El Gobierno deja sin indemnización el primer rescate de las autopistas quebradas

De una compensación de 150 millones por la M-12 resta casi 290 por expropiaciones pagadas y pendientes

Imagen de archivo de uno de los accesos a la M-12.
Imagen de archivo de uno de los accesos a la M-12.

El Ministerio de Transportes va a soltar una bomba, previsiblemente entre hoy y el lunes, relacionada con el desenlace del rescate de las autopistas quebradas. Según ha podido saber CincoDías, el Gobierno tiene ya el cálculo de las compensaciones que deberá atender el Estado, en función de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), en la primera de esas concesiones de reversión anticipada y hoy gestionadas por la estatal Seittsa. Se trata de la madrileña Eje Aeropuerto o M-12, construida y operada por OHL para enlazar Madrid con la terminal 4 de Barajas. Esta fue a liquidación con más de 500 millones de deuda, pero fuentes de toda solvencia aseguran que los titulares del derecho de cobro de la citada RPA no van a recibir euro alguno.

El Ministerio abrirá en los próximos días el trámite de audiencia para la liquidación provisional de la RPA en la citada Eje Aeropuerto. Un paso decisivo, con Gobierno ya en plenas facultades, que deriva del acuerdo de interpretación de los contratos concesionales quebrados y de la fórmula para calcular las compensaciones. Ese acuerdo fue tomado por el Consejo de Ministros el 26 de abril de 2019, tras pasar por el Consejo de Estado.

Las fórmulas aplicadas resultan una RPA por obras en la M-12 de 113 millones, a la que se suman otros 37 millones por expropiaciones. A los 150 millones resultantes, el Gobierno resta 11 millones en fondos públicos utilizados para poner en perfectas condiciones de operación la autopista. Y también minora algo más de 84 millones por indemnizaciones pagadas por la Administración por expropiaciones.

Con una RPA reconocida de 54 millones, falta un último e importante descuento. El Ministerio debe retener provisionalmente, en virtud del citado acuerdo del Consejo de Ministros, los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones pendientes. Esto es una especie de provisión para atender las expropiaciones de suelo por pagar. La cifra roza los 195 millones de euros, explican las fuentes consultadas, lo que hace que la retención provisional supere en 140 millones a la propia RPA reconocida.

La conclusión es que el Estado no va a abonar cantidad alguna a los fondos que se quedaron con la deuda de la M-12. Tampoco a su constructora. El bombazo es que la primera resolución de cálculo de la tan traída y llevada RPA es de 140 millones en negativo para los tenedores de los derechos de cobro. La citada fórmula ha determinado el valor patrimonial de la inversión en expropiaciones, obras y bienes inmuebles, el cálculo de la amortización o los intereses.

Un año para resolver

Concluido el trámite de audiencia, van a analizarse las esperadas alegaciones. Tras ello, Transportes concluirá los trámites para dictar la primera resolución de RPA. El referido acuerdo de interpretación de estos contratos de concesión, quebrados por el desplome del tráfico de pago que trajo la crisis y los sobrecostes en expropiaciones, establece que un año después de que se dicte la primera RPA se procederá a determinar una nueva resolución definitiva.

Este primer cálculo se irá repitiendo en el caso de las otras siete concesiones quebradas. El Gobierno fijó un impacto de 2.000 millones por la RPA de todas ellas, con cómputo en el déficit público, en el plan presupuestario de 2018 enviado a Bruselas. Posteriormente, en mayo de 2019, fijó un máximo de 3.305 millones por la factura de la RPA y fue publicado en el BOE un techo indemnizatorio en cada una de las concesiones.

La R-3 y R-5 (Accesos de Madrid) no excederá los 637,9 millones; para la R-2 (Henarsa) se contemplan 40,7 millones; la R-4 no puede superar los 559,6 millones; la Cartagena-Vera (Aucosta) tiene contemplado un techo de 526,8 millones; hay una estimación máxima de 487 millones para la AP-36 (Ocaña-La Roda); para Ciralsa se contemplan 398 millones; la Madrid-Toledo (AP-41) aspira a un tope de 348 millones, y para la M-12 se preveían 305 millones de euros.

Los acreedores, fondos oportunistas como Taconic, King Street, Attestor y SPV, reclamaban entre 3.500 y 4.500 millones tras comprar las posiciones acreedoras a la banca comercial.

Más de seis años de proceso

  • La M-12 fue a concurso de acreedores en noviembre de 2013 por el incremento inesperado en los costes de construcción y su fracaso respecto al tráfico esperado. Su pasivo era de 550 millones.
  • Las ocho concesionarias rescatadas por el Estado suman 520 kilómetros y han mantenido el pago por uso, aunque con importantes descuentos bajo la gestión de la entidad pública Seittsa.
  • El ramillete de autopistas suspendió pagos con una deuda acumulada de 4.500 millones, de los que 500 millones respondían al impago de obras solicitadas por la Administración.
  • Para la RPA de las concesiones quebradas se restarán hasta 300 millones invertidos en la recuperación de los estándares mínimos de calidad, según estimó una due diligence elaborada por la ingeniería pública Ineco.
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