PSOE y Podemos avanzan para gravar los inmuebles vacíos en la futura ley de vivienda

Transportes y Derechos Sociales se reunirán próximamente con Hacienda para perfilar la medida, que plantea un recargo sobre el IBI

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.EFE

Los dos socios de Gobierno, que tras las reuniones técnicas celebradas la semana pasada han retomado este martes las negociaciones para sacar adelante la futura ley de vivienda, avanzan para que la norma contenga un mecanismo que permita a los ayuntamientos gravar las casas vacías mediante un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Las conversaciones del secretario general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, giran en torno a una propuesta del ministerio que dirige José Luis Ábalos para que los ayuntamientos apliquen un recargo de entre el 50% y el 75% de la cuota del IBI a estas viviendas. A grandes rasgos, el planteamiento ha sido bien recibido por el socio minoritario del Gobierno, "si bien aún no hay acuerdo sobre la cuantía" de la tasa, matizan desde Unidas Podemos, que propone un incremento de hasta el 200%.

Para seguir avanzando en la redacción de este mecanismo y sus detalles, las dos partes se reunirán próximamente con el Ministerio de Hacienda, que orientará y dará pistas del posible impacto de esta medida.

Según la idea inicial de Transportes, que también quiere definir de forma "clara" el concepto de casa vacía, estarían sujetas a este impuesto las viviendas deshabitadas durante más de dos años sin causa justificada tasada por la ley y siempre que el propietario tenga cuatro o más inmuebles.

La propuesta plantea que los ayuntamientos pueden modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI, "con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial" y refuerce el instrumento de las administraciones para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada "a través de la fiscalidad".

Los dos socios de Gobierno también avanzan en relación a los desahucios a familias vulnerables una vez que termine la protección del paraguas vinculado al actual estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo. Los dos equipos se reunirán mañana, miércoles 14, con el Ministerio de Justicia para avanzar en un plan que poco a poco va perfilándose. El objetivo del Gobierno es agilizar la comunicación con los servicios sociales para que, en caso de vulnerabilidad acreditada, los lanzamientos puedan postergarse hasta tres meses para que las comunidades autónomas encuentren una alternativa habitacional para los afectados, que deberá ser siempre una vivienda y no un albergue u hostal.

PSOE y Podemos también parecen estar de acuerdo en aumentar el peso del alquiler social o asequible en la vivienda protegida. Una de las últimas propuestas en la materia establece que al menos la mitad de los inmuebles protegidos se destinen al arrendamiento.

Pese a estos avances, los dos socios siguen estando muy alejados en lo que respecta a la regulación del alquiler, que se ha convertido en el gran escollo para sacar adelante la ley. Mientras que Unidas Podemos insiste en limitar las rentas de los alquileres a través de un índice oficial de precios que puedan utilizar las administraciones autonómicas y locales, desde el PSOE abogan por una regulación basada en incentivos fiscales que animen a los propietarios de vivienda a abaratar los inmuebles, principalmente en las consideradas como zonas tensionadas.

Bajo el planteamiento del ala socialista, la reducción general a aplicar sobre los rendimientos del alquiler, hoy en el 60%, se reduciría al 50% para ir modulándose hasta una deducción máxima del 90%, a la que optarían los caseros que rebajasen un 10% la renta en un área tensionada. También habría bonificaciones del 70% para los que alquilasen a colectivos jóvenes, entre otras palancas.

Junto a la regulación del alquiler, PSOE y Unidas Podemos también difieren respecto a la definición de gran propietario y a las obligaciones a las que tienen que estar sujetos estos grandes tenedores. El socio minoritario del Ejecutivo quiere rebajar a la mitad el número mínimo de inmuebles que marca la frontera entre ser pequeño y gran propietario (hoy en la decena de viviendas). También quiere que estos perfiles tengan que destinar al menos el 30% de sus activos al alquiler asequible.