El Gobierno lega a Hacienda el control de las ayudas europeas y prescinde de la ventanilla única

El sistema será el mismo para los 140.000 millones, sean subvenciones o créditos

La ministra de Hacienda María Jesús Montero tras el Pleno del Senado en el que se han aprobado los presupuestos generales del próximo año.David Fernández (EFE)

el Gobierno ató ayer los dos instrumentos clave con los que gestionar las ayudas europeas para la recuperación de la crisis del Covid-19 que comenzará a recibir España en 2021. De un lado, el Senado ratificó el Presupuesto, de otro, el Consejo de Ministros aprobó un decreto con el protocolo de gestión de los recursos comunitarios. Ambos textos se publicarán el próximo 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado y entrarán en vigor con el Año Nuevo, lo que supone que los fondos europeos podrán comenzar a gastarse desde el 1 de enero.

Esto será así porque las nuevas cuentas públicas incorporan ya los 27.000 millones que España recibirá el próximo año de la UE, lo que permitirá al Estado adelantar los fondos, vía deuda, antes de su ingreso, y porque el decreto aprobado fija ya un marco concreto de gestión. El Consejo de Ministros decidió ayer, además, que ambas llaves reposen en manos del Ministerio de Hacienda, dando mayor peso al departamento que dirige María Jesús Montero en el control de las ayudas europeas. Será este el que tenga hilo directo con Bruselas a este respecto y se encargue de reconducir los fondos entre las distintas administraciones españolas.

Es más, Hacienda dirigirá el órgano técnico del plan de recuperación y su fiscalización correrá a cuenta de uno de sus órganos, la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE).

En el plano político, en todo caso, matizan fuentes oficiales, el plan de recuperación estará dirigido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que marcará las líneas estratégicas de actuación junto con el conjunto del Consejo de Ministros en comisión. Un cambio respecto al plan inicial, que generó cierta controversia interna en el seno del Gobierno de coalición porque dejaba fuera del órgano decisorio a todos los ministros de Unidas Podemos, excepto a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

A su vez, jugará un papel clave Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, quien supervisará desde La Moncloa el día a día de este proyecto, del que su departamento informará directamente y “en tiempo real” al presidente del Gobierno.

A partir de ahí, el real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado ayer, incorpora importantes novedades respecto al borrador de trabajo inicial, adelantado en su día por este diario. Aquel texto subrayaba la creación de una “ventanilla única” online, gestionada desde La Moncloa, que facilitaría la presentación de proyectos y la resolución de dudas tanto a las distintas Administraciones públicas como a las empresas privadas interesadas en participar en el plan de reconstrucción. Finalmente, sin embargo, fuentes del Ejecutivo revelan que “no habrá ventanilla única” porque sería inmanejable. En su lugar, habrá una por cada ministerio y, de hecho, dada la participación de autonomías y ayuntamientos, entre otros entes, “habrá tantas ventanillas como organismos licitadores”. El portal de Moncloa se rehará pero solo con carácter informativo.

Para dirigir estas inversiones a modernizar la economía, digitalizar el tejido productivo o impulsar la transición medioambiental, entre otros objetivos troncales, el Gobierno apuesta por fomentar la colaboración público-privada. Para ello, cada ministerio podrá proponer al Consejo de Ministros la creación de diferentes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los denominados “Perte”. Luego, las Administraciones y empresas interesadas en desarrollar parte de esos planes podrán optar a hacerlo tanto de forma conjunta, con la creación de sociedades con participación estatal, o de forma totalmente privada. Cada ministerio podrá, además, crear una serie de órganos consultivos en los que dar voz a patronales y grandes empresas para mejorar la eficiencia estas actuaciones.

El protocolo será el mismo para los 140.000 millones de euros procedentes de Europa, independientemente de si son subvenciones (72.000 millones) o créditos, o del programa del que procedan (React o Next Generation EU).

A partir de ahí, el Gobierno ya venía contemplando la posibilidad de avanzar el 50% de los fondos de cada proyecto antes de su ejecución, si bien la entrega de liquidez podría ser integral en el caso de que la soliciten las comunidades autónomas, que recibirán cerca de la mitad de los recursos.

Contratación de personal y otras claves del proyecto

 

Reasignar funcionarios. El Consejo de Ministros de ayer tuvo la particularidad de estar presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, dado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra en cuarentena preventiva –pese a haber dado negativo por Covid– tras su encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, que se ha contagiado del coronavirus. “Aquí está la esperanza, ciertamente acariciada a lo largo de un año muy difícil, que va a terminar, trabajando intensamente para un 2021 de recuperación gracias al esfuerzo para que España y la UE dispongan de fondos nunca antes movilizados para superar la crisis”, defendió Calvo al término de la reunión, en referencia al real decreto sobre la gestión de las ayudas comunitarias. Un hito que calificó de “histórico”. La vicepresidenta admitió que “sin duda” el plan pasa por la contratación de más trabajadores públicos, aunque rehusó decir cuántos, así como por la reasignación de personal a esta labor. El decreto contempla para ellos, además, remuneraciones variables en función de la consecución de objetivos. En paralelo, el Presupuesto reimpulsa la figura de las agencias estatales.

Licitar en la mitad de tiempo. Otra de las claves del decreto es que simplifica todos los trámites de licitación de fondos europeos con el objetivo de evitar que se formen “cuellos de botella” y de rebajar los plazos al 50% para agilizar la ejecución de los proyectos. Todo ello, aseguran desde el Ejecutivo, “sin perder rigor”.