Madrid advierte a Montero de que acudirá al Constitucional si se le obliga a subir impuestos

El consejero de Hacienda remite una carta a la responsable del Ministerio tachando de “inconstitucional” el pacto de armonización fiscal sellado entre el Gobierno y ERC

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

La Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar batalla ante el acuerdo del Gobierno y ERC para impulsar una armonización fiscal entre las autonomías que obligue a la región a elevar la escasa presión tributaria que ejerce mediante impuestos cedidos como Sucesiones y Patrimonio. Madrid ha advertido este miércoles por carta al Ejecutivo central de que está dispuesta a agotar “todas las vías jurídicas” posibles para evitar ese alza fiscal.

Así lo ha comunicado el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que tacha el acuerdo de armonización tributaria sellado con ERC de “propuesta injusta, ilegal, inconstitucional” que “perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la Nación española”.

“Le exijo respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, ya la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid”, reza la misiva, en la que Lasquetty advierte a Montero que “de no ser así, nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance”.

Del lado político, el PP ya parece haberse movilizado a escala nacional para denunciar el pacto con ERC, sosteniendo que supone una fórmula para castigar a Madrid. En el plano judicial, los argumentos de la comunidad sugieren que la principal vía de actuación sería ir ante el Constitucional.

“Prefiero advertirle desde este momento de que, si avanzan por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.1 c) de la Constitución y el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional”, detalla la carta.

“No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid”, prosigue el consejero de Hacienda, quien considera que “el anuncio de crear una comisión bilateral Gobierno-ERC para adoptar decisiones sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid no solo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes, ni desde luego, cabida en el orden constitucional.

Más allá, el consejero considera que el fondo de la medida “va en contra de lo dispuesto e el marco jurídico vigente, tanto en la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, por la que se regula el Sistema de Financiación Autonómica y se determina la cesión a las Comunidades Autónomas de las facultades normativas en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como en la Ley 29/2010, de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid”.

Finalmente, Lasquetty reprocha a Montero que se esté acusando a Madrid de incurrir en un “dumping fiscal”, cuando la propia ministra reconoció recientemente en una entrevista a El País que el término no es adecuado, y sostienen que no hay “competencia desleal” dado que las reglas del juego son las mismas para todos los territorios del régimen común, que tienen la potestad de subir o bajar los impuestos cedidos según sus intereses.

La posición del Gobierno

A falta de ver en qué se sustancia el acuerdo alcanzado con ERC, que se limita a comprometer la creación de una comisión bilateral que estudie una armonización fiscal nacional, Montero ha defendido que el plan no es obligar a subir impuestos a Madrid, como sí lo anticipó Esquerra.

La ministra defendió este martes que el objetivo es establecer unas mismas reglas del juego para todas las regiones a fin de evitar que algunas mejor financiadas puedan bajar los impuestos a niveles difíciles de igualar por otras con menos recursos, para que no haya un efecto arrastre que termine deteriorando los servicios públicos.

En todo caso, la reforma se abordará ya en 2021 cuando el dictamen de los expertos será debatido con el resto de comunidades autónomas, previsiblemente en el marco de una revisión integral del sistema de financición autonómico, caduco desde hace años. El modelo del Gobierno podría pasar por la fijación de unas horquillas de máximos y mínimos aplicables dentro de los cuáles se seguiría dando cierto margen de actuación a las regiones. A la espera de concreción, Montero subrayó este martes que Patrimonio y Sucesiones son impuestos estatales, que solo se han cedido a las comunidades.

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