Las islas lanzan una ofensiva habitacional para ganar viviendas de alquiler social
El Gobierno incentivará que los propietarios alquilen sus casas vacías. El Plan de Vivienda prevé liberar hasta 600 casas y construir otras 6.000 nuevas
Hubo un tiempo en que Canarias llegó a contar con uno de los parques públicos de vivienda más altos de España. Hoy, es unas de las comunidades más afectadas por problemas habitacionales, por diversas razones. Entre ellas la presión que sobre los precios del alquiler ejerció su condición turística, con la proliferación de viviendas vacacionales en los tiempos previos a la pandemia.
Pero, además, esta comunidad autónoma dejó pasar una larga década sin política de viviendas públicas, y ello ha supuesto un desfase entre la demanda de un parte de población empobrecida por las dos crisis y la oferta de vivienda asequible. Ahora, el Gobierno autonómico que sustenta el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Unidas Podemos, Nueva Canarias y la Asociación Socialista Gomera) quiere cerrar la legislatura marcando un antes y un después en la política de viviendas de Canarias. Y ha lanzado para ello un Pacto por la Vivienda, que incluye un plan por el que prevé construir 6.000 nuevas casas protegidas para poner en alquiler; así como unas 10.000 unidades rehabilitadas y la ocupación de hasta 600 viviendas vacías.
Canarias ya afrontó un reto similar hace décadas, pero con características muy diferentes. Si la crisis actual está propiciando ayudas públicas al alquiler, y la anterior recesión provocó una importante movilización social contra los desahucios; la que tuvo lugar a consecuencia de la caída del precio del petróleo en 1973 dio lugar al denominado movimiento de la vivienda.
En aquella década hubo una batalla social y política por la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), que entonces recibían el nombre de casas baratas, por la baja calidad de los materiales que se empleaban en su construcción. En realidad, este tipo de construcciones las iniciaron los patronatos de vivienda del final del franquismo para acabar con los núcleos de chabolas del Archipiélago. Y fue el Mando Económico de Canarias el que construyó barriadas populares: Generalísimo Franco y Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria o General García Escámez en Santa Cruz de Tenerife.
Movimiento por la vivienda
Aquella acción social de los 70 fue promovida, sin embargo, por Izquierda Unida Canaria (ICU) y confluyó en la creación de la Coordinadora de la Vivienda que se mantuvo viva hasta mediados de los 90. Fue un movimiento político-social que jugó un significativo papel tanto en Gran Canaria como en Tenerife y La Palma, islas en las que se echó un auténtico pulso a las administraciones, primero para la adquisición de la propiedad de la vivienda a través del acceso diferido; después para negociar un precio acorde a la escasa capacidad adquisitiva de los adjudicatarios y, por último, mediante la ocupación de algunos bloques de viviendas ante la imposibilidad de la mayoría de entregar el 3% del valor de la vivienda para recibir las llaves.
Pero esta apuesta pública se frenó en seco por la construcción desmesurada de vivienda privada. Y desde mediados de los 90, las políticas de promoción de VPO dieron paso al desarrollismo incontrolado de vivienda libre, a través de un modelo económico basado en la construcción. También en el incremento desorbitado del endeudamiento bancario privado, que derivó lustros después en la emergencia habitacional provocada por la recesión. De hecho, los desahucios fueron uno de los símbolos de la crisis de 2009-2014, a consecuencia de la cual el modelo de vivienda en España entre en cuestión, incluso por los tribunales europeos.
En los tiempos pre-covid, no pocos expertos advertían ya de la urgencia de un cambio en la cultura inmobiliaria de nuestro país y afinar en las medidas para volver a facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables. Ahora, el reto es garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas con menor capacidad adquisitiva o a los colectivos en especiales dificultades:
"Canarias es una de las comunidades más tensionadas en términos del precio del alquiler, así que creemos que si ponemos más viviendas en el mercado para poder alquilarlas como social, estaremos contribuyendo a intentar que el precio se pueda controlar", sostiene el consejero del área Sebastián Franquis. Entre las diversas opciones para ampliar el parque de viviendas públicas, el Pacto por la Vivienda contempla una combinación de varias. Entre ellas las convencionales políticas de impulsar a un tiempo viviendas de nueva construcción y la rehabilitación del parque existente en las Islas (se estima que el 40% tiene más de 30 o 50 años).
Pero también apuesta por fórmulas más innovadoras, como poner en circulación las casas vacías, que en las Islas ascienden a casi 140.000. Con esta política sigue en realidad el modelo vasco, aunque aún está por ver si la respuesta en Canarias será tan exitosa como en Euskadi, y rechaza fórmulas más intervencionistas de control de precios como las que defienden los socios de Pedro Sánchez.
Radiografía habitacional
Más propiedad que alquiler. De las más de 46.000 viviendas públicas que existen en Canarias, solo 16.500 se ocupan en régimen de alquiler. El 65% son propiedad de los adjudicatarios. Esta proporción de propietarios se repite también para el mercado de la vivienda libre: el 72% del total de viviendas se tiene en régimen de propiedad en Canarias.
Resaca inmobiliaria. El boom inmobiliario llegó a construir una media de entre 5.000/6.000 casas al año. Entre 2001 a 2011, el número de viviendas creció en Canarias por encima de la media estatal: el 22,3% frente al 20,3%. Hubo casos externos como los de Candelaria o Puerto del Rosario, que se situaron entre los veinte municipios españoles de más de 20.000 habitantes que protagonizaron crecimientos por encima del 60%. Este fue el escenario hasta que llegó la recesión de 2008.
Impacto de la covid La compraventa de viviendas bajó en 2020 en todas las comunidades, especialmente las más turísticas como Canarias (-21,9%) y Baleares (-23,2%). Esta caída puso fin a cinco años consecutivos de incrementos anuales, que situó los precios inmobiliarios por las nubes y muy lejos de las rentas medias. Sobre todo en comunidades como canarias con un salario muy inferior a la media nacional.