Un Presupuesto para un año, no como herramienta para agotar la legislatura

La nueva ley presupuestaria pone fin al estiramiento sin precedentes de un cuadro de gastos e ingresos que no se ajustaba ya a la realidad económica actual

El Gobierno consiguió ayer sacar adelante en el Congreso unos Presupuestos Generales del Estado cuya principal virtud radica en su mera existencia, dado que son las primeras cuentas públicas aprobadas en España desde el año 2018. La nueva ley presupuestaria, que ha contado con el apoyo de 188 diputados y será remitida al Senado para su aprobación definitiva en un mes, pone fin al estiramiento sin precedentes de un cuadro de gastos e ingresos que no se ajustaba ya a la realidad económica actual y resultaba inservible para gobernar el país un solo día más. Las cuentas públicas para 2021 permitirán a España iniciar el nuevo año con unos Presupuestos Generales del Estado hechos a medida; cuestión distinta es la exactitud de esa medida y su adecuación a la grave situación de crisis que atraviesa la economía. Las cuentas públicas que ha validado el Congreso sustituyen a un Presupuesto que fue elaborado por un Gobierno muy diferente al actual y diseñado para unas circunstancias muy distintas a las que rodean hoy a la economía española, caracterizadas por una intensa contracción de los ingresos públicos y una fuerte expansión de los gastos.

Sin embargo, el nuevo Presupuesto nace lastrado por un vicio de origen: la falta de sintonía entre sus previsiones macroeconómicas y las que mantienen tanto la Unión Europea como el Banco de España y la Airef. El Gobierno ha sido tozudo al construir sus cuentas públicas en torno a unos números excesivamente optimistas para las circunstancias que vive España. El resultado son unos Presupuestos que muy probablemente no se cumplirán en materia de ingresos, aunque es posible que sí lo hagan en el capítulo de gastos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha arrancado el apoyo necesario para aprobar el texto a costa de realizar concesiones concretas a varios grupos de la oposición parlamentaria mediante pactos que no redundarán en una mayor estabilidad política para el país. Pese a que las cuentas se aprueban a priori para un único ejercicio, el hecho de que 2021 constituya el rubicón de la legislatura podría tentar al presidente del Gobierno a prorrogarlo hasta 2023, como fórmula para agotar el mandato sin necesidad de someterse a la agonía de sacar adelante un Presupuesto cada año. Si ese extremo se confirmase, España perdería una valiosísima oportunidad para sentar cuanto antes las bases necesarias para consolidar la confianza de los mercados internacionales, ahora artificiosamente sostenida por el BCE y sus compras agresivas de deuda. Un esfuerzo que pasa por aprobar un plan de reequilibrio fiscal lo suficientemente sólido como para enviar a los financiadores una señal inequívoca de que España está decidida a volver cuanto antes a la senda de la consolidación y responsabilidad fiscal.