Guindos asegura que condonar deuda pública es "ilegal" y no tiene sentido
Critica la falta de miras de algunos gobiernos excesivamente centrados en los efectos a corto plazo y no en el medio plazo
La propuesta de que el BCE condone la deuda pública que tiene en cartera como vía para aliviar las finanzas de los estados miembros ha sido rechazada de forma contundente por la autoridad monetaria europea. La idea ha sido publicada en una carta abierta encabezada por el economista francés Thomas Piketty, a la que se han adherido numerosos académicos y figuras políticas como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.
El endeudamiento masivo por parte de los gobiernos, sostenido por el programa extraordinario de compras de deuda del BCE, está siendo la respuesta a la grave crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. En el caso de España, el BCE atesora ya el 25% de la deuda soberana en circulación. Pero la idea de que el banco central pudiera cancelar su deuda en balance, en todo caso, es ilegal y carente de sentido, según el vicepresidente del BCE y ex vicepresidente del Gobierno, Luis de Guindos. "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto", ha afirmado el exministro español de Economía y Competitividad durante su intervención en un acto organizado por LSESU German Society.
El artículo 123 del tratado de la UE establece que “queda prohibida la autorización de descubiertos o cualquier otro tipo de crédito del BCE o en los bancos centrales de los Estados miembros en favor de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras autoridades públicas". A cause de este artículo, en 2012 el BCE no participó en la reestructuración de la deuda griega, puesto que la quita propuesta se entendía como financiación al gobierno (el BCE canjeó los bonos que tenía por otros nuevos no afectados por el canje).
Este mismo artículo fue esgrimido por un grupo de académicos y políticos alemanes para denunciar ante el Tribunal Constitucional alemán las compras de deuda por parte del banco, en una sentencia ambigua que amagó con provocar un choque de jurisdicciones entre Alemania y la UE.
Guindos, en todo caso, ha abundado en los efectos económicos. Según el vicepresidente, el BCE en este contexto el BCE tendría dificultades para mantener los dividendos que paga a los tesoros nacional es a cuenta de sus beneficios. Así, señala, a corto plazo la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación. "Este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada", ha advertido Guindos.
En 2019 el BCE obtuvo un beneficio de 2.400 millones de euros, que revertió a los bancos centrales nacionales en función del porcentaje de capital de cada uno. En el caso español, esta cantidad asciende a unos 240 millones de euros.
Alrededor de un centenar de economistas europeos se han adherido al manifiesto, titulado Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos, publicado en España por El País. Además de Narbona o Álvarez, ha sido respaldado por economistas como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero o Jorge Fabra Utray.
Actualmente casi el 25% de la deuda pública europea, según el manifiesto, está en manos del BCE. En el caso español, se trata de unos 300.000 millones de euros. Los firmantes ven "positivo y útil" el debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE que se ha desarrollado en Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica, así como "en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro".
Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar la deuda pública que posee o a canjearla en deuda perpetuas sin intereses. Los Estados, por su parte, se comprometerían a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Estas cantidades alcanzan ya casi 2,5 billones, "suficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general", aseguran los firmantes del manifiesto.
A su juicio, "sin duda, el BCE puede permitírselo", ya que un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad y "puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas", sostienen citando el Protocolo número 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, añaden que, jurídicamente, la anulación de deudas "no está explícitamente prohibida por los tratados europeos". De cualquier forma, consideran que en este asunto "sólo cuenta la voluntad política". "La historia nos ha demostrado muchas veces que las dificultades jurídicas se ven superadas por los acuerdos políticos", reza el manifiesto.
Eso sí, los economistas señalan que la cancelación de la deuda pública por parte del BCE, aunque esté condicionada a su reinversión, "no puede ser el alfa y el omega de cualquier política económica". Así, apuntan que el BCE sólo intervendría para liberar el margen fiscal de los Estados miembros y, obviamente, "no invertiría por sí mismo".
También muestran estos economistas sus dudas sobre que las tasas de interés bajas o negativas en toda Europa sean suficientes para empujar a los Estados a endeudarse para invertir, tal y como evidencia la reducción constante del nivel medio de deuda pública en la Unión Europea entre 2015, cuando aparecieron las tasas negativas, y el inicio de la crisis sanitaria, además de que "muchos Estados han reducido su nivel de endeudamiento en lugar de pedir préstamos para invertir, aunque las tasas sean negativas".
Una veintena de economistas españoles
Entre el alrededor del centenar de firmantes del manifiesto, la mayoría son de Francia y figuran también economistas de Alemania, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia, Grecia y Portugal, así como una veintena de economistas de España.
Entre los españoles se encuentran Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés Martín Carretero; Fernando Rodrigo; Jorge Uxó y Óscar Carpintero.
También figuran Carlos Ochando, Carles Manera, Jordi Roca Jusmet, Antonio González, Eladio Febrero, Iñaki Arto, Juan Torres López, Juan Francisco Albert, Daniel Albarracín Sánchez, Agustín José Menéndez, Sonia Farre, Lorena Cabrerizo, Isabel M. Pajares, Manuel Garí y Fernando Rodrigo.