversión
La mitad de las diez áreas de acción en que se divide la estrategia están relacionadas con la sostenibilidad, y prácticamente todas ellas entroncan con los objetivos de los fondos de recuperación Next Generation. Los desafíos perseguidos son a 10, 15 y 30 años, con algunos hitos sobre los que los autores del informe tienen serias dudas de que sean alcanzables.
La generalización del vehículo eléctrico, con 30 millones de unidades de cero emisiones en 2030; un salto cuantitativo en el transporte por ferrocarril, duplicando los viajeros en alta velocidad para 2030, y del transporte de mercancías en 2050; el desarrollo de carburantes limpios para la aviación o el lanzamiento de aeronaves con cero emisiones en 2035, son algunos de esos retos.
Reformas
Para Transyt y LLYC el primer problema para la ejecución del plan es la brevedad del plazo para la revisión normativa, de cuatro años en el mejor de los casos. Apenas hay dos años para la reforma legislativa que impulse el vehículo de cero emisiones, los combustibles renovables e hipocarbónicos y la infraestructura asociada. Para ello es clave, por ejemplo, retocar la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos.
Están por medirse los posibles impactos negativos sobre el empleo o la competitividad de Europa
Sólo hay un año para adaptar la normativa a la futura movilidad urbana sostenible, multimodal y conectada. Y en estos plazos deben darse los cambios en la Directiva sobre fiscalidad de la energía o una nueva legislación para la homologación de vehículos conectados y automatizados.
“La Estrategia habría de ser un instrumento con una vocación de medio y largo plazo y que desglose con detalle el marco legislativo para dar seguridad jurídica tanto a Estados miembros como a operadores privados y ciudadanos”, expone el trabajo de Transyt y LLYC.
Otro punto que espera reforma es del régimen de comercio de los derechos de emisión (RCDE UE), herramienta de tarificación del carbono que va a ampliarse al transporte marítimo mientras se pretende recortar los derechos gratuitos asignados al sector aéreo. De forma paralela están en el alambre las exenciones fiscales a los combustibles fósiles. También debe abrirse de par en par la Directiva de Transporte combinado y la regulación que afecta a los corredores ferroviarios de mercancías y de la red básica de la RTE-T, si se quiere tener éxito en que el 75% del transporte que viaja por carretera se suba al tren.
Una traba legal más, en este caso relacionada con la infraestructura conectada, es la dificultad para la pretendida cesión de datos por parte de los operadores de telecomunicaciones para la construcción del espacio común europeo de datos relacionados con la movilidad.
“Se habla superficialmente del impacto sobre el empleo en el sector del transporte”, critica el estudio. Y también ve exagerado “fiar toda, o gran parte, de la reducción [de emisiones] a la implantación del vehículo eléctrico”.
En cuanto al ferrocarril, su participación en el transporte terrestre de mercancías se redujo al 17,9% en 2018, frente al 18,3% en 2011. “Si el reto de la descarbonización del transporte para 2050 parece poco realista, doblar el volumen de tráfico de mercancías por ferrocarril resulta un objetivo aún más asombroso”.
Desde el objetivo de la CE de plantar cara al cambio climático, su presidenta, Úrsula von der Leyen, ha reclamado a los líderes mundiales, en la cumbre del clima de la semana pasada, que no dejen sola a Europa. Al respecto, los autores del informe que analiza la Estrategia de Movilidad Sostenible aprecian riesgos como la capacidad de la UE de seguir siendo competitiva frente a China o EE UU, o la afectación al empleo.
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