¿Son realmente los jueces una élite endogámica y conservadora?

La mayoría de los candidatos que aprueban la oposición no tiene vínculos con la carrera judicial

Endogamia judicatura Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Han bastado dos sentencias, la que ha absuelto a los responsables de la salida a Bolsa de Bankia y la que confirma la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra, para que desde algunos foros se retome un viejo debate: el de la supuesta endogamia del poder judicial. Esta recurrente polémica tiene su origen en la creencia de un buen número de ciudadanos de que los jueces y magistrados conforman un colectivo cerrado y conservador que vela por los intereses de las élites económicas. Una idea que determinados políticos alientan para de­sa­creditar las resoluciones en su contra.

En el centro de todas las críticas está el sistema de acceso a la carrera judicial, señalado por estar fuera del alcance del ciudadano medio y facilitar la transmisión de la condición de juez de padres a hijos. La cuestión es: ¿hasta qué punto estas afirmaciones coinciden con la realidad?

Lazos familiares

Desde hace 25 años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encuesta a los candidatos a juez que logran graduarse. Según el último sondeo, el 94% de los jueces en prácticas declaró no tener familiares directos dentro del sistema judicial y un 30% manifestó carecer de cualquier tipo de vinculación con el sector jurídico. Son unos datos que, en palabras de Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), “demuestran que los sillones en los juzgados y tribunales no son hereditarios”.

En esta misma línea, el magistrado Celso Rodríguez, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asegura que, lejos de lo que suele pensarse, la mayoría de los jueces no tiene lazos familiares con otros compañeros ni se ven afectados por no tenerlos. “Yo soy un claro ejemplo: fui el primero de mi familia en aprobar la oposición y eso no me ha impedido convertirme en presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, remarca.

Pero los magistrados no son los únicos que defienden su propia imparcialidad a la hora de ser elegidos. También hay opositores que descartan que en la profesión sean normales los tratos de favor. “Personalmente no conozco a estudiantes con parientes dentro de la carrera, pero dudo mucho que eso pueda beneficiarles”, afirma Javier Veiga, que se presenta esta semana a la última prueba oral.

Barrera de entrada

El hecho de que el parentesco no influya en el proceso de selección no quiere decir que no existan desigualdades. Así lo cree Fernando de la Fuente, viceportavoz de Jueces para la Democracia (JPD), que advierte sobre la barrera que supone el turno libre (el más común) para personas de clases medias y bajas.

De la Fuente explica que, actualmente, los aspirantes a juez se ven obligados a memorizar más de 350 temas bajo la dirección de un preparador (que cobra de media 150 euros al mes) durante al menos cuatro años, para después recitar un par de ellos por sorteo en 15 minutos. Esto supone que, “al final, solo aprueben los mejores de entre aquellos que pueden permitírselo”. Y lo que es más grave: “Que la población con menos recursos, normalmente más progresista, no se esté viendo representada en el Poder Judicial”.

Propuesta de reforma

En 2008, JPD presentó una iniciativa para cambiar los actuales exámenes –uno tipo test y dos de exposición oral– por otros que tengan en cuenta otras habilidades como la argumentación y la comprensión. “Además, apostamos por que la formación de los candidatos corra a cargo íntegramente de la Escuela Judicial, como ocurre en otros países de Europa”, puntualiza De la Fuente.

PSOE y Unidas Podemos pactaron a principios de año llevar a cabo una reforma del sistema de acceso a la función judicial en línea con las propuestas de JPD. Sin embargo, el acuerdo no ha convencido al resto de organizaciones profesionales, que ven en él una amenaza para la independencia de los tribunales. “Los cambios que pretende realizar el Gobierno solo buscan introducir factores ideológicos, porque se parte de la idea de que somos un colectivo de derechas, pero no es así”, reitera Fernández.

Por su parte, Fernando Portillo, representante del Foro Judicial Independiente (FJI), comprende que los jueces puedan ser percibidos como un gremio conservador, ya que “tratamos de mantener un statu quo, que es el Estado de derecho”. Pese a ello, insiste en que en la carrera judicial tienen cabida todo tipo de personas y orientaciones políticas, “gracias precisamente a que la oposición es el mejor ascensor social que se ha inventado”.

Becas

Tanto Fernández como Portillo coinciden al señalar que no hace falta hacer una gran inversión para convertirse en juez, pues los exámenes son prácticamente gratuitos y la figura del preparador es opcional. En todo caso, piden que se cree una partida de ayudas públicas dirigidas a personas que realmente no dispongan de medios económicos para afrontar los gastos de la oposición.

Tal y como reflejan las estadísticas del CGPJ, solo el 4,8% de los jueces en prácticas se ha beneficiado de una beca durante su proceso de formación. Por lo general, estos programas son concedidos, bajo exigentes requisitos de renta, por fundaciones privadas en colaboración con entidades financieras.

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