Hacienda renuncia a 1.500 millones del IVA de las mascarillas para allanar la aprobación de sus cuentas

El Congreso votará hoy a favor de seguir tramitando el proyecto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero (derecha), en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero (derecha), en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno buscó engrasar ayer la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales para 2021, que alcanzaba su Rubicón con el debate a la totalidad en el Congreso de los Diputados que concluirá hoy, anunciando que rebajará el IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Aunque el Ejecutivo de coalición tiene garantizado que saldrá airoso de la votación de hoy, superando la marca a la que llegó el Gobierno socialista con las cuentas de 2019, el anuncio de la rebaja tributaria en mitad de las segunda ola de la pandemia del Covid-19 busca allanar la posterior negociación de enmiendas parciales que marcará las suerte definitiva de las cuentas.

La medida fue anunciada desde la tribuna de la Cámara Baja por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender el Presupuesto frente a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Junts, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, y que ya anticipó que respaldará UPN.

Tras recordar que el Ejecutivo ha repartido 100 millones de mascarillas gratuitas durante la pandemia y ha rebajado al 0% su gravamen en las compras por parte de instituciones sanitarias, Montero alegó que el Gobierno da este nuevo paso adelante tras recibir confirmación por escrito de Bruselas de que España no será multada por ello.

Efectivamente, en una carta remitida el martes a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, a la que ha tenido acceso este diario, la Comisión Europea dejó la puerta abierta a este paso al recordar que aunque la regulación vigente no lo permite, como es una cuestión que se ha planteado modificar legislativamente, no tienen intención de abrir procedimiento sancionador alguno a los países que rebajen el IVA a las mascarillas.

Se trata, sin embargo, de un criterio que lleva vigente desde 2016 y que otros socios ya han aprovechado para impulsar medidas similares en los últimos meses, tal y como criticó el líder del PP, Pablo Casado. Aunque su partido lleva tiempo reclamando esta medida, ayer acusó al Gobierno andar buscando hueco en el telediario seis meses después de que Bruselas comenzara a permitir esta práctica.

Montero, en todo caso, anunció que la rebaja fiscal será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes y aseveró que el Ejecutivo se mantendrá “vigilante en que la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio al consumidor final y no en un mayor margen empresarial”. Cuando Cs lo pidió, el Gobierno estimó que la medida restaría 1.568 millones a la recaudación anual. En paralelo, el Ejecutivo impulsará hoy una rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, que ya había topado en 0,96 euros por unidad, en la comisión interministerial del precio de los medicamentos.

A la hora de defender las cuentas, Montero alegó que son la clave para dirimir “el bienestar de los españoles, su presente y su futuro”. “La presentación de enmiendas a la totalidad y por tanto oponerse a la tramitación” del Presupuesto, dijo, supone “una preocupante incapacidad para entender el momento tan excepcional que vive nuestro país” y “una irresponsabilidad manifiesta”.

Más allá, la ministra defendió que la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus, a la que se han destinado medidas por “216.000 millones de euros, el 20% del PIB”, y “la altura de miras” de empresarios y sindicatos, han evitado una caída del PIB del 25% y la destrucción de tres millones de empleos.

A partir de ahí, y aún considerando que la noticia de “una primera vacuna comercial abre una vía muy esperanzadora”, vio crucial impulsar unas cuentas para abordar “lo importante y lo urgente: la salida de la crisis” y comenzar la “reducción de los desequilibrios fiscales” iniciando una reforma tributaria más progresiva.

Precisamente la subida de impuestos fue uno de los focos de crítica de los partidos políticos que tratan de tumbar las cuentas. Pese a que buena parte de las alzas tributarias se centran en rentas de más de 300.000 euros, patrimonios de más de 10 millones o empresas que facturan más de 40 millones, el PP aseguró que impactarán en las clases medias y Vox habló de “sablazo fiscal”.

El deterioro de las cuentas públicas fue otro de los frentes, y mientras Vox culpó por igual a PP y PSOE de enfrascarse en reproches mutuos tras disparar la deuda pública en sus sucesivos mandatos, Casado denunció que la presidencia de Pedro Sánchez ha elevado en 7.000 euros la deuda que pesa sobre cada ciudadano, hasta alcanzar los 30.000 euros. Una desviación que seguirá agravándose con los Presupuestos de 2021, coincidieron en manifestar, recordando en ambos casos las diferencias que la Airef y el Banco de España tienen con las previsiones del Gobierno.

Con todo, solo entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, suman 155 diputados, frente a los 151 que apuestan por devolver las cuentas al Congreso (incluyendo algunos como el BNG que han manifestado que solo querían dar “un toque de atención”) con lo que el debate presupuestario no ha hecho más que empezar.

Bildu anticipa su apoyo a las cuentas y complica el respaldo de Ciudadanos

Sin haber sorteado oficialmente las enmiendas a la totalidad del Presupuesto que el Congreso de los Diputados votará hoy, el Gobierno encaraba ayer el difícil juego de equilibrios parlamentarios con el que encara la fase definitiva de la negociación, tratando de impedir que algunos de los apoyos conseguidos anulen otros. Así, el anunció del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Radio Euskadi de que su grupo votará a favor de las cuentas “salvo sorpresa”, parece acercar la aprobación definitiva de las cuentas, pero parece aleja el respaldo simultáneo por parte de Ciudadanos.

Así lo avanzó su portavoz, Edmundo Bal, al considerar que el apoyo de Bildu es “radicalmente incompatible” con el suyo, reclamando que decaiga la previsión de que el castellano deje de ser la lengua vehicular en la educación e instando al Ejecutivo a “elegir” con qué socios quiere aprobar las cuentas. Una cuestión que divide a los socios del Ejecutivo de coalición, pues mientras Unidas Podemos ve lógico un pacto de izquierdas en torno a las cuentas y da por “autoexcluido” a Cs de la negociación, desde el PSOE se busca el apoyo del centro.

“Estos son unos Presupuestos de país, no de este Gobierno o de las formaciones políticas que lo componen”, defendió por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, instando al resto de fuerzas a llegar al consenso más amplio posible. “La política de vetos cruzados solo nos lleva al inmovilismo y a la frustración”, expuso, criticando que “se descalifican las iniciativas no por su contenido, sino por quien las promueve o las apoya”. “El desacuerdo es sano en democracia, permite el contraste de ideas, que siempre es necesario. Ojalá sea el origen del consenso que necesitamos”, adujo, aseverando que España necesita que “la política aporte su granito de arena” para salir de la crisis impulsando estas cuentas.

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