La nueva ley de vivienda aplazará hasta tres meses los desahucios para realojar a los afectados

La futura norma agilizaría los tramites de comunicacion a los servicios sociales para dilatar el proceso y ofrecer alternativa habitacional

Las reuniones entre PSOE y Unidas Podemos para perfilar el borrador de la nueva Ley Estatal de Vivienda se han saldado este jueves, tras varias semanas de choques constantes entre las dos formaciones, con un principio de acuerdo para incluir en la norma una mayor protección para las familias y colectivos vulnerables víctimas de un desahucio. En lo que respecta a los alquileres, la vivienda vacía y las obligaciones a grandes tenedores, sin embargo, las negociaciones siguen sin avances.

El principio de acercamiento, resume el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "garantiza" una comunicación "efectiva y rápida" entre el órgano judicial y los servicios sociales, que podrán ofrecer soluciones habitacionales. También se evitan situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo, "al recibirse por las personas vulnerables una solución habitacional alternativa". 

La nueva ley, según explican fuentes del socio minoritario de Gobierno, funcionaría previsiblemente de forma parecida al mecanismo utilizado durante el estado de alarma, vigente hasta el próximo 9 de mayo. Desde el Mitma por su parte, matizan que no se daría continuidad a estas medidas excepcionales, "sino que se pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Con todo, desde el departamento del ministro José Luis Ábalos califican el encuentro como "fructífero", y confirman que, "a falta de algunos ajustes", se ha dado luz verde a la propuesta del ministerio en materia de desahucios.

El planteamiento que ha puesto sobre la mesa el ministerio se centra en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En procedimientos de desahucio, teniendo en cuenta la legislación actual, el inquilino afectado por un desahucio que tenga un contrato de arrendamiento puede alegar situación de vulnerabilidad y que el juez solicite un informe a los servicios sociales para suspender el lanzamiento entre uno y tres meses, en función de si el propietario es una persona física o jurídica.

Ahora, con la nueva propuesta, esta protección, por la que el inquilino tiene derecho a solicitar el informe, se ampliaría a las cesiones en precario y a los casos de okupación siempre que los afectados sean considerados como colectivos de riesgo, pudiendo dilatarse así el proceso.

Otra modificación, según el documento presentado por el departamento de Ábalos, daría pie a "adelantar el momento de la notificación por el Juzgado a los servicios sociales a un momento procesal previo al lanzamiento, concretamente al momento de admisión de la demanda. Esta notificación se produciría de oficio, como obligación legal impuesta al propio Tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del demandado, sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea".

Como resumen, apuntan las fuentes de Unidas Podemos, "se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna".

Casos penales

Las modificaciones que plantea el ministerio no afectarían, sin embargo, a los casos penales. Únicamente se incorporaría una disposición para que se produzca comunicación a los servicios sociales en los procesos penales en los que "se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad (personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad)", si bien, recalca el documento, en este caso no se produciría la suspensión del proceso de desahucio.

Negociación

El encuentro de este jueves entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, se consideraba clave para intentar desbloquear mínimamente la negociación y llegar por fin a un principio de consenso tras varias semanas de fuertes divergencias.

El objetivo del Gobierno sigue siendo que el anteproyecto llegue a la mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de marzo, tras haberse retrasado ya en dos ocasiones.

Pese a este primer avance, sostienen las mismas fuentes de Unidas Podemos, la formación que dirige Pablo Iglesias ha mostrado "su preocupación" sobre el hecho de que el PSOE no haya compartido una propuesta "en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas". En esta línea, las dos formaciones se muestran dispuestas a frenar las subidas abusivas del alquiler, pero mientras que Unidas Podemos se decanta por la limitación de los precios en las zonas tensionadas, el PSOE prefiere otras fórmulas como incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen por debajo del precio del mercado.