El nuevo Govern encara el reto de levantar una de las economías más castigadas por el Covid

Cataluña cerró 2020 con una caída del 11,4%, peor que la media española

La crisis sanitaria y económica del coronavirus ha puesto el remache final a la debacle económica iniciada en Cataluña tras el procés soberanista de octubre de 2017. El nuevo Gobierno que salga de las elecciones celebradas ayer tendrá la difícil tarea, común al resto de Ejecutivos autonómicos, de levantar la economía regional tras el golpe de la pandemia. Pero también el reto, esta vez único y adicional, de intentar volver a situar a la Generalitat como motor económico de España tras el sostenido sorpasso logrado por la Comunidad de Madrid, que según las estimaciones preliminares cerrará el año 2020, indudablemente marcado por la pandemia, como la principal economía del país, como ya hizo un ejercicio antes.

Tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la activación del artículo 155 de la Constitución –que dio paso a los comicios autonómicos de aquel diciembre–, al barullo político le acompañó una sensación de inseguridad jurídica que se tradujo en una relevante fuga empresarial y, con el tiempo, en un lastre para la economía. Esta mantuvo aún buen ritmo en el inicio de la legislatura. El PIB catalán creció un 3,4% en 2017, cuatro décimas por encima del nacional. A partir de ahí, se desaceleró al 2,6% en 2018 y al 2% en 2019, en línea ya con lo que sucedía en el resto del Estado, según los datos oficiales.

Todo esto, además, teniendo presente que la Generalitat tuvo que funcionar buena parte de la ya de por sí convulsa legislatura con los Presupuestos de 2017, aprobados en marzo de aquel año, y que cuando por fin consiguió sacar adelante las nuevas cuentas públicas, a comienzos de 2020, se encontró con una coyuntura impredecible debido a la crisis sanitaria que acababa de estallar, convirtiendo los nuevos Presupuestos en papel mojado.

El golpe del coronavirus ha herido de muerte a una economía fuertemente dependiente del turismo, los servicios y las exportaciones, que ha aguantado mínimamente el tirón gracias al peso de la agricultura y, sobre todo, la industria en el conjunto del PIB regional.

Aunque todavía no se conoce oficialmente cuánto se desplomó exactamente la economía catalana durante el año de la pandemia –el Govern y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) calculan que el batacazo se situará en torno al -11,4%–, sí que hay estimaciones de diferentes analistas que cifran el hundimiento entre el -11% y el -14%. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) proyecta la caída en torno al -13,5% y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo hace en el -11,6%. En los tres casos, previsiblemente, los retrocesos serían mayores que la del PIB nacional, que fue del -11%.

El departamento de estadística catalán avanzó que en el último trimestre del año pasado la economía de la región cayó un 9,6% interanual, un dato también peor que el de la media española (-9,1%). Además, a diferencia del conjunto del Estado, que en el cuarto trimestre registró un alza del 0,4% respecto al verano, en Cataluña la actividad se vio mucho más afectada por la crisis y las restricciones hasta descender un 0,5% con respecto a los meses estivales, según los datos del Idescat.

Debido a las restricciones de movilidad, la región, que suele acumular uno de cada cuatro euros que deja el turismo en todo el país, ha perdido una de sus grandes bazas. Tampoco son muy halagüeñas las previsiones de las exportaciones para una economía fuertemente dependiente del intercambio de bienes. Tras los crecimientos anuales del 7,3% en 2017, el 2,8% un año después y el 3,4% en 2019, el ejercicio pasado cerró con un hundimiento en las exportaciones próximo al -11,6%, según los datos de Estadística.

En esta línea, si se cumplen las proyecciones dibujadas recientemente por la Airef, Cataluña será de las pocas comunidades autónomas en cerrar el otoño con un retroceso interanual peor que el del conjunto del país, junto a los dos archipiélagos y, en menor medida, la Comunidad Valenciana.

En el terreno laboral, y pese a que el mercado del trabajo se ha comportado tradicionalmente mejor en Cataluña que en el conjunto del país, el nuevo Gobierno se enfrentará a una tesitura en la que la crisis del Covid destruyó durante 2020 unos 137.600 empleos en la región. El número de parados, a su vez, ha aumentado en 132.100 personas hasta casi el medio millón, lo que redunda en una tasa de paro del 13,87%.

Entre las grandes incógnitas en materia laboral, el nuevo Govern deberá tener en cuenta a los cerca de 175.000 catalanes sujetos actualmente a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y, a su vez, al cierre de las plantas catalanas de Nissan, entre ellas la de la Zona Franca, un movimiento que afectará directamente a 2.500 puestos de trabajo y, de rebote, a varios cientos más.

