Montero se abre a negociar la reforma fiscal y eleva los fondos para Cataluña en busca de apoyos al Presupuesto

Se abre a revisar el alza del diésel ante la presión del PNV, pero niega que esté ya pactado con Cs. 2021 arrancará con las cuentas de 2018 y las nuevas se votarán en enero

La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.
La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

El contador se ha puesto en marcha. El Gobierno presentó este miércoles ante el Parlamento su plan presupuestario para 2021, iniciando así una carrera contrarreloj por tratar de lograr los apoyos necesarios para aprobarlo antes de la votación definitiva, fijada ya oficialmente para enero. Aunque el año arrancará por tanto con la tercera prórroga automática de las cuentas de 2018, de la negociación que se abre dependerá que el Ejecutivo de coalición, en minoría parlamentaria, logre tener vigentes desde los primeros días del ejercicio las cuentas con las que aspira a sacar a España de la crisis del coronavirus y a modernizar su modelo económico canalizando las ayudas europeas en camino.

El libro amarillo que contiene el plan fue llevado ante el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que lo presentó como un primer paso para “reducir progresivamente la doble brecha fiscal” española con la UE. De un lado porque su gasto supone el 42,1% del PIB, frente al 47,1% comunitario, el 48,8% de Italia, el 45,2% de Alemania o el 55,6% de Francia. De otro, porque los ingresos suponen el 39,2% del PIB, frente al 46,4% de la UE, el 47% italiano, el 46,7% alemán, y el 52,6% francés.

Las nuevas cuentas, según la información remitida a Bruselas, elevarían el peso del gasto español al 48% del PIB y el de la recaudación al 40,3%. Se superaría por tanto el peso de la inversión europea sin rozar aún el de sus ingresos, teniendo en cuenta además que el agravamiento de la segunda ola de la pandemia hace indicar que la factura podría ser superior a la prevista y la recaudación inferior a la dibujada. De hecho, Montero defendió este miércoles esas cuentas presentándolas como “imprescindibles” para aprovechar las ayudas europeas, de cara a los partidos más pragmáticos; subrayando el peso de sus medidas sociales, en un guiño a las fuerzas de izquierdas, y mostrándose flexible a negociar su reforma fiscal ante los partidos de centro.

Los gastos

A la espera de ver la incidencia de la pandemia en la realidad económica, las cuentas incorporan un volumen de gasto sin precedentes. El presupuesto no financiero disponible es de 194.457 millones, un 52,4% superior al del año anterior, al incorporar los primeros 27.000 millones de ayudas europeas ante el Covid-19 (que el Gobierno prevé anticipar desde la entrada en vigor de las cuentas vía deuda) y transferencias extraordinarias de 18.326 millones a la Seguridad Social, para compensar sus gastos impropios y contener su déficit, y de 13.486 millones más a las comunidades autónomas, para apoyarlas en la pandemia.

Buena parte del acento está puesto en lo social, con planes específicos para cinco grandes colectivos clave. Se trata de programas de apoyo a la infancia (ampliando la educación pública de cero a tres años o dotando 159 millones para la lucha contra la pobreza infantil); los jóvenes (a los que destinará un plan de choque contra el desempleo de 663 millones, programas de digitalización y acceso a la vivienda) y a las mujeres (ampliando los permisos de paternidad, los programas de mejora del empleo, con 1.655 millones de dotación, o reforzando la lucha contra la violencia de género; o los mayores (con un alza del 0,9% para 9,7 millones de pensionistas y del 1,8% para 450.000 perceptores de prestaciones no contributivas; un alza del 34,4% en los fondos a la dependencia, hasta los 2.359 millones; otros 118 millones al Imserso y la elimina el copago farmacéutico para rentas inferiores a 5.635 euros, o 11.200 para quien no esté obligado a declarar). El quinto colectivo es el de los autónomos, para los que se prometen 2.230 millones en apoyo a turismo, comercio y pymes.

A su vez, las cuentas elevan además un 4,2% el gasto en personal (18.599 millones), tras aprobar un alza de los sueldos públicos del 0,9% que contribuye a elevar un 29,8% las operaciones corrientes, hasta los 195.686 millones; alcanzando un gasto no financiero de 236.331 millones, un 41% más que en 2020. Añadiendo un gasto financiero de 147.212 millones (22,5% más), el Presupuesto engloba fondos por 383.542 millones (un 33,3% más).

