Las diferencias en el seno del Gobierno retrasan al viernes la aprobación del plan de ayudas

El paquete de 11.000 millones se pospone a un Consejo de Ministros extraordinario

La prórroga de la moratoria concursal, que vence el domingo, también se aplaza

El Consejo de Ministros de la semana pasada.
El Consejo de Ministros de la semana pasada. EFE

El Gobierno ha trabajado contra el reloj para poder impulsar en el Consejo de Ministros de este martes el plan de refuerzo de la solvencia empresarial por 11.000 millones de euros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas en respuesta al clamor entre patronales y autoridades como el Banco de España sobre la necesidad de facilitar ayudas directas a las empresas para evitar una oleada de quiebras. Las diferencias de criterio que el plan ha generado entre los socios de coalición, sin embargo, han motivado el retraso in extremis de la medida, que se tratará de aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, según avanzaban en la noche del lunes a este diario fuentes gubernamentales. 

El plan diseñado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pasa por la creación de tres fondos: uno de ayudas directas; otro de reestructuración de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y un tercero, menor, de recapitalización de pymes. El pulso abierto se centra en el reparto de los recursos entre estas tres herramientas (Podemos pide más ayudas directas y Calviño se inclina por dar más peso a la reestructuración de deuda) y en la forma de distribuirlas entre las empresas (algo que Economía estudiaba delegar en las comunidades autónomas y los morados apuestan por controlar desde el Ejecutivo central).

Parte de la polémica se generó a finales de la semana pasada, después de que la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias trasladase a Economía una propuesta para que, de los 11.000 millones previstos, “al menos” 8.000 millones tuviesen forma de transferencias directas para las empresas golpeadas por la crisis, independientemente del sector en el que operasen. De esta forma, Unidas Podemos ve “crucial” desarrollar instrumentos similares a los desplegados por otros países del entorno comunitario, “más centrados en ayudas directas”, para que la reestructuración de las deudas del ICO tengan “un papel más secundario”, según el documento redactado por el departamento de Iglesias, al que ha tenido acceso este diario.

“La reestructuración de las deudas del ICO en muchas empresas va a resultar inevitable, pero convendría en este momento posponer el proceso de reestructuración hasta que se asiente la recuperación” para que estas ayudas no beneficien únicamente a aquellas empresas que optaron por endeudarse con los créditos, “que no son necesariamente las que ahora tienen más problemas de solvencia”, dice el texto. Unidas Podemos defiende también que las ayudas lleguen al conjunto del tejido productivo, al margen del sector en el que se encuentre cada empresa. A su vez, la condición para acceder a los fondos debe pasar por la comprobación de una caída drástica de la facturación durante 2020 en relación a 2019, de entre el 30% y el 40% como mínimo.

Según cálculos de la formación morada, estas ayudas podrían servir a las entidades beneficiarias a cubrir hasta el 80% de sus costes fijos. “Estas ayudas directas no deben orientarse a cubrir costes variables de las empresas, porque para eso ya se desarrollaron los ERTE”, añade el documento.

Para evitar “abusos y casos de mala utilización” de los fondos, la formación de Iglesias propone que el desembolso esté sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos de políticas públicas, siendo el principal el mantenimiento del “70%-80% del empleo en 2021 y 2022”. A este objetivo, sugiere Podemos, se le puede añadir también el compromiso de la empresa que reciba estas ayudas de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos.

“En caso de que estas condiciones no se cumplan, las ayudas serían reembolsables, también en caso de resultar sancionadas por la Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria o ser objeto, las empresas o sus responsables, de condena por delito económico o societario, por hechos acaecidos después del 28 de febrero de  2020”, recalca el texto.

Fuentes oficiales consultadas por Reuters, recoge Bloomberg, apuntaban el lunes a un reparto salomónico de 5.000 millones en ayudas directas, otros tanto para reestructurar deuda y 1.000 para recapitalización, si bien desde Economía pedían prudencia con las cifras hasta que se conozca el diseño definitivo del plan.

El Gobierno pospone también al viernes ampliar la moratoria concursal vigente desde abril, que concluye el domingo. Busca mantener en suspenso estos procedimientos hasta que el nuevo paquete de ayudas haga efecto –aminorando la oleada de quiebras– y el Ejecutivo esté listo para impulsar la reforma de la ley concursal que tiene pendiente al trasponer la directiva europea en la materia.  El código de buenas prácticas bancarias para rees­tructurar el crédito también se demora.

Los empresarios reclaman más ayudas directas

El Círculo de Empresarios pidió el lunes que las ayudas directas y no reembolsables a las empresas tengan más peso en el plan que ultima el Gobierno. El presidente de la organización, John de Zulueta, afirmó el lunes que ve una gran “descoordinación interna” en el Ejecutivo a la hora de diseñar estos paquetes y alertó de que solo una pequeña parte del plan “parece” que tendrá forma de transferencias directas y que la mayoría del monto irá en forma de deuda subordinada o préstamos. “España solo ha invertido un 3% del PIB en ayudas a empresas, una de las cifras menores de toda la Unión Europea”, recordó tras apuntar que esto sí que se ha echado en falta, porque “hay muchas empresas que han caído por el camino y muchas más que van a caer”.

En la misma línea se posicionó la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que temió que el plan que prepara el Ejecutivo sea “un parche en medio de una sangría”. Arrimadas cree necesario un fondo de al menos 9.000 millones de euros en ayudas, “no facilidades para pagar créditos ni medidas financieras”, y otros 6.000 millones para reestructuraciones de deuda, incluyendo también la contraída con Hacienda y la Seguridad Social. En total, propone, se deben destinar 15.000 millones.

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