El Banco de España teme que el gasto para ERTE y material sanitario del Presupuesto se quede corto
Aboga por reformar las pensiones, impulsar la mochila austriaca, revisar el IVA y la fiscalidad verde e insta a que las nuevas medidas de apoyo sean más quirúrgicas
El Congreso de los Diputados comenzó a examinar ayer al detalle el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentado por el Gobierno al iniciar la ronda de 91 comparecencias de autoridades con que arranca la tramitación de las cuentas. Durante la jornada, los representantes del Ejecutivo pidieron al resto de partidos su apoyo a unas cuentas “imprescindibles”, dijeron, para salir de la crisis del Covid-19 y aprovechar las ayudas europeas. A su vez, parte de la oposición mostró, a tenor de sus preguntas y valoraciones, que está más dispuesta a tratar de modificar las cuentas hacia sus intereses que a tumbarlas y desarmar a un Ejecutivo en minoría parlamentaria. Entre medias, el Banco de España trató de hacer ver que, aunque factibles, las cuentas pecan de “optimistas” en cuanto al impacto del Covid-19 en la evolución económica, el gasto público y la recaudación o el efecto positivo de las subvenciones europeas.
Así lo manifestó su gobernador, Pablo Hernández de Cos, al inaugurar las ponencias ante la Comisión de Presupuestos con un análisis en el que acabó cargando también contra la subida de impuestos o el alza de pensiones y sueldos públicos.
“Las perspectivas de evolución de la actividad y el empleo que se dibujan en el proyecto están sometidas a importantes riesgos a la baja”, como también lo está “el cuadro macroeconómico en el que se sustentan” las cuentas, aseveró. Después de todo, expuso, “la intensidad de la recuperación habría perdido impulso, por el rápido incremento en el número de contagios” de las últimas semanas, y las nuevas restricciones que han comenzado a desplegarse para contener la segunda ola de la pandemia amenazan con volver a provocar una “contracción” de ciertas economías y sectores de la zona euro. Una “doble desaceleración” de consecuencias aún inciertas que podría endurecer las perspectivas de recuperación para 2021.
Al analizar el cuadro macroeconómico en el que el Gobierno sustenta sus cuentas, una caída del PIB del 11,2% este año, con un alza del déficit al 11,3%, Cos admitió que “en líneas generales, estas previsiones son coherentes con las publicadas” por el supervisor. Este contempla un escenario más benigno y otro más pesimista con horquillas de caída de la actividad del 10,5% al 12,6% este año, y un agujero fiscal del 10,8% al 12,1% del PIB.
Sin embargo, Cos matizó que aunque el inédito avance del PIB en el tercer trimestre del año, del 16,7%, encaja con su proyección más optimista, el tono con el que ha arrancado el otoño tiene más que ver con su tesis más negativa. Una en la que el avance inercial del PIB en 2021 sería del 4%. La previsión del Ejecutivo, sin embargo, “se encuentra en línea” con el escenario optimista del supervisor, al anticipar un crecimiento inercial del PIB del 7,3% ese año.
A partir de ahí, las dudas del Banco de España crecen ante el planteamiento del Gobierno de que los primeros 27.000 millones de euros en ayudas europeas permitirán elevar el avance de la economía al 9,8% en 2021. Cos alertó de “la dificultad de ejecutar a tiempo y en proyectos de calidad los fondos” comunitarios, pues España nunca ha logrado absorber más del 80% de las subvenciones, y de que será complicado que el primer año se cumpla el objetivo del Gobierno de transformar cada euro europeo en 1,2.
En cuanto al Presupuesto en sí, Cos subrayó que pese a ser el más expansivo de la historia (con un alza del 24% en el gasto total; del 47% en inversiones; o más del 70% en educación y sanidad) corre el riesgo de quedarse corto en partidas clave. Así, expuso, recoge una caída del 2,5% en la compra de material sanitario –tras el alza del 14% en 2020– pese a la incertidumbre sobre la llegada de la vacuna, y del 36% en el gasto en desempleo, pese a la previsible extensión de los ERTE ligados al Covid más allá del 31 de enero.
Por contra, Cos cree que el aumento del 0,9% en pensiones y sueldos públicos podría ser un exceso, pues asume que la inflación acabará siendo más baja. La medida, dijo, podría “redundar en un aumento de las compensaciones reales de estos colectivos, en una coyuntura en la que, al mismo tiempo, se materializa una importante destrucción de empleo en el conjunto de la economía y un deterioro muy acusado, sin precedentes históricos recientes, en las cuentas públicas”. “Estamos a tiempo de una posición más prudente”.
De lado de los ingresos, el gobernador fue aún más crítico. “La recuperación económica en curso aún presenta evidentes síntomas de fragilidad y se encuentra sometida a considerables riesgos a la baja que no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal en estos momentos”, adujo sobre la creación de varios impuestos y la subida de otros. “Hubiera sido preferible retrasar la introducción de alguno de ellos hasta que nuestra recuperación económica fuera más robusta”, dijo, añadiendo que la recaudación dibujada se fía demasiado a una reactivación fuerte de la actividad.
En definitiva, alertó de un riesgo de desviación al alza en los gastos y a la baja en los ingresos que ponen en duda la rebaja del déficit prometida, e instó al Parlamento a diseñar cuanto antes “un plan pormenorizado” de consolidación fiscal a poner en marcha una vez asentada la recuperación. España, dijo, va camino de saltar del 3% al 5% de déficit estructural –por la factura de la pandemia, el ingreso mínimo o la indexación de las pensiones al IPC–, quedándose sin margen para encarar otra futura crisis, y sanear sus cuentas podría costarle una década.
Y eso que el coste aún puede crecer. El Estado, defendió, debe estar listo para lanzar nuevas medidas de apoyo si la crisis se recrudece –aunque instó a hacerlas más quirúrgicas– y a contemplar reestructuraciones de deuda empresarial.
A partir de ahí, el gobernador instó a acompañar las inversiones con fondos europeos de reformas estructurales que eleven el crecimiento potencial de la economía; a explorar la mochila austriaca para reducir la temporalidad laboral; reformar las pensiones (aportando más recursos, reduciendo beneficios o retrasando la jubilación); y evaluar el conjunto del gasto y los ingresos públicos (revisando IVA y fiscalidad verde) para mejorar su eficiencia.
Hacienda defiende sus cuentas y posterga el plan de reequilibrio fiscal
Análisis de CC OO. “El proyecto se ha hecho con mucho rigor, teniendo en cuenta la información disponible, y sujetos a la situación de incertidumbre internacional” que genera la pandemia del coronavirus, pero “no dirían que son optimistas”, dijo ayer, en defensa de sus cuentas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada por la valoración del Banco de España. La ministra hizo estas declaraciones antes de presentar el Presupuesto al sindiato CC OO, cuyo secretario general, Unai Sordo, avaló su fuerte expansión del gasto pero reclamó más dotación a un plan de prevención del Covid.
La consolidación. Ante la petición del supervisor de un plan de consolidación fiscal, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, defendió que para dimensionarlo es preciso esperar primero a conocer los datos definitivos de cierre de 2020 dada la fuerte incertidumbre.
Exigencias a las Sicav. Bardón también adelantó que Hacienda ultima exigir una aportación mínima de 2.500 euros para disfrutar de los beneficios fiscales de las Sicav, que pasará a vigilar el fisco.
100% de reposición de funcionarios. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, anticipó que la tasa de reposición de los empleados públicos será del 100% en general y del 110% en servicios fundamentales.
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