Entre las partidas de mayor calado, está la atención al desempleo: se destinarán más de 25.000 millones, un 20% más, con especial foco en mayores de 52 años y afectados por ERTE, si bien la ministra ha admitido que la dotación para estos Expedientes temporales ligados al Covid solo tienen en cuenta la prórroga vigente hasta el 31 de enero.

El Gobierno pone el foco, en paralelo, al refuerzo del 75,3% en Sanidad (hasta los 7.330 millones); la concesión de bonificaciones a la contratación a 684.000 personas; la revalorización del 1,8% en el Ingreso Mínimo Vital, para el que se reservan 3.000 millones; los 6.330 millones destinados a Industria o energía; y la movilización de fondos para impulsar la digitalización.

Los ingresos

Del lado de los ingresos, la reforma tributaria anunciada por el Ejecutivo, así como la recuperación económica prevista para 2021, elevarán con fuerza los ingresos de los principales impuestos. El IRPF aportará un 7,8% más (hasta los 94.196 millones; Sociedades un 20,7% más (alcanzando 21.720 millones); la fiscalidad medioambiental un 7,3% (1.545); el IVA un 13,9% más (72.220; y los impuestos especiales, un 12,1% más (21.809 millones).

En total, el Ejecutivo espera ingresar 118.997 millones en impuestos directos (un 9,4% más); y 101.282 millones en indirectos (un 17,5% más), logrando unos ingresos tributarios totales de 222.107 millones en 2021, un 15,4% más. Sumando a esas cifras los ingresos no tributarios, 33.524 millones (un 25,7% más), los ingresos no financieros estimados para el próximo ejercicio serían de 255.631 millones, un 14,5% más que los cosechados en 2020.

Parte de estas cifras se deben al alza de impuestos de 8.200 millones de euros que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a costa de subir el gravamen a grandes empresas, rentas altas, diésel, bebidas azucaradas, socimis, o residuos, así como con las tasas Tobin y Google, o el tributo a los plásticos.

Una de las principales medidas del plan es la rebaja del 100% al 95% en las exenciones aplicables a los beneficios de las filiales de las empresas en el impuesto de Sociedades. Aunque el mero anuncio de esta medida, que ya se dio en los dos años anteriores, provocó un anticipo del reparto de dividendos para sortear el gravamen, Montero ha dicho que este año esa sangría podría verse contenida debido a que algunas de las ayudas prestadas a determinados sectores tenía como condición el veto al reparto de dividendos.

La negociación

Sin embargo, Montero se abrió este miércoles a negociar esa reforma fiscal. “Respecto a las figuras fiscales, es un Presupuesto complicado, en un arco parlamentario complicado, y el Ministerio de Hacienda lo sabe, y conoce que en el proceso de enmiendas tiene que llegar a acuerdos con los grupos”, dijo la ministra.

Pese a que Ciudadanos había anunciado públicamente que se abría a negociar el plan presupuestario, una vez que había logrado el “compromiso” del Gobierno de anular la subida del diésel que incluyen las cuentas, Montero negó haber llegado a ese pacto. Preguntada, sin embargo, por la pretensión del Partido Nacionalista Vasco de anular esa equiparación del diésel a la gasolina, Montero se mostró dispuesta a jugar la baza. “El PNV es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura, por lo tanto llegaremos a un acuerdo con el PNV”, aseveró, dando a entender que el tributo no será el obstáculo que lo impida.

En paralelo, la ministra reveló que las cuentas cumplen finalmente con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reclama para la región fondos equivalentes al tamaño de su PIB, por lo que la Generalitat recibirá un 18% de los recursos a repartir entre las comunidades. El cumplimiento de esta premisa, que es una petición recurrente de las fuerzas políticas catalanas, podría ayudar a allanar el terreno a lograr el respaldo de ERC al plan presupuestario.

La financiación regional

Más allá de la situación concreta de Cataluña, Montero, que necesita el apoyo parlamentario de un buen grupo de partidos regionalistas y nacionalistas, defendió que las cuentas reflejan la apuesta del Gobierno por una España descentralizada y con un fuerte peso autonómico.

En este campo, la ministra detalló que el sistema de financiación regional repartirá 113.729 millones para las autonomías correspondientes a las tradicionales entregas a cuenta. A su vez, las regiones obtendrán 18.793 millones de fondos europeos (que incluyen 8.000 millones del fondo React así como la gestión directa de 10,793 millones del mecanismo de recuperación europeo). Finalmente, el Ejecutivo les entregará transferencias extraordinarias por 13.486 millones. En total, la financiación autonómica asciende a 146.008 millones, una cifra histórica llamada a engrasar las negociaciones que se abren.

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