La amenaza del Brexit duro toma fuerza en la octava ronda de negociaciones
Bruselas acusa a Londres de querer "lo mejor de los dos mundos"
Este martes comienza la octava ronda de conversaciones entre los negociadores comunitario, Michel Barnier, y británico, David Frost, para definir la futura relación económica entre Bruselas y Londres, que arrancará con la llegada de 2021 tras un periodo de transición comercial pactado entre las dos capitales. El documento base que rija la nueva relación, alegan tanto desde la Unión Europea (UE) como desde Reino Unido, debería estar listo allá por el 15 de octubre como muy tarde, a fin de que las diferentes instituciones comunitarias y británicas lo aprueben con tiempo. Sin embargo, la sombra de una ruptura sin acuerdo, lo que se conoce como Brexit duro, se hace cada vez más alargada. El último revés llegó el domingo por la noche, cuando el Financial Times adelantó que el Gobierno de Boris Johnson prepara una ley que podría anular partes del acuerdo de retirada alcanzado en 2019.
La noticia, que incluye la posible supresión de los controles de mercancías en el paso de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, no ha sentado nada bien en Bruselas, que rápidamente recordó aquello de que los pactos están para cumplirlos. “Confío en que el Gobierno británico implemente el Acuerdo de Retirada, una obligación bajo el Derecho internacional y un requisito previo para cualquier asociación futura”, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Tampoco tardó mucho en manifestarse Michel Barnier, que, junto al propio David Frost, lleva meses sufriendo desencuentros y unos avances que cuando llegan son prácticamente nimios. Barnier acusó a Reino Unido de querer lo mejor del mercado único sin lo peor de estar en él: “La negociación abarca el comercio, la pesca, la seguridad, el transporte, la energía y muchos otros temas. Sigo preocupado. Esta semana no empieza la última ronda. Habrá otras a finales de septiembre y en octubre. Pero es una negociación difícil porque los británicos quieren lo mejor de los dos mundos”.
Su homólogo británico subrayó, por su parte, que Reino Unido no será un Estado “subordinado” a los Veintisiete, por lo que no cederá “en puntos fundamentales” como tener control sobre todo lo suyo, ya sean sus leyes o sus aguas. El problema, insistió Barnier, es que si no hay acuerdo la nueva relación será tan complicada de gestionar como fácil de entender: “Reino Unido volverá a estar bajo las reglas tradicionales y habituales de la Organización Mundial de Comercio y habrá tarifas aduaneras, lo que provocará muchos trastornos”.
Los principales puntos de desencuentro llevan siendo los mismos desde que comenzaron las negociaciones, con el agravante de que el tiempo corre y la fecha límite para cerrar el plan, a mediados de octubre, se va acercando peligrosamente.
El reparto de las cuotas pesqueras en aguas británicas es uno de estos escollos. “(Reino Unido) querría recuperar la totalidad de las aguas territoriales británicas, y eso implica excluir a los pescadores europeos, lo que no es aceptable para nosotros”.
La frontera con Irlanda del Norte también supone un punto de fricción. Ahora, la posible ley que preparan en Downing Street podría eliminar la obligación del Reino Unido de controlar las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, como parte del acuerdo alcanzado con la UE para evitar una infraestructura fronteriza en el Úlster, a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés. “El protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es esencial para proteger la paz y estabilidad en la isla y también para la integridad del Mercado Único”, reiteró Von der Leyen.
A la pesca y la frontera con Irlanda le acompañan otros puