España necesita una política económica que no se focalice en resistir, sino en crecer

La salida de la crisis no es una mera cuestión de tiempo, sino de estímulos, flexibilización y reformas estructurales

Los esfuerzos por controlar la pandemia de Covid-19 han golpeado a la economía española en prácticamente todas sus vertientes y han abierto un profundo boquete en el mercado laboral, como consecuencia de un tejido empresarial paralizado tanto en sus sectores más productivos como en aquellos altamente intensivos en mano de obra y muy vulnerables frente a las medidas de restricción. Los últimos datos oficiales, conocidos ayer, dibujan una economía que soporta ya cuatro millones de parados y 1,3 millones de trabajadores con el empleo suspendido –tanto asalariados en ERTE como autónomos con prestación extraordinaria por cese de actividad– lo que devuelve a España a unos niveles de paro no vistos desde el año 2016. Aunque las estadísticas oficiales no contabilicen al trabajador en suspenso como desempleado, parte de los actuales expedientes temporales se transformarán en los próximos meses en expedientes de extinción. La suma de ambos colectivos arroja ahora mismo un saldo de 5,3 millones, entre parados y ocupados pasivos, lo que supone una tasa del 23%.

Pese a los variados análisis teóricos que se realizaron inicialmente sobre la supuesta curva que habría de seguir esta crisis, el Covid-19 ha terminado convirtiendo en papel mojado muchos de aquellos esquemas, como los que apostaban por una pronta e intensa recuperación en uve. La llegada de la tercera ola del Covid-19, sumada a la lentitud en las campañas de vacunación y a los interrogantes y conflictos generados por la producción de las vacunas, han oscurecido el horizonte de la recuperación y hacen obligado replantear seriamente la estrategia de reconstrucción de la economía. No es suficiente ya con resistir un chaparrón violento pero breve, sino que urge diseñar una política económica focalizada en el crecimiento, que no es una mera cuestión de tiempo, sino de estímulos, flexibilización y reformas estructurales.

La política de protección del tejido empresarial llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno, basada fundamentalmente en los ERTE y la financiación con líneas de crédito avaladas, ha sido fundamental en la primera etapa de la pandemia, cuando el principal objetivo era ayudar a las empresas a sobrevivir a la congelación obligada de la actividad. Esas medidas de apoyo siguen siendo necesarias, pero deben complementarse con una estrategia diseñada a facilitar la recuperación y a ayudar a las compañías solventes a volver poco a poco a su actividad. Como señaló ayer la Airef, los malos datos sobre el empleo y el consumo de energía pasarán factura al PIB de este primer trimestre. Se trata de un paso atrás en términos de crecimiento que un país en crisis no se puede permitir.