Una inoportuna reforma que solo debe aprobarse con acuerdo social

El texto introduce en la legislación laboral cambios sustanciales poco acertados y que no facilitarán la recuperación y la supervivencia de las empresas

La decisión del Gobierno de impulsar antes de fin de año una reforma laboral para introducir cambios sustanciales de muy discutible oportunidad ha desatado el enfrentamiento entre sindicatos y patronal, la cual ya ha advertido de los nocivos efectos que puede tener la propuesta en un contexto de crisis como el actual. Pese a que el Ejecutivo ha acabado renunciando a su pretensión inicial de derogar al completo la regulación vigente y está dispuesto a impulsar los cambios mediante el diálogo social, su propuesta contiene medidas conflictivas, poco acertadas y que difícilmente facilitarán la recuperación económica y la lucha de las empresas por sobrevivir a la parte más dura de la crisis. Es el caso de todas las iniciativas que reducen la flexibilidad en la aplicación de los convenios, como la derogación de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la recuperación de la ultraactividad sin tope temporal, la revisión de las inaplicaciones de los convenios para orientarlas al descuelgue salarial o la limitación de la subcontratación. La reducción de la capacidad de las empresas para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo supone, por el contrario, una salvaguarda razonable de los derechos laborales en una coyuntura que puede facilitar excesos injustificados.

El empeño del Gobierno en recuperar la ultraactividad a ultranza de los convenios constituye un error, dado que es un mecanismo que tiende a perpetuar las ineficiencias, como lamentablemente muchas empresas han podido comprobar sobre el terreno. El Ejecutivo podría sustituir esa propuesta de máximos por una regulación de aspectos concretos en los que los derechos de los trabajadores se mantengan al expirar los convenios. Tampoco es acertado dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los empresariales, porque impide que cada compañía pueda hacer uso de herramientas a medida para afrontar su realidad empresarial. Primar a toda costa los convenios de sector alimenta los aparatos de sindicatos y patronales, pero abre la puerta a rigideces capaces de penalizar a empresas que podrían adaptarse mejor a las circunstancias adversas con su propio convenio. En cuanto a la subcontratación, es necesario buscar un equilibrio entre una regulación laxa que permita pagar por debajo de convenio y un veto que haga más rígido el mercado, reste productividad y cree más problemas de los que resuelva.

El Gobierno está en su derecho al plantear una reforma laboral, pero haría bien en dejar claro que solo la sacará adelante si hay acuerdo entre los agentes sociales. Como también en aprovechar la ocasión para realizar cesiones que evidencien su buena voluntad a la hora de buscar la unidad que reclama.