Montero y Ábalos estudian los incentivos fiscales para abaratar el alquiler
Estos instrumentos serían siempre incentivadores y nunca penalizadores, explica la ministra portavoz, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a confirmar este martes que la fórmula que estudia el PSOE respecto a la regulación de los alquileres gira en torno a los incentivos fiscales. En esta línea, Montero ha detallado, como ya adelantó hace varias semanas el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que los dos departamentos trabajan "codo con codo" para utilizar todas las posibilidades que ofrece la fiscalidad con el fin de abaratar los precios de los alquileres.
Estos instrumentos, ha asegurado Montero tras el Consejo de Ministros, siempre estarían diseñados para animar a los propietarios a que alquilen a precios asequibles, y nunca para sancionar. "En la medida de las posibilidades siempre preferimos que los instrumentos sean incentivadores más que penalizadores, es algo que Hacienda siempre persigue", ha recalcado la ministra.
Sobre cuándo se llevará la futura ley de vivienda al Consejo de Ministros para su aprobación, la también portavoz del Gobierno ha afirmado que espera que la norma pueda ser aprobada "en breve". "No puedo comprometer fecha porque todavía se está trabajando y acordando entre las dos partes de este Gobierno, pero sí puedo decir que el Ministerio de Hacienda ha ido trabajando en la parte de los instrumentos fiscales que pueden posibilitar cumplir con las premisas del acuerdo programático", ha añadido.
Montero también ha querido remarcar que muchas veces las discusiones entre los dos partidos del Ejecutivo acerca de abaratar los precios del alquiler "no tienen tanto que ver con el qué sino con el cómo", evidenciando de nuevo que las dos formaciones, aunque coinciden en que es necesario rebajar las rentas medias en las zonas tensionadas, difieren a la hora de concretar qué fórmulas utilizar.
Mientras que en el PSOE se muestran partidarios de la fiscalidad con vistas a incentivar a los propietarios, en Unidas Podemos prefieren limitar las rentas para prohibir que los precios superen un umbral concreto en las zonas tensionadas.
Más retrasos
Este martes estaba prevista una nueva reunión entre los socios de Gobierno para seguir negociando el anteproyecto de ley, pero el encuentro ha sido finalmente pospuesto hasta mañana.
El departamento de Ábalos ha asegurado que fue la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, la que canceló el encuentro previsto con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, por "motivos personales". En Unidas Podemos sostienen, sin embargo, que han retrasado la reunión porque los socialistas no les han enviado la propuesta por escrito que les prometieron.
Tras dos meses de negociación en los que ya se ha superado la fecha límite inicialmente pactada para llevar el texto al Consejo de Ministros, la regulación del precio del alquiler sigue siendo el mayor escollo para sacar adelante la norma, ya que Unidas Podemos exige que la ley faculte a los ayuntamientos a establecer topes máximos en las zonas tensionadas pero los socialistas se resisten con el argumento de que ese no es el mejor instrumento para contener las rentas.
Las dos formaciones también difieren respecto a la definición de gran propietario, a las obligaciones que tienen que tener los grandes tenedores respecto a la vivienda vacía y el alquiler asequible y, por último, respecto a los desahucios. La formación morada, por ejemplo, cree que el límite para hablar de gran tenedor está en los cinco o más inmuebles, mientras que el PSOE parece querer mantener el límite en la decena de viviendas. Unidas Podemos también quiere que estos grandes propietarios estén obligados a destinar el 30% de su parque al alquiler a precios asequibles.
En las últimas reuniones, celebradas hace dos semanas, los dos socios alcanzaron un principio de acuerdo en materia de desahucios. Las dos fuerzas aceptaron agilizar los trámites de comunicación a los servicios sociales y dilatar el proceso hasta tres meses en el caso de las familias vulnerables, así como que las comunidades autónomas tengan que ofrecer alternativas habitacionales dignas a los afectados por el lanzamiento en el caso de que así lo confirmen los servicios sociales. Ese principio de pacto, que desde el ministerio de Ábalos calificaron de “fructífero”, ha sido el único hasta la fecha.
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