El Gobierno priorizará una rebaja fiscal a las pymes

El Consejo de Ministros aprueba las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que incluyen el impulso a los tributos verdes o el refuerzo impositivo sobre las grandes empresas

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, una agenda en la que marca sus principales prioridades para esta década y en la que, entre otros puntos, se incluye el compromiso de rebajar la carga impositiva sobre las pymes.

En concreto, el documento, de 140 páginas, incorpora el compromiso de ir “reduciendo el tiop de gravamen para las pymes”. El apunte parece reflejar la intención del Gobierno de coalición de retomar su plan tributario previo a la crisis que pasaba por rebajar del 25% al 23% el tipo de gravamen de Sociedades para pequeñas empresas, aquellas que facturen menos de un millón de euros.

Por el lado contrario, el plan pasa por impulsar una reforma tributaria integral “garantizando la tributación de las grandes empresas”, lo que apunta a reimpulsar otra de las premisas precrisis del Ejecutivo: fijar un tipo mínimo de Sociedades del 15% (18% en el caso de banca y petroleras) para que las grandes corporaciones no acaben pagando una cuantía inferior aplicando ventajas fiscales que permiten aminorar el tipo general del 25% (30% para banca y petroleras).

El texto también apunta a la necesidad de “impulsar una reforma fiscal que contribuya a la recuperación económica y a la creación de empleo, logrando un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y eficiente y con una mayor suficiencia recaudatoria”.

Contratos laborales y adjudicaciones públicas

En este sentido, también insiste en la idea de “adaptar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI, profundizando en el diseño de una fiscalidad verde, incluyendo la perspectiva de género” y reforzando “la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, y de fomento de la participación de las pymes en las licitaciones públicas, como garantía de distribución equitativa de los recursos públicos”.

Más allá, en el ámbito laboral, el documento defiende que "el contrato indefinido con un adecuado nivel de protección debe ser, a diferencia de lo que hoy sucede, el instrumento principal para la contratación en nuestro país".

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