Urge incorporar los préstamos PACE a la Ley de Cambio Climático
Hay un enorme volumen de recursos financieros en manos de capital privado que demandan invertir en proyectos sostenibles a largo plazo
Los 27.000 millones de euros que nos llegarán de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sin duda ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. También serán un impulso para avanzar en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (Eresse), elaborada por Fomento hacia la transformación del parque inmobiliario en un modelo de consumo casi nulo antes de 2050. Pero son insuficientes.
Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Next Generation, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.
En este momento se está tramitando en España la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, clave en el proceso de avance de rehabilitación energéticamente eficiente. Los grupos parlamentarios han presentado ya más de 750 enmiendas y se ha abierto el debate que dará paso al nuevo marco regulatorio, previsiblemente en febrero. Es imprescindible y urgente que la ley emergente incluya modificaciones que permitan que el capital privado –posibilidad no contemplada en la normativa actual– fluya también hacia proyectos que ayuden a conseguir los objetivos de eficiencia energética en edificios marcados por la UE.
Hay un enorme volumen de recursos financieros en manos de capital privado que demandan este tipo de proyectos de inversión verde, estable, sostenible y a largo plazo. Los fondos de pensiones y otros inversores institucionales son los mejores aliados de la inversión en eficiencia energética, especialmente en momentos como el actual, con una escasa rentabilidad en productos de renta fija y la renta variable sumergida en un mar de volatilidad.
Una de las vías que pueden vehicular el flujo de estos fondos privados hacia la inversión en eficiencia energética en edificios viene de la mano de incorporar una enmienda presentada en la tramitación de la Ley de Cambio Climático que permita la traslación a España del sistema de financiación PACE, operativo ya en numerosos países.
Se trata del Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios, de colaboración público-privada, que permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad. Consiste, básicamente, en facilitar a los propietarios de edificios una financiación que se repaga a efectos netos con los ahorros generados por las obras de rehabilitación energética, sin desembolso inicial para ellos y sin incrementar su endeudamiento, esto es, fuera de balance.
El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata, así, el acceso a los fondos necesarios. A través de los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble –financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta–, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio y que no se acelera en caso de impago.
Con los préstamos PACE, el repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria –una suerte de IBI– que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.
Tiene la ventaja fundamental de considerarse un gasto operativo, no activarse en el balance del propietario del edificio, no requerir gastos de otorgamiento de hipoteca, ser reclamado en caso de impago por la Administración tributaria, gozar de una garantía real tacita y no acelerarse en caso de impago (como con el IBI, el propietario solo respondería de los últimos tres años).
La experiencia de este mecanismo en otros países –en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo– demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: propietarios, inversores, entidades locales y la sociedad en su conjunto.
Los recursos públicos son limitados y del todo insuficientes para lograr una verdadera transición ecológica en nuestro parque edificado. Hay que atraer con premura al capital privado para invertir de forma ágil, eficiente y a gran escala en esta necesaria transición.
La implantación en nuestra legislación de este y otros esquemas de colaboración público-privada ayudaría a transformar el panorama energético español. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente los ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados. La nueva Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética que está en ciernes puede y debe incorporar mecanismos para lograrlo. Esperemos que los poderes públicos así lo vean y actúen en consecuencia.
Eduardo Brunet es fundador y CEO de Greenward
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