El adelanto electoral anula un plan de rescate a pymes y familias de 1.000 millones

El calendario electoral complica impulsar unas nuevas cuentas públicas para 2021 El TSJM habilita el fin de semana para resolver el recurso de las elecciones en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Europa Press

El estruendo político del miércoles tendrá también relevantes ecos en el ámbito económico. La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, de romper con sus socios de coalición de Ciudadanos, después de que estos pactaran con el PSOE derribar al presidente popular de Murcia, y convocar elecciones anticipadas para el 4 de mayo hace decaer el proyecto presupuestario de 2021. Unas cuentas que incluían, por ejemplo, un plan de rescate a empresas y familias por 1.000 millones de euros.

El programa fue presentado en su día por el recién destituido vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y constaba de una dotación de 400 millones para asistir a familias y otros 600 millones para ayudar a compañías, pymes y autónomos.

Este último bloque incluía un paquete de ayudas directas de 235 millones, de los que 30 iban dirigidos al comercio, 35 a la industria y 85 a la restauración, la hostelería, el turismo y el sector de viajes, a razón de 30.000 euros por beneficiario, según detalló en su día a este diario el hasta ahora consejero de Economía, Manuel Giménez (Cs), a razón de 30.000 euros por firma beneficiaria. El objetivo del programa era salvar a 41.000 pymes y autónomos, preservar 100.000 puestos de trabajo, crear 12.000 nuevos y facilitar formación a 30.000 trabajadores.

El proyecto presupuestario, que andaba pendiente del visto bueno de Vox, al que Cs acusa de haber bloqueado su aprobación, decae ahora con la convocatoria electoral con pocos visos de resurgir. Después de todo, según el decreto de disolución de la Asamblea publicado ayer en el boletín oficial de la Comunidad, tras la campaña electoral que tendrá lugar del 18 de abril al 3 de mayo, tendrán lugar las elecciones autonómicas del 4 de mayo con miras a constituir la Cámara regional el 8 de junio.

Comenzará entonces el procedimiento para investir nuevo presidente y conformar Gobierno. El nuevo Ejecutivo, por tanto, se plantaría previsiblemente en la segunda mitad del año para presentar un nuevo Presupuesto para 2021, lo que deja en el aire que la región no vaya a continuar ya con las cuentas prorrogadas lo que resta de ejercicio.

Solo una mayoría absoluta en la Asamblea garantizaría cierta celeridad en el proceso y, dada la ruptura entre PP y Cs en Madrid todo parece indicar que cualquier fórmula resultante arrojará un Gabinete a favor de reescribir todo el plan presupuestario si se decide a abordarlo.

De momento, en todo caso, la convocatoria electoral deja al principal motor económico regional de España con pocas opciones de contar con unas cuentas públicas con las que amarrar la recuperación.

Rebaja del IRPF

Del resultado de las urnas dependerá también el futuro del plan de Ayuso de recortar medio punto cada tramo del impuesto sobre la renta, una promesa electoral aparcada por la pandemia pero que el PP aseguraba que cumpliría antes del fin de la legislatura.

Por el contrario, un cambio de signo en la Real Casa de Correos podría tender puentes con el plan del Gobierno central de reimpulsar el pago del impuesto de patrimonio en la región o de acatar una armonización fiscal autonómica al alza, dado que Madrid es una de las comunidades que mantiene más baja la presión fiscal y con más vigor bonifica los tributos que gestiona.

Todo eso, claro está, de seguir adelanto el adelanto electoral decretado por Ayuso, que este viernes quedó finalmente judicializado.

Recurso al TSJM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha habilitado el sábado y el domingo para la tramitación y resolución del recurso interpuesto por letrados de la Cámara regional contra el decreto con el que Isabel Díaz Ayuso acordó disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en la comunidad.

El TSJM ha recibido a las once de este viernes el recurso de la Mesa de la Asamblea de Madrid contra el adelanto electoral anunciado por la presidenta regional y debe decidir sobre las medidas cautelarísimas solicitadas contra la disolución de la Cámara.

La Mesa dio por disuelta la Asamblea en una reunión de urgencia celebrada el jueves, en la que decidió solicitar en su recurso medidas cautelarísimas sobre esa disolución. Mientras tanto toda la actividad parlamentaria queda suspendida y los acuerdos decaen, según explicaron fuentes parlamentarias. El recurso solicita medidas cautelares y cautelarísimas, estas últimas no recurribles y la decisión se conocerá previsiblemente este mismo fin de semana.

Ayuso pasará tres meses con la mitad de consejeros

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cesar a los seis consejeros de Ciudadanos del total de 13 del Gobierno de coalición se hizo oficial ayer con la publicación del decreto en el boletín oficial de la región, dejando sus carteras repartidas entre los otros siete consejeros del PP. El decreto, que también ordena el adelanto electoral al 4 de mayo, marca que la Asamblea de Madrid no volverá a constituirse hasta el 8 de junio, lo que implica que el Ejecutivo regional deberá sobrevivir al menos tres meses con la mitad de consejeros. Probablemente más, según lo que tarde luego en conformarse un nuevo Ejecutivo regional.

Hacienda asume Economía

En mitad de la pandemia y la crisis económica, carteras de gran complejidad quedan en manos de titulares de otras no menores, como es el caso de la de Economía, Empleo y Competitividad, manejada hasta ahora por Manuel Jiménez, que pasa ahora a manos de Javier Fernández-Lasquetty, que ya es responsable de Hacienda y Función Pública. También fueron cesados y repartidas sus áreas la vicepresidencia de Ignacio Aguado o los consejeros de Transportes, Movilidad e Infraestructuras; Turismo y Cultura; Ciencia, Universidades e Innovación; y Políticas Sociales., Familias, Igualdad y Natalidad. Paradójicamente, la petición de recorte de la administración regional era una de las exigencias de Vox para dar su apoyo al Presupuesto de 2021, y la capacidad del Gobierno regional de sobrevivir varios meses con la mitad de consejerías pondrá a prueba el número de carteras necesarias y la eficiencia o problemática que genera su fusión.