Proteger al inquilino vulnerable sin minar la seguridad jurídica del mercado

Una tasa media de morosidad del 10% constituye una anomalía que solo se explica por la dureza de la crisis económica

El fin del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo traerá consigo el decaimiento de las medidas de apoyo a las familias vulnerables en régimen de alquiler que fueron decretadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19. Los datos del sector apuntan a una eclosión de impagos a partir de esa fecha, es decir, cuando vuelva a estar en vigor la legislación ordinaria. Los grandes propietarios de inmuebles calculan que en España hay actualmente entre 350.000 y 400.000 familias en situación de vulnerabilidad y prevén en torno a 40.000 desahucios por impago de alquiler, una cifra en la que están contemplados los lanzamientos ejecutados por pequeños propietarios. También se apunta a una tasa de morosidad media cercana al 10%, aunque algunas patronales la sitúan incluso por encima del 15%, debido a la lentitud de la recuperación, el escaso avance de la vacunación, las restricciones de actividad y el hecho de que todavía hay 900.000 trabajadores bajo el paraguas de los ERTE.

El paquete de medidas para la protección del inquilino vulnerable que el Gobierno decretó al comienzo de la crisis, con la inclusión de moratorias hipotecarias y del alquiler, una línea del ICO para el abono de la renta, la prórroga automática de los contratos y la paralización de los desahucios de los hogares más frágiles, ha mantenido en una suerte de hibernación artificial las dificultades financieras de las familias sin recursos. Pese a ello, desde el sector se apunta al bajo impacto que han tenido algunas de esas medidas, como los créditos del ICO para el abono de la renta, y se confía más en los acuerdos a que puedan llegar arrendatario y propietario a partir del 9 de mayo como fórmula para reducir el número de desahucios.

Una tasa media de morosidad del 10% constituye una anomalía en el mercado que se explica por la dureza de la crisis económica y que exige la aprobación de medidas paliativas que eviten un potencial foco de desprotección familiar y conflictividad social. De la misma forma que el Gobierno ha previsto la extensión de las medidas de ayuda a las empresas “durante el tiempo que sea necesario”, es necesario mantener activa la protección a los colectivos de arrendatarios en situación de vulnerabilidad. Junto a la prórroga de aquellas medidas que se hayan demostrado efectivas, el Ejecutivo debería diseñar incentivos que faciliten los acuerdos entre caseros e inquilinos, así como establecer fórmulas de control que aseguren que las ayudas van a parar a aquellos colectivos que realmente las necesitan al tiempo que garantizan la seguridad jurídica del mercado, que es la mejor medida para evitar un alza en los precios.