Cuatro de las seis autonomías con zonas tensionadas piden control de precios en el alquiler
Las islas, Comunidad Valenciana y Cataluña quieren aunar la limitación de rentas con otras medidas
De las seis comunidades autónomas que, según los datos del índice oficial de precios del alquiler, cuentan con alguna zona tensionada en sus territorios, un total de cuatro piden al Gobierno central que incluya en la futura ley de vivienda mecanismos para que las administraciones regionales y locales puedan controlar las rentas. Son Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, presididas por el PSOE, y Cataluña, que aunque sigue sin president, previsiblemente repetirá el Govern con las formaciones que ya aprobaron el pasado año un decreto para limitar los precios. Por su parte, Madrid y Andalucía, ambas del PP, rechazan de lleno estos mecanismos, que protagonizan en las últimas semanas un intenso y duro debate en el seno del Gobierno central.
La limitación de las rentas, una medida que defiende Unidas Podemos y a la que se opone de lleno el socio mayoritario del Gobierno, es uno de los puntos más candentes de las conversaciones para sacar adelante la futura ley estatal de vivienda. Mientras que el PSOE opta por mecanismos como los incentivos fiscales para animar a los propietarios a abaratar las rentas, desde la formación morada quieren que las administraciones regionales y locales puedan establecer topes a los precios mediante el índice de referencia.
Estas seis autonomías son las que tienen en sus territorios algún área tensionada, según explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) cuando presentó en junio el índice, que no cuenta con los datos de País Vasco y Navarra por tener regímenes fiscales propios. La mayoría de estas zonas, según la herramienta, se concentran en Madrid y Barcelona y sus respectivas áreas metropolitanas y en los dos archipiélagos. Andalucía y Comunidad Valenciana, por su parte, tienen alguna de estas áreas en provincias como Málaga, Sevilla y Valencia.
El gobierno balear, que saltó recientemente a la palestra por expropiar temporalmente el uso de 56 viviendas vacías de grandes tenedores, abraza el control de precios como medida temporal y adicional a otro tipo de políticas. Tal y como explica a este diario su director general de Vivienda y Arquitectura, Eduardo Rosby, la limitación de rentas “podría ser una solución temporal para muchas familias”. Rosby recuerda que el Govern valoró en su momento la posibilidad de entrar en la limitación de precios a través de una regulación autonómica, “pero no pudimos porque las competencias en esta materia son muy claras”.
También pide una “intervención y limitación de precios” mediante la adopción de medidas de supervisión y control la directora general de coordinación institucional de vivienda de la Generalitat Valenciana, Adoración Guamán. El objetivo, recalca la también directora general en la vicepresidencia de la Generalitat, sería “impedir precios excesivos en las áreas tensionadas”.
En la misma línea se sitúa Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, quien ve “acertada y necesaria” la iniciativa de aplicar un control a los precios “en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Si la futura ley “permite a las comunidades aplicar mecanismos de control sobre los alquileres en zonas tensionadas, los utilizaremos”.
Las rentas del alquiler, prosigue Franquis, llevan varios años aumentando en las grandes ciudades y en las zonas turísticas de Canarias "de forma desproporcionada, convirtiéndose en un problema social". Es responsabilidad de las administraciones, añade, garantizar la disponibilidad de vivienda digna y asequible. "Somos conscientes de que el alquiler tiene que ser rentable, pero la vivienda es un derecho social antes que un bien negociable para los grandes tenedores".
En los tres casos, los portavoces de los ejecutivos regionales recalcan que al control de precios debe acompañarle otras medidas de calado como la movilización de vivienda vacía hacia el arrendamiento, la lucha contra los desahucios a familias vulnerables y, sobre todo, la ampliación del parque público de vivienda asequible. La región valenciana también defiende medidas como el derecho de tanteo y retracto, "que nos permite tener preferencia frente a cualquier otro comprador para adquirir una vivienda, pagando el precio por el que haya salido a la venta", explica Guamán.
El parlamento catalán, por su parte, pendiente de formar un Gobierno que previsiblemente estará capitaneado por ERC, presentó este miércoles varias alegaciones al recurso del PP en el Tribunal Constitucional contra la regulación autonómica de control de precios, evidenciando que sigue apostando por esta medida.
El pasado 8 de febrero, el tribunal de garantías admitió a trámite el recurso de 50 diputados del PP en el Congreso contra la ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Esta semana, el Parlament ha rebatido el argumento de los populares de que la norma vulnera el principio de seguridad jurídica que contempla la Constitución e invade competencias estatales, dos puntos que podrían cambiar si el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobasen en la norma medidas para contener las rentas, algo realmente improbable debido al rechazo pleno por parte del socio mayoritario del Ejecutivo.
Madrid y Andalucía, las otras dos regiones con zonas tensionadas, se muestran sin embargo fuertemente contrarias a este tipo de medidas. Así, frente a "las propuestas intervencionistas del mercado del alquiler", la consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, es partidaria de "promover nuevas viviendas en alquiler que amplíen la oferta donde más se necesita". En la misma línea se ha mostrado en varias ocasiones el consejero de Vivienda y Administración Local de Madrid, David Pérez, que ha remarcado que la región nunca pondría en práctica una eventual limitación de las rentas.
Podemos advierte al PSOE
La resaca de la propuesta que trasladó el miércoles el PSOE a Unidas Podemos para bonificar los alquileres a bajo precio está siendo muy dura para el Gobierno de coalición, en negociaciones para consensuar la futura ley de vivienda. Prueba de ello es que ayer, solo 24 horas después de conocer el planteamiento oficial, salieron a hablar públicamente tres vicepresidentes y otros tantos ministros. A grandes rasgos, el PSOE defendió que su propuesta cumple con el acuerdo programático y con el objetivo de frenar las subidas de las rentas, si bien no cerró la puerta a seguir negociando. Podemos, sin embargo, aseguró que así no apoyará la norma y recordó a su compañero de Gobierno que en tal caso tendrá que sacarla adelante con el apoyo del PP, lo que de facto supondría un "cambio de socio".
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