El puente aéreo que une la gobernabilidad de España y de Cataluña
La clave la tiene ERC, que puede formar tripartito independentista o autonomista Otro Govern como el actual dificultaría la vida en Madrid
Las elecciones autonómicas catalanas tienen la doble virtud de decidir quién gobierna en Cataluña y quien gobierna en España. El voto de los diputados nacionalistas catalanes en el Congreso de los Diputados ha condicionado en muchas ocasiones la composición de las mayorías desde 1977, tanto con Administraciones socialistas como conservadoras. Y en este caso, desde el planteamiento abiertamente secesionista encarnado por Esquerra Republicana de Catalunya, el nacionalismo catalán viene advirtiendo al presidente del Gobierno desde su investidura de hace poco más de un año de que existirá legislatura, o no, solo si ellos lo deciden; que tienen la gobernabilidad de España en sus manos, dicho llanamente.
El intento no disimulado tanto por parte del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y PSOE como de ERC de replicar el modelo de colaboración parlamentaria de España en el Parlamento de Cataluña depende ahora del algoritmo electoral. Pero solo será posible si ERC mantiene su intención, nunca publicada pero nunca ocultada, de gobernar con el PSC de Salvador Illa y con la muleta de los Comunes.
Su comportamiento en campaña, el de ERC, ha sido errático, pero incluso en la carrera por demostrar más sangre independentista ha llegado a suscribir un acuerdo con todos los partidos independentistas que le compromete a descartar todo pacto de gobierno con el PSC. No obstante, como se trata de un acuerdo firmado en campaña, debemos interpretarlo como un acto de campaña, puramente electoral, que no necesariamente obliga a quien lo rubrica en estos tiempos de la política líquida.
Tal como han hablado las urnas, en unas elecciones condicionadas por la pandemia y con elevadísimos niveles de abstención activa, el pacto tripartito espejo del de Madrid es posible, pero da la impresión de que solo si la cesión del PSC llega hasta el punto de renunciar a la presidencia de la Generalitat en favor de ERC, pese a haber sido el partido más votado. Tal cesión puede ser un mal menor tanto para España como para Cataluña.
Un Gobierno integrado por los socialistas en Barcelona, aunque sea presidido por Pere Aragonès, tendrá que volcarse en una gestión autonomista renovada, y descartar la vía independentista de los últimos años. Y tal modelo garantiza a Sánchez su permanencia en Moncloa hasta el final de la legislatura. Seguramente la presión para diseñar un calendario político que revise la relación institucional de Cataluña en España vendría del tercer socio, que ya practica la heterodoxia también en el Gobierno de la nación de manera reiterada.
Bueno para todos
En el caso de España puede garantizar longevidad al Ejecutivo. Pero en referencia a Cataluña puede tratarse de la mejor manera de volver la vista a los problemas reales de la región, y no de los generados por los políticos. Cataluña ha sido una de las regiones más castigadas por la pandemia sanitaria, que ha unido sus devastadores estragos a los que el propio procés independentista había ocasionado. Desde que la maquinaria secesionista se puso en marcha, han abandonado la región cerca de 5.000 empresas, y el retroceso relativo de la renta de los catalanes no ha parado, en el que ha mediado el simbólico sorpasso de la economía de Madrid en el ínterin.
Si la ecuación de tercer grado se resuelve y despeja las incógnitas a favor de los partidos independentistas y se reedita el Gobierno actual, presidido por ERC o por el partido de Carles Puigdemont, habrá que prepararse para una vuelta de tuerca al procés, que sería el peor de los paisajes para España y para Cataluña.
En ese escenario, la presión sobre la gobernabilidad del país sería muy intensa, con demandas tan conocidas como descabelladas por parte de la Generalitat, que serían siempre facturas a pagar para que el Gobierno de coalición PSOE-UP con la muleta de ERC y PNV siguiera vivo. Las demandas, además, podrían contar con el respaldo explícito de la parte heterodoxa del Ejecutivo, que abiertamente defiende el derecho a decidir de los pueblos y un diseño territorial como el que acunó la Segunda República.
Con tal paisaje, la legislatura encallaría, y el Gobierno tendría que reptar el máximo tiempo posible con la única herramienta ya sancionada que puede sostenerlo, que es la ley de Presupuestos de este año.
Calendario poselectoral
Hasta marzo. Tras las elecciones catalanas de este 14F, se deberá constituir el Parlament en las próximas semanas e investir al nuevo presidente catalán a finales de marzo como muy tarde, aunque, en caso de no haber mayoría para ello, Cataluña se vería abocada a una repetición electoral en julio.
Constitución. El Parlament debe constituirse dentro de los 20 días hábiles posteriores a los comicios, lo que significa como límite el 12 de marzo. Ese día, los 135 diputados elegirán al presidente del Parlament.
Investidura. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la constitución de la Cámara, se celebrará el pleno de investidura, que, si se agotan los plazos, sería como muy tarde el 26 de marzo. Ese día, el presidente de la cámara propondrá a un candidato a la investidura de entre los 135 diputados. Previamente habrá sondeado quién podría reunir la mayoría (68 diputados) para ser investido. Si el candidato no alcanza esa cifra, se sometería dos días después a una segunda votación, en la que bastarían más votos a favor que en contra.
Nuevos comicios. Si no se logra la investidura, se abre un plazo de dos meses –desde la primera votación fallida– para intentar desbloquearla. En caso de no conseguirse, el 26 de mayo, como muy tarde, se disolvería automáticamente el Parlament y habría elecciones en 54 días, es decir, alrededor de mediados de julio.