Celsa se enfrenta a sus acreedores en los tribunales el 12 de marzo
La familia Rubiralta y los dueños de la deuda tendrán una vista en la que se debatirá el levantamiento de cautelares sobre 650 millones de un bono convertible
La batalla judicial continúa en Celsa. La empresa siderúrgica con sede en Castellbisbal (Barcelona) tiene una vista el próximo 12 de marzo en un juzgado, según ha publicado Bloomberg. En ella se debatirá el levantamiento de las medidas cautelares sobre un bono convertible, por unos 650 millones, al margen del préstamo de 1.500 millones que firmó la empresa con los bancos en octubre de 2017. La mayor parte de estos han vendido ya el pasivo, ahora mayoritariamente en manos de hedge funds.
Celsa mantiene contactos con sus acreedores, según fuentes conocedoras de las negociaciones, pero no ha llegado a ningún acuerdo con ellos para poner solución a su situación financiera. Los dueños de la empresa, la familia Rubiralta-Rubió, esperan que el fondo de rescate de la SEPI responda a su petición ante de tomar ninguna decisión. Mientras, han acudido a los tribunales para frenar el pago de los intereses y del capital pactado en la refinanciación firmadada a finales de 2017.
De la mano de Cortés Abogados, Celsa fue solicitando medidas cautelares en diferentes juzgados para no tener que pagar ni los intereses del crédito firmado en 2017 por 900 millones ni amortizar una parte de este, como se pactó hace poco más de tres años. Lo consiguieron en abril del año pasado y la estrategia surtió efecto hasta mediados de enero, cuando un juzgado retiró las cautelares. Celsa, sin embargo, ha recurrido esta decisión.
El próximo 12 de marzo se dilucidarán si el blindaje ante pagos de deuda del convertible deben ser revocadas. Las fuentes judiciales consultadas prevén que la decisión no se tome de inmediato, sino que se vincule a la resolución de una vez y para siempre de las cautelares del tramo, cuyo levantamiento ha vuelto a ser recurrido por Celsa.
La salvación está en la SEPI. Celsa espera llegar a un acuerdo rápido con la sociedad que depende del Ministerio de Hacienda y, después, confía en llegar a un entendimiento con los fondos, según fuentes conocedoras de la situación. Estas fuentes señalan, en todo caso, que desde la compañía siempre han mantenido conversaciones con los hedge funds.
Los Rubiralta no quieren ni oír hablar de perder el control. La familia catalana da por hecho que los acreedores renunciarán a la metamorfosis en capital de la deuda. En el manual de instrucciones del fondo de la SEPI no consta explícitamente que la empresa deba ser de capital español, aunque sí que su sede esté en el país y que sea estratégica. Celsa desarrolla su actividad industrial también en otros siete países.
La eventual entrada de la SEPI también está condicionada a que sea absolutamente necesaria su intervención para que la empresa pueda seguir operando. El desembarco en el capital de los fondos en Celsa, que reduciría de manera instantánea su pasivo en hasta 1.500 millones, e iría aparejado de una inyección de liquidez, daría argumentos a la sociedad estatal para ahorrarse el dineor que tendría que desembolsar. Al mismo tiempo, sin el fondo de rescate, el esfuerzo de los hedge funds por sacar adelante la empresa sería notablemente más complejo. Y el riesgo para la viabilidad, por lo tanto, superior.
Celsa facturó en 2019, año en el que ya arrastraba serios problemas financieros, 4.120 millones. Pero no puede hacer frente a sus deudas. Los propietarios, la familia Rubiralta-Rubió, se han enfrentado judicialmente a sus acreedores. Consideran que la SEPI los protege de que estos conviertan su pasivo en capital, según fuentes financieras.
