El combate de nunca acabar contra la dualidad del mercado laboral

Si el empresario sabe que la relación fija es más productiva y la rehúye debe ser porque dispone de desincentivos para utilizarla de forma más regular

Todos los informes institucionales, internos y externos, sobre los defectos de la economía española censuran la excesiva dualidad del mercado de trabajo, por entender que daña la formación de la fuerza laboral, perjudica la productividad y engorda la desigualdad entre los colectivos laborales, entre los que se identifican como víctimas recurrentes los jóvenes. Tres deficiencias que proyectan déficits adicionales sobre la competitividad de la economía, los ingresos y gastos públicos y la generación y el reparto inclusivo de la riqueza. Por ello todos esos informes institucionales incluyen en sus recomendaciones, ya desde hace años, la reducción de la temporalidad hasta niveles europeos, con un sistema de contratación que responda a la causalidad y que sea reflejo del sistema productivo.

España tiene un modelo más intensivo en actividades coyunturales y estacionales que el resto de Europa, por la elevada penetración del turismo; pero en absoluto tales tareas justifican unos niveles de temporalidad laboral del 30%, que es la tasa media de contratos temporales entre los asalariados desde que se permitieron en octubre de 1984, con una figura tan ambigua como el contrato de fomento de empleo, de imposible catalogación como instrumento para calibrar la causalidad. Aunque en las últimas reformas laborales se han liquidado algunas fórmulas temporales, sigue existiendo un abanico generoso, que han echado raíz incluso en la Administración pública, que en momentos puntuales ha registrado más temporalidad que el sector privado.

El Gobierno ha empezado a lanzar instrumentos punitivos contra la contratación temporal abusiva, como una tasa en la rescisión de contratos eventuales recurrentes para esquivar las cotizaciones a la Seguridad Social durante fines de semana, puentes o vacaciones. Una sobrecotización que se sumaría a la penalización ya existente desde 2018 y que no ha logrado atajar el recurso a la eventualidad laboral.

Por tanto, el Gobierno, con empresarios y sindicatos, debe buscar soluciones que vayan a la raíz del problema, que no es otra que preguntarse sin apriorismos ideológicos por qué, pese a las penalizaciones, es más atractivo contratar temporal que fijo. Si el empresario sabe que la relación fija es más productiva y la rehúye debe ser porque dispone de desincentivos para utilizarla de forma más regular. La propuesta recurrente de las empresas es el elevado coste de las rescisiones, aunque los abaratamientos de los últimos años no han aliviado gran cosa las tasas de temporalidad. La solución debe ser consensuada y evitar en la medida de lo posible la coerción económica, y menos cuando una crisis del empleo como la actual desaconseja subir cualquier coste que lo dificulte.