Unidas Podemos presenta una enmienda a sus Presupuestos para paralizar los desahucios

Exige junto a ERC y Bildu que las cuentas públicas veten los lanzamientos sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2022

Unidas Podemos, uno de los partidos que conforman el Gobierno de coalición, ha presentado en el Congreso una enmienda parcial conjunta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) junto a Esquerra Republicana y Bildu para incluir en las cuentas públicas un mecanismo que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el año 2022. A las 14:00 horas de este martes acababa el plazo para presentar las réplicas parciales al proyecto de cuentas públicas.

El objetivo de la enmienda, ha explicado el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, es "expandir" la moratoria aprobada en marzo, cuando comenzó la crisis sanitaria, "a todos los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad".

Hasta la fecha, los lanzamientos están prohibidos por ley siempre y cuando la vulnerabilidad económica dependa de la situación provocada por el Covid-19, teniendo que demostrarse además el vínculo entre la pérdida de ingresos y la crisis sanitaria. "Ahora queremos ir más allá", ha dicho Asens, para ampliar esta moratoria a "cualquier situación de vulnerabilidad", independientemente de que esa circunstancia se haya provocado o no por la situación sanitaria.

Que siga habiendo desahucios, ha afirmado Asens, "es una situación dramática", y según ha detallado, desde el PSOE "entienden" que se presente esta enmienda. Unidas Podemos, como ya hizo en la semana previa a la presentación del proyecto de cuentas públicas con la moratoria del alquiler, dobla la presión sobre su socio de Gobierno.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido por su parte "no mezclar" el debate de Presupuestos con los desahucios de vivienda. "No debería mezclarse una cosa con la otra", dijo, tras asegurar que el Gobierno ha dado "muestras de su compromiso" en materia de vivienda, mejorando la protección de los inquilinos, el tratamiento de las viviendas turísticas o el "muy ambicioso" plan de vivienda, centrado en la rehabilitación.

Además, ha recordado que el Ejecutivo también aprobó medidas extraordinarias, durante el anterior estado de alarma, para impedir los desahucios de personas vulnerables, tanto por alquiler como por compra, hasta el 31 de enero de 2021. "Hemos actuado de forma decidida para evitar que se produzcan desahucios".

A día de hoy, según la norma, no se puede echar de su vivienda a quienes paguen un alquiler y se encuentren desempleados debido a la crisis, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Sin embargo, hay que demostrar que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere ciertos umbrales o que la situación de vulnerabilidad nace de los efectos de la pandemia, entre otros criterios.

Todos estos requisitos han hecho que los desahucios por impago del alquiler se disparen al terminar el paraguas de protección jurídica que venía acompañando al estado de alarma inicial, según denuncias plataformas como la PAH o los sindicatos de inquilinos. Hace varias semanas, el propio ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se mostró visiblemente sorprendido al conocer que se había producido el lanzamiento de una familia sin alternativa habitacional. "En teoría, estos desahucios están prohibidos", dijo.