En esta situación, el nuevo Govern deberá tratar de aprobar unos Presupuestos adaptados al nuevo escenario de crisis y seguir invirtiendo recursos tanto en gasto sanitario como en ayudas para los sectores más afectados. Presión por parte de Foment del Treball Nacional, la patronal catalana, no falta. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a lo largo de las últimas semanas “medidas urgentes” para que “miles de empresarios no se vean abocados al cierre de negocios”. También solicita un escenario fiscal “más atractivo”, pide que se inyecten 50.000 millones de euros a los sectores más expuestos, y reclama que las Administraciones se endeuden para hacer frente a la crisis económica.

Por contextualizar, a lo largo de la legislatura que termina, la Generalitat ha logrado levantar el control financiero adicional que el Estado aplicaba sobre sus finanzas desde 2015, si bien sigue adherida al Fondo de Facilidad Financiera y continúa dependiendo en gran medida del Estado, que ya controla casi el 80% de su deuda. A su vez, los niveles de endeudamiento se han disparado por la crisis sanitaria a cotas récord que rozan el 36% en términos de PIB, algo más de 78.000 millones de euros, según los últimos datos a cierre del tercer trimestre de 2020. Por su parte, el déficit regional ha aguantado ligeramente el embiste de la crisis, y cerró en noviembre en el 0,34%. Y eso pese a tener una de las presiones fiscales más altas del país.

Fuga empresarial

La fuga de empresas que se inició tras el referéndum soberanista de 2017, con una sangría de más de 3.000 solicitudes de traslado hasta diciembre del mismo año, ha continuado a lo largo de la legislatura. Según los datos de traslados de sede social confirmados entre las diversas autonomías, proporcionados por el Colegio de Registradores, Cataluña ha perdido desde 2018 cerca de 4.500 compañías, a las que habría que sumar las operaciones que están todavía en proceso o en trámite. Destaca, tras el parón ocasionado por los meses de confinamiento, el repunte registrado en el último trimestre de 2020, con un total de 666 marchas. Del total, más de 2.000 han ido a parar a la Comunidad de Madrid. Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Andalucía y País Vasco también acumulan varios cientos de mudanzas. Entre las grandes pérdidas se encuentran dos grandes grupos financieros, CaixaBank y Sabadell, y Naturgy. Son muy pocos los que, como Agbar, retomaron el camino de vuelta.

Fondos europeos

Uno de los grandes retos que tendrá el nuevo Govern pasará por la correcta absorción y gestión de los fondos europeos. En este terreno, Cataluña será una de las comunidades protagonistas, tanto en el reparto regional que el Gobierno ha previsto principalmente para sufragar gastos de índole social, como la educación o la sanidad, como en la distribución definitiva del dinero pensado para sufragar inversiones y reformas, cuyos planes y proyectos continúan diseñándose y analizándose. El plan delineado por la Comisión Europea, por el que los desembolsos se prolongarán hasta el año 2026 –con dos pagos por ejercicio– abarcará por ello la totalidad de la nueva legislatura.

El reparto de los primeros 10.000 millones de euros, oficializado a finales de 2020 por el Ministerio de Hacienda, reserva para Cataluña unos 1.706 millones, el 17,1% de todo el montante. Con esta cifra, destinada “a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos”, explica el departamento que dirige María Jesús Montero, Cataluña se afianza como la segunda región de España que más fondos recibirá, solo por detrás de Andalucía (18,8%) y muy por delante de Madrid (12,8%).

La cifra, pese a ser la segunda mayor de España, queda lejos de los más de 4.600 millones que el Govern saliente calcula que se necesitarán para poder sufragar todos los estragos causados por la crisis.

En lo relativo al reparto del resto del fondo comunitario, por el que España recibirá en torno a 80.000 millones de euros en transferencias directas, los esbozos preliminares también sitúan a Cataluña como una de las regiones pun­teras.

Por ahora, según las propuestas seleccionadas por el anterior Govern de ­JxCat y ERC, Cataluña aspira a captar 41.000 millones de los fondos Next Generation UE para la recuperación económica con un total de 27 proyectos identificados por la Generalitat, que deberán recibir posteriormente el visto bueno por parte del Gobierno central.

Uno de los más ambiciosos, según explicó la Generalitat hace dos semanas, es el proyecto Carbon Recovery, que plantea “aglutinar las iniciativas entorno a la sostenibilidad y la descarbonización en Cataluña”. En él participarían Suez, Naturgy Group o Holaluz, entre otras compañías, con un presupuesto de casi 7.300 millones de euros. Otro es el Hydrogen Valley of Catalonia, que aspira a aglutinar las iniciativas en torno al hidrógeno verde en Cataluña y a captar para ello otros 6.555 millones.