El auditor alerta a Riu de nuevos pasivos fiscales entre 2015 y 2017

La hotelera está siendo investigada por tributar ingresos en Irlanda y no en la matriz

Luis y Carmen Riu, consejeros delegados de Riu
Luis y Carmen Riu, consejeros delegados de Riu

La hotelera balear Riu vuelve a estar en el punto de mira de Hacienda. La baja tributación de Irlanda ha atraído a un ingente número de empresas que se quieren beneficiar de unos impuestos más bajos. Ese trasvase de compañías en busca de una menor factura fiscal agudizó la labor inspectora de la Agencia Tributaria, que analizó los movimientos de cientos de empresas. Y una de las afectadas fue la hotelera balear Riu, que a principios de 2017 pactó con el fisco el pago de 77 millones (un principal de 67,8 millones de euros y unos intereses de demora de 9,1 millones) por la incorrecta tributación del impuesto de sociedades de la filial Stiva General Partnership, radicada en Irlanda, entre 2011 y 2014.

La labor inspectora, que arrancó en 2016, consideró que las actividades que más valor aportaban a la citada filial, dedicada a la comercialización de estancias en hoteles del Caribe y África, las realizaba la sociedad dominante, por lo que la mayoría de beneficios obtenidos deberían haber tributado en España, con independencia del hecho de que ya lo hubieran hecho en Irlanda. Una vez pagada la sanción, Riu abrió un procedimiento, al amparo del convenio europeo relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, conocido como Mutual Agreement Procedure (MAP), con el objetivo de recuperar el exceso de impuestos abonado. Además de los 77 millones, abonó otros 9,6 millones en Irlanda. El MAP es un mecanismo de solución de conflictos entre dos administraciones tributarias cuando se produce una doble imposición para dilucidar cuál es la jurisdicción fiscal en la que tiene que tributar el impuesto de sociedades y cuánto dinero se le debe devolver.

Ahora, la hotelera podría enfrentarse a otro posible pago. La resolución del recurso, que se interpuso en marzo de 2019, podría producirse en la segunda mitad de 2021 y traer malas noticias a la compañía. Las cuentas consolidas de la firma, correspondientes a 2019 y depositadas recientemente en el Registro Mercantil, recogen una opinión con salvedades de PwC, la auditora, a este respecto. "Como consecuencia de dichas actas [las firmadas para liquidar el contencioso anterior por las declaraciones entre 2011 y 2014] , de la complejidad de la normativa en materia de precios de transferencia y de la imposibilidad de estimar el resultado del acuerdo que se alcanzará entre las administraciones tributarias de España e Irlanda y su incidencia en los ejercicios abiertos a inspección, existe una evidencia de un pasivo fiscal correspondiente a los ejercicios abiertos a inspección [de 2015 a 2017] cuyo importe no es susceptible de cuantificación objetiva". Pese a ello, los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales consolidadas.

En ellas se recoge que la compañía abonó en España 49,8 millones de euros por impuesto de sociedades en 2018 y otros 54,3 millones en 2019. Los resultados en el último año antes del coronavirus mostraron una posición saneada, con un ebitda de 213 millones y una posición saneada con un endeudamiento de apenas 0,8 veces ebitda. El valor de los activos de Riu se elevó a 1.443 millones.

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