La familia Rubiralta desafía a los ‘hedge funds’ a capitalizar la deuda de Celsa
Confía en que los acreedores no pondrán en riesgo el rescate público; la familia espera llegar a un acuerdo rápido con la SEPI
Celsa es un gigante con pies de barro. La empresa siderúrgica con sede en Castellbisbal (Barcelona) facturó en 2019, año en el que ya arrastraba serios problemas financieros, 4.120 millones. Pero no puede hacer frente a sus deudas. Los propietarios, la familia Rubiralta-Rubió, se han enfrentado judicialmente a sus acreedores. Consideran que la SEPI los protege de que estos conviertan su pasivo en capital, según fuentes financieras.
Los hedge funds que han comprado la deuda de la matriz de Celsa, con unos 1.500 millones renegociados en el último trimestre de 2017 con los bancos, que después han ido vendiendo casi por completo –el único que ostenta una posición significativa es Deutsche Bank–, tienen un convertible por 600 millones. Y también pueden canjear por capital los 900 millones restantes, al estar garantizados por acciones. Pero la familia catalana considera que ese riesgo es casi inexistente. Afirman que la españolidad es clave para que el fondo de rescate estatal intervenga, por lo que la entrada de fondos gestionados por CVC, Cross Ocean, Apollo, Goldentree o Scuptor pondría en riesgo la operación de salvamento, según fuentes financieras.
Celsa solicitó la ayuda de la SEPI por 350 millones a inicios de diciembre. Los acreedores ya tenían constancia de que la familia estaba dispuesta a dar la batalla por el control de la compañía hasta el final. De la mano de Cortés Abogados, fue solicitando medidas cautelares en diferentes juzgados para no tener que pagar ni los intereses del crédito firmado en 2017 por 900 millones ni amortizar una parte de este, como se pactó hace poco más de tres años. Lo consiguieron en abril y la estrategia surtió efecto hasta la semana pasada, cuando un juzgado retiró las cautelares, como publicó El Confidencial el 13 de enero.
Todavía están vigentes las medidas que desactivan los pagos de la deuda convertible, pero las fuentes financieras consultadas avisan de que corren el mismo destino que las que estaban vivas sobre el otro crédito. La salvación está en la SEPI. Celsa espera llegar a un acuerdo rápido con la sociedad que depende del Ministerio de Hacienda y, después, confía en llegar a un entendimiento con los fondos, según fuentes conocedoras de la situación. Estas fuentes señalan, en todo caso, que desde la compañía siempre han mantenido conversaciones con los hedge funds.
Sacudirse 1.500 millones
Los Rubiralta no quieren ni oír hablar de perder el control. La familia catalana da por hecho que los acreedores renunciarán a la metamorfosis en capital de la deuda. En el manual de instrucciones del fondo de la SEPI no consta explícitamente que la empresa deba ser de capital español, aunque sí que su sede esté en el país y que sea estratégica. Celsa desarrolla su actividad industrial también en otros siete países.
La eventual entrada de la SEPI también está condicionada a que sea absolutamente necesaria su intervención para que la empresa pueda seguir operando. El desembarco en el capital de los fondos en Celsa, que reduciría de manera instantánea su pasivo en hasta 1.500 millones, e iría aparejado de una inyección de liquidez, daría argumentos a la sociedad estatal para ahorrarse los 350 millones que tendría que desembolsar. Al mismo tiempo, sin el fondo de rescate, el esfuerzo de los hedge funds por sacar adelante la empresa sería notablemente más complejo. Y el riesgo para la viabilidad, por lo tanto, superior.
De entrada, el montante que la empresa ha de entregar a sus acreedores de manera inminente ronda los 180 millones. La tabla de salvación de corto plazo es la inmediata intervención de la SEPI. Mientras, los acreedores, asesorados por Houlihan Lokey, Gómez-Acebo o Linklaters, entre otros, esperan que los dueños busquen una solución, en la que, sí, lo más recomendable sería que participara la SEPI.
Hasta las existencias están en prenda
Garantías. La matriz del grupo tiene como garantías del crédito prácticamente todas las acciones en manos de los Rubiralta, así como inmuebles y existencias, según el acuerdo firmado en la recta final de 2017. La liquidez de la empresa para seguir operando está en entredicho, y el vencimiento del contrato de refinanciación vence en noviembre de 2022. La plantilla del grupo suma unos 10.000 trabajadores –unos 3.400 forman su fuerza de trabajo con contrato fijo en España, según el auto sobre las medidas cautelares del pasado 30 de abril– y este número desborda los 33.000 si se computan los empleos indirectos, según explica la propia Celsa.
