La ley de vivienda se postula como el último pulso de Iglesias dentro del Gobierno
Este martes se retoman, previsiblemente, las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para avanzar en la norma
“En las semanas que me quedan hasta la campaña voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que estamos negociando en el Gobierno y en cumplir algunos compromisos claves”, aseguró ayer el todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el minuto final del vídeo en el que dio a conocer su decisión de abandonar el Ejecutivo central para centrarse en las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo como candidato de Unidas Podemos. De esta forma, la batalla por sacar adelante la norma se torna como el último gran pulso de Iglesias dentro del Gobierno de coalición, una negociación que a juzgar por el cariz con el que se ha desarrollado hasta la fecha amenaza con dilatarse durante más tiempo.
Hoy está previsto que se retomen las negociaciones entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas, y la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, quien pasará a ocupar la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 como nueva ministra del Ejecutivo tras la marcha definitiva de Iglesias.
Previsiblemente, Lucas trasladará a Belarra la propuesta detallada del Ministerio para la regulación del precio de los alquileres gracias a instrumentos fiscales como los incentivos o las desgravaciones. Desde Unidas Podemos, sin embargo, siguen apostando por que la futura ley dé a las administraciones regionales y locales la facultad de limitar las rentas utilizando el índice de precios oficial elaborado por el Ministerio y declarando temporalmente una zona como tensionada. Sugieren, por ejemplo, que las rentas del alquiler de una zona concreta no puedan superar el 30% de los ingresos medios de la población que allí reside.
La negociación ha pasado a convertirse en una batalla abierta por la terminología, y mientras que en el Ministerio ven con buenos ojos la regulación, en el socio minoritario se decantan por la limitación o acotación de las rentas, una medida que, defienden, está recogida en el acuerdo de Gobierno. En su vídeo de despedida, en el que Iglesias asegura que concentrará sus esfuerzos para que se “cumplan” varios “compromisos claves”, el todavía vicepresidente segundo parece referirse de forma inequívoca a esta limitación.
El acuerdo de Gobierno da pie a la interpretación hacia un lado o el otro al recoger que el objetivo de los índices de precios es que los gobiernos locales y regionales “que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.
Más allá de la regulación o limitación de las rentas, los dos socios también difieren a la hora de definir a los grandes propietarios de vivienda y fijar cuáles deben ser sus obligaciones respecto a la vivienda vacía o el parque de alquiler asequible. Unidas Podemos propone fijar el límite para considerar gran tenedor a partir de los cinco o más inmuebles, y pide forzar a estos propietarios a destinar el 30% de su stock a los alquileres por debajo del precio de mercado. La parte del PSOE parece más proclive a considerar como grande a un propietario a partir de la decena de casas, y se muestra más partidaria de la colaboración público-privada a la hora de engordar el parque de alquiler asequible.
En las últimas reuniones, celebradas hace dos semanas, los dos socios de Gobierno alcanzaron un principio de acuerdo en materia de desahucios, otro de los temas candentes. Las dos fuerzas aceptaron agilizar los trámites de comunicación a los servicios sociales y dilatar el proceso hasta tres meses en el caso de las familias vulnerables, así como ofrecer alternativas habitacionales a los afectados por el lanzamiento. Ese principio de pacto, que desde el ministerio de José Luis Ábalos calificaron de “fructífero”, ha sido el único hasta la fecha.
Retrasos
La negociación para sacar adelante la ley de vivienda ya partía con muchos retrasos antes del terremoto político desatado ayer tras el anuncio del vicepresidente Iglesias. En el pacto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a finales de octubre, el Gobierno se comprometió a tener listo en febrero el borrador de la norma. Sin embargo, las elecciones catalanas y las fuertes divergencias entre los dos socios fueron postergando el texto hasta convertir la amenaza del retraso en una realidad.
Antes de que Iglesias anunciase su posible candidatura a los comicios madrileños –pendiente del visto bueno de los inscritos de Unidas Podemos–, el Ejecutivo se fijó como nueva fecha la Semana Santa. Si todo marcha según lo previsto, el Gobierno debería llevar al Consejo de Ministros el texto en las próximas tres semanas.
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