El Plan de Recuperación prioriza las inversiones en automoción eléctrica y rehabilitación de vivienda

Acapararán el 40% de los primeros 50.000 millones de gasto con ayudas de la UE

El Gobierno aspira a aprobar el plan y remitirlo a la UE el próximo martes

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“El Plan de Recuperación es el plan económico más ambicioso y trascendental de la reciente historia económica de España. Es la mayor oportunidad para el país desde la entrada en la Unión Europea, y de eso hace 37 años. Ocasiones como esta se presentan un par de veces cada siglo y esta oportunidad España no la va a dejar pasar”, defendió ayer el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez. Presentaba las líneas maestras de este programa de 110 inversiones y 102 reformas que el Ejecutivo ultima enviar a Bruselas para acceder a los 140.000 millones en subvenciones y créditos blandos que aspira a recibir en seis años para sacar al país reforzado de la crisis del Covid-19.

“Es una inversión absolutamente excepcional y única”, subrayó, recordando que los fondos estructurales de los años 80 y 90 fueron de 8.000 millones. Su uso, dijo, perseguirá “promover la recuperación económica tras la emergencia sanitaria”, en el corto plazo; “mejorar la productividad española con la transición ecológica la transformación digital”, en el medio; y lograr un “desarrollo robusto en lo económico; sostenible en lo fiscal, ecológico y social, y resiliente”, en el largo plazo.

El presidente del Gobierno desgranó entonces el destino de los primeros 50.000 millones de inversión que pondrá en marcha entre 2021 y 2023, de los que el 40% se destinarán a movilidad y rehabilitación de vivienda. En concreto, Sánchez avanzó que destinará 13.200 millones (el 26% del total) a la llamada “estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada”, que pasa por electrificar las vías públicas y crear puntos de recargas para facilitar la transición al vehículo eléctrico; y 6.820 millones (13,5%) a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para poner paneles solares y hacer más eficientes energéticamente las viviendas, punto que consideró de “máxima prioridad” por su capacidad para generar empleo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 13 de abril de 2021, en Madrid (España).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 13 de abril de 2021, en Madrid (España). Europa Press

A partir de ahí, Sánchez avanzó que invertirá 4.315 millones en modernizar la administración pública y evitar la temporalidad laboral en sus filas; 4.060 millones a la digitalización de las pymes; 4.000 a implantar la red 5G por todo el país; 3.780 a impulsar una nueva política industrial con horizonte en 2030 y una estrategia de economía circular, mejorando la gestión de residuos; 3.590 a la mejora de las competencias digitales, dando formación a ciudadanos y emprendedores; 3.400 a mejorar la competitividad del turismo; 3.380 a desarrollar el sistema nacional de ciencia e innovación; y 3.165 millones a integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.

Aunque no lo citó, el desglose de estos primeros 50.700 millones incluye además 1.000 millones para la vivienda social de alquiler, según fuentes oficiales.

“La pandemia hace más urgente una transformación que ya era necesaria” antes, defendió, recalcando que, ya en términos generales, el 39% de las ayudas europeas estarán vinculadas a la transición medioambiental; el 29% a la transformación digital; el 10,5% a educación y formación y un 7% a la I+D+i. En paralelo, se impulsará un amplio paquete de reformas que incluirán medidas laborales, fiscales y sobre las pensiones (ver despiece).

El desarrollo del Plan de Recuperación se traducirá, aseveró Sánchez, en un crecimiento adicional del PIB de dos puntos de media a partir de 2021 (estabilizando su crecimiento potencial por encima del 2% anual desde 2030); en la creación de 800.000 puestos de trabajo y en la mejora de la vertebración del país repartiendo la población por todo el territorio y haciendo frente al reto demográfico. Por el camino, dijo Sánchez, se elevará la productividad, y con ella la renta per cápita, se rebajará el desempleo estructural, el de jóvenes y mujeres, y se reducirá la brecha de género.

“Lo tenemos todo listo par comenzar a desarrollar todos los proyectos al día siguiente de su aprobación por la UE”, prometió Sánchez. Ese momento, sin embargo, amenaza con retrasarse hasta finales de junio después de las negociaciones previas del documento con Bruselas hayan llevado al Ejecutivo a renunciar a su idea inicial de presentar el Plan a finales de marzo, en un primer momento, y ayer mismo, después. La intención ahora es tener cerrados los flecos para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes, revelan fuentes oficiales, si bien no se descarta que acabe retrasándose al día 27, ya al límite de un plazo que expira con este mes. A partir de ahí la UE tendrá dos meses para dar su visto bueno.

Aunque el desembolso podría demorarse todavía más, pues está pendiente del visto bueno del Constitucional alemán, el Presupuesto permite a España adelantar vía deuda los primeros 27.000 millones, recordó Sánchez. Estos retrasos, junto con el mal arranque del año que dejó la tercera Ola de Covid, han llevado al Ejecutivo a retrasar del 9,8% al 6,5% el crecimiento de PIB previsto para 2021, confiando una mayor recuperación, del 7%, en 2022.

Las reformas estructurales

Decálogo. Más allá de las cuantiosas inversiones en camino, el visto bueno de la Unión Europea al Plan de Recuperación pasa por la consecución de una serie de reformas estructurales que deben elevar la recaudación en el plano fiscal; rebajar el desempleo y la temporalidad, en el laboral; y garantizar la sostenibilidad del sistema en el caso de las pensiones. El presidente del Gobierno puso ayer el foco en otra decena. En concreto, Sánchez citó que el programa pasa por la modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud; la creación de un nuevo sistema energético que despliegue las energías renovables y el hidrógeno verde; la modernización del sistema de Justicia; la creación de una nueva economía de los cuidados a mayores y dependientes; una Ley de Aguas y un plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización; la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; una política de residuos que impulse la economía circular; una estrategia de movilidad sostenible y conectada; la reforma del sistema nacional de ciencia, apoyando la innovación; y una nueva política de vivienda.

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