Los sindicatos piden al Gobierno que regule los alquileres y vete los desahucios a hogares vulnerables

CC OO, UGT, CGT, los sindicatos de inquilinos y la PAH lanzan un manifiesto el día en el que se retoman las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos

Los grandes sindicatos de España y decenas de organizaciones del ámbito civil han lanzado este jueves un manifiesto conjunto en el que piden al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que la próxima Ley estatal de vivienda, cuyas negociaciones se retoman hoy tras más de una semana en pausa, regule el precio del alquiler, prohíba los desahucios a familias vulnerables o aumente el parque público de vivienda sustancialmente en dos décadas, desde el 2,5% actual hasta el 20%.

Las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la secretaría de Estado de Agenda 2030 se pusieron en barbecho a comienzos de este mes de febrero para retomarse tras las elecciones catalanas. El calendario fijado en octubre entre los dos socios de Gobierno establecía que el texto debería llegar al Consejo de Ministros en tres meses para pasar un mes después al Congreso. Sin embargo, las fuertes discrepancias entre las dos formaciones han ido retrasando la negociación y, por ello, los plazos.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda por parte de Mitma, David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, retoman este jueves unas conversaciones que ya van a contrarreloj. De hecho, solo queda un Consejo de Ministros para que termine el mes de febrero, y fuentes del Gobierno no descartan que pueda haber nuevos retrasos.  

Limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, qué fórmulas utilizar para movilizar vivienda vacía hacia el mercado del arrendamiento asequible, la prohibición de los desahucios a hogares vulnerables o la definición de gran propietario, entre otros puntos, son los grandes frentes que hay sobre la mesa.

"Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio", recoge el comunicado conjunto que firman, entre otros, Comisiones Obreras (CC OO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT), los Sindicatos de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental".

La próxima ley, reclaman, "debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo". Para ello, entre otras medidas, las organizaciones firmantes solicitan un mecanismo para regular el precio de los alquileres y adecuarlos a los salarios de la población en cada zona del territorio, así como modificar la ley de arrendamientos urbanos "para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país".

En el manifiesto también exigen ampliar las dotaciones presupuestarias para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, "destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal". Para ello, sugieren hacer uso de una parte de los fondos europeos.

A su vez, reclaman "garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna, garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios".