Tribunales

La Guardia Civil registra la sede de Abengoa y dificulta cualquier rescate del grupo

Son actuaciones solicitadas por la Audiencia por una querella de 2016

La Guardia Civil registra la sede de Abengoa y dificulta cualquier rescate del grupo

Ni un día de descanso para Abengoa. El grupo de ingeniería, que tiene en concurso de acreedores a su matriz desde el pasado 22 de febrero, sufrió ayer un nuevo revés en el frente judicial y en el de su imagen pública, tras un registro en la sede por una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Actuaron a instancia del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por una querella interpuesta en 2016 por la plataforma Perjudicados de Abengoa.

Este ruido supone un nuevo palo en las ruedas de las operaciones de rescate del grupo que están encima del tapete. Una es la propuesta por la propia firma y con la participación del fondo TerraMar, que inyectaría 50 millones de capital y 150 en créditos en la filial operativa, Abenewco 1. Y otra es la de AbengoaShares, los Amodio –primeros accionistas de OHL– y las energéticas EPI Holding y Ultramar Energy. Esta última incluye 65 millones en instrumentos de capital, 135 en préstamos y además cuenta con el asesoramiento del bufete Pérez-Llorca, como publicó CincoDías el pasado 10 de abril.

Ambos planes de salvamento requieren la participación de la SEPI con la inyección de 249 millones de capital. El organismo público es reacio a participar en el rescate, al igual que el ICO y también los acreedores, según publicó este periódico el pasado 8 de abril. Al menos, en el plan que contempla la incorporación de TerraMar.

El fantasma del pasado amenaza, una vez más, el futuro de Abengoa. Aunque esta vez no son problemas financieros, que tiene a espuertas, sino judiciales. En 2016, un grupo de accionistas agrupado en la mencionada plataforma interpuso una querella ante la Audiencia Nacional contra Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea Llorente por sus actuaciones al frente de la compañía, como consejero delegado y presidente, respectivamente. Los acusaban de falsedad contable y estafa de inversores.

En 2016, Abengoa se enfrentó a un proceso de relevo en la cúpula de la entidad, y accedió ya a finales de noviembre de ese año Gonzalo Urquijo a la presidencia, que estuvo encabezada entre 1991 y septiembre de 2015 por Felipe Benjumea.

La asociación asegura que “se han detectado sólidos indicios de delito en relación a la información ofrecida al mercado por la compañía, a los deterioros registrados en las cuentas de 2014 a 2016, en relación a la calificación de la deuda de Abengoa, de cómo la comunicaba a los inversores y, sobre todo, en relación a las labores de auditoría realizadas por Deloitte”.

Los problemas de la compañía estallaron en 2014 por la forma en que mostraba el pasivo a los inversores.En esencia, una parte de la deuda que aseguraba que no estaba vinculada con la matriz sí lo estaba. Esto devastó la credibilidad de Abengoa y provocó el preconcurso de acreedores de la firma en noviembre de 2015.

En diciembre de 2019 se solicitó la ampliación de la querella y fue admitida a trámite en febrero de 2020, de manera que amplía la causa frente a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, frente a la propia Abengoa SA, frente a Deloitte y frente su socio responsable de la auditoría Manuel Arranz.

El asunto es que justo ahora es cuando comienzan las intervenciones más agresivas en busca de pruebas. Los agentes de la Guardia Civil accedieron ayer por la mañana a la sede central de la entidad, en el campus tecnológico de Palmas Altas, al área de contabilidad, don habrían requerido a los empleados sus documentos de identificación y les habrían ordenado no tocar sus equipos informáticos, según EP.

Fuentes próximas al plan de rescate pilotado por los Amodio y los minoritarios reconocen que esta intervención entorpece el posible salvamento. Puede asustar al Gobierno, cuya participación a través de la SEPI, el ICO y Cesce es capital para su ejecución.

El informe que ensancha la disputa

  • Ampliación. Cuando amplió la querella, el juez se basó en un informe aportado por la Plataforma de Afectados elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva Clemente en el que se refleja la “sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa”. También recogió la resolución del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) de febrero de 2018 que sancionó a la auditora Deloite y a su socio Manuel Arranz y que puso de relieve la existencia de irregularidades que afectaron a la imagen fiel que Abengoa trasladaba al mercado en sus cuentas del ejercicio 2014.
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