Golpe a las plataformas digitales en Italia: 60.000 repartidores regularizados y 700 millones de multa
Bruselas empieza a negociar con patronal y sindicatos una regulación europea para todo tipo de plataformas que esté lista a final de año
La Justicia italiana ha obligado hoy a las plataformas de entrega a domicilio Glovo, JustEat y Deliveroo y Uber Eats a que regularicen como asalariados a 60.000 repartidores -los conocidos como "riders"- y les ha multado con el pago de 700 millones de euros. Estas empresas tienen ahora 90 días para cumplir con la ley y si lo hacen podrán reducir en un cuarto el monto de la sanción.
La Fiscalía de Milán ha realizado una exhaustiva investigación que tiene en el punto de mira a seis personas, entre directores ejecutivos, representantes legales o responsables de la seguridad de las mencionadas cuatro empresas.
La investigación ha sacado a la luz las precarias condiciones en las que trabajan estos repartidores, que son obligados a trabajar como autónomos, aunque deberían tener un contrato con condiciones detalladas de seguridad, formación, vestimenta y horarios adecuados, por parte de las empresas que los utilizan.
Esta noticia se ha conocido el mismo día en el que la Comisión Europea (CE) ha pesto marcha las negociaciones con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales en la Unión Europea (UE) y con el objetivo proponer una regulación comunitaria hacia finales de este año.
"El trabajo en plataformas está aquí para quedarse y tenemos que ver cómo podemos mejorar las condiciones (...).La clave es encontrar un equilibrio entre aprovechar al máximo las oportunidades de la economía de las plataformas y asegurar que los derechos sociales de los trabajadores son los mismos que en la economía tradicional", ha dicho hoy en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager.
En Europa, un 11% de los trabajadores (24 millones) ha trabajado al menos una vez a través de una de estas plataformas, aunque solo un 1,4% lo tiene como ocupación principal, y a nivel mundial el mercado ha crecido un 30% en dos últimos años y se espera que la tendencia "exponencial" continúe, según Bruselas.
La pandemia ha acelerado el uso de estas plataformas digitales, que conectan a los usuarios con proveedores individuales de servicios -viajes en coche, entregas de comida a domicilio o traducciones, entre muchos otros- y cuyos exponentes más conocidos son Uber, Deliveroo o Airbnb, aunque existen decenas de firmas de todo tamaño.
El Ejecutivo comunitario reconoce que éstas ofrecen nuevas oportunidades de empleo, facilitando el acceso al mercado laboral o proporcionando flexibilidad, pero destaca que se caracterizan con frecuencia por condiciones laborales precarias, como contratos poco predecibles, insuficiente a
protección social o problemas de seguridad laboral.
"La gente que trabaja en plataformas está en riesgo de quedarse sin ingresos y no siempre son elegibles para las ayudas nacionales en caso de confinamiento, e incluso los que han trabajado a veces tienen malas condiciones, con largas jornadas, poca o ninguna protección si enferman, sin esquemas de pensiones o acceso a formación", dijo Vestager.
Por el lado empresarial, se trata, además, de garantizar una competencia justa entre estas plataformas y las empresas tradicionales, añadió.
En concreto, la Comisión considera que podrían necesitarse mejoras en la definición del estatuto de estos trabajadores, en las condiciones laborales, en el acceso a protección social, en la posibilidad de participar en la negociación colectiva, o en cuanto a la gestión de los algoritmos que usan las plataformas, tema ligado a la protección de la privacidad.
El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, destacó que identificar si estos trabajadores son autónomos o empleados es "una cuestión crucial" y nada fácil, puesto que no existe una repuesta única por parte de las propias plataformas ni de los tribunales europeos que se han pronunciado hasta el momento.
Mientras en España se sentenció que los "riders" de Glovo son empleados y en Francia se atribuyó este mismo estatus para los conductores de Uber, en Bélgica la justicia consideró que estos últimos eran autónomos, mientras que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema es limitada, señala el texto de la consulta.
Seis semanas para negociar
Esta primera consulta con los agentes sociales durará seis semanas y se centrará en ver qué dirección debería tomar la propuesta legislativa de la Comisión, mientras que después se abrirá una segunda fase para discutir el contenido concreto de la misma.
Los sindicatos llevan tiempo reclamando mejoras para los trabajadores de las plataformas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo ayer un nuevo llamamiento a "dignificar" este tipo de trabajo.