El Ejecutivo eleva un 29% el rescate de la AP-36 y deja en cero euros el de la M-12
La primera resolución del cálculo de la ‘RPA’ pasa hoy por el último Consejo de Ministros del año
Las autopistas AP-36 y M-12 son las dos primeras en tener a punto la resolución del cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras su quiebra y rescate, o reversión anticipada, por parte del Ministerio de Transportes. El expediente obtendrá hoy, con toda seguridad, luz verde del Consejo de Ministros con un resultado muy desigual entre ambas infraestructuras.
Según ha podido saber Cinco Días, para la AP-36, en su día participada por Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y KutxaBank (5%), el Gobierno ha fijado una RPA de 411,3 millones de euros. Esta compensación se debe a que la liquidación de la concesionaria se produjo por causas ajenas a sus accionistas (la crisis financiera), que tenían la RPA pignorada ante la banca como soporte de sus créditos.
La cifra que está un 28,8% por encima de los 319 millones que fueron estimados en marzo de este año que concluye como cálculo provisional de la RPA. Por entonces se estimaron 309,2 millones como RPA por obras y 24,5 millones de RPA por expropiaciones, cuantía a la que el Gobierno restó 11,6 millones invertidos para poner la carretera a punto tras ir a manos de la pública Seittsa y 2,2 millones pagados por la Administración a distintos expropiados.
Tras los cálculos definitivos se abre un periodo de un año para resolver expropiaciones
La concesionaria de esta carretera de peaje que enlaza Ocaña (Toledo) con La Roda (Albacete), había ido a liquidación con 556 millones de euros de deudas. Un pasivo que la banca traspasó con una fuerte quita a fondos oportunistas, titulares a día de hoy de esta compensación del Estado. La RPA de 411,3 millones aún está muy por debajo de los 487 millones de techo que había previsto la Administración.
La M-12, por su parte, se queda con una RPA de cero euros, tal y como se avanzó en la primera estimación ofrecida por el Ejecutivo el 31 de enero de este año.
Una vez que estás liquidaciones salgan de este último Consejo de Ministros del año, podrá procederse al abono, si bien quedan flecos para dar por cerrado el proceso.
Lo que ha hecho ahora el ministerio que lidera José Luis Ábalos es completar las fases de audiencia a las partes interesadas tras la liquidación de los contratos concesionales y la del análisis de las alegaciones. Con el cálculo de la compensación definitiva ya en la mano, aún se buscó la opinión de la Abogacía del Estado, que ha dado su opinión favorable antes de la esperada aprobación en Consejo de Ministros.
Una vez que estás liquidaciones salgan del Consejo de Ministros, podrá procederse al abono, si bien quedan flecos para dar por cerrado el proceso
Parte de las cantidades fijadas como RPA se mantendrán retenidas a la vista de que comienza ahora un plazo de seis meses para dar lugar a las resoluciones complementarias y, tras ello, de otro medio año para la resolución definitiva. Durante estos dos periodos se seguirán analizando y resolviendo las expropiaciones pendientes. Y es a la vista de que los expedientes abiertos, por unos 195 millones de euros, de indemnizaciones ya pagadas por la Administración a los expropiados por otros 84 millones, y los 11 millones que costó a las arcas públicas poner al día el mantenimiento de la carretera, superan con creces la propia RPA estimada (150 millones: 113 millones por obra y 37 millones por expropiaciones), por lo que el rescate de la M-12 se salda sin pago alguno.
La indemnización máxima que el Gobierno había previsto para la autopista de OHL era de 305 millones de euros, tras entrar en liquidación con 500 millones de deuda.
Con las resoluciones de la AP-36 y M-12 en la recta final, el ministerio de Transportes irá desgranando en las próximas semanas los cálculos de la RPA de las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5; la circunvalación de Alicante; la autopista Cartagena-Vera, y el de la AP-41 Madrid-Toledo. El Ejecutivo estimó en mayo de 2019 un máximo de 3.305 millones por la RPA de las ocho concesionarias rescatadas, según el techo indemnizatorio que fue publicado en el BOE. La cifra, que se va a ver recortada en estas resoluciones, ya distaba mucho de los cerca de 4.500 millones a los que aspiraban los fondos titulares de la deuda de las concesionarias, esencialmente Taconic, King Street, Attestor y SPV.
Al conjunto de la RPA de las concesiones quebradas el Gobierno va a restar las expropiaciones costeadas por las arcas públicas y un total de 300 millones invertidos para recuperar los estándares mínimos de calidad.
Herencia de la pasada crisis
La construcción y explotación de la AP-36 fue adjudicada en 2004 a un consorcio formado por Ferrovial y Europistas. A finales de 2012, en medio de la crisis económica y el derrumbe del tráfico de pago, la concesionaria solicitó el concurso, entrando en fase de liquidación en febrero de 2015.
La madrileña M-12 fue construida por OHL para comunicar la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas con la capital. Su concurso de acreedores llegó en diciembre de 2013 y el procedimiento de liquidación arrancó en octubre de 2015.
En los dos casos la concesión revirtió a manos del Estado en julio de 2018. De forma automática los activos pasaron a ser gestionados por la pública Seittsa y el Ministerio de Transportes inició los trámites para el cálculo de la RPA.
La compensación por la reversión de las concesiones quebradas en la pasada crisis se basa en una fórmula aprobada el 26 de abril de 2019 por el Consejo de Ministros. Los datos parten de registros del Ministerio de Transportes y los aportados por administradores concursales, avalistas y acreedores. Y se trata de determinar el valor patrimonial de la inversión en expropiaciones, obras y bienes inmuebles, el cálculo de la amortización o de los intereses abonados.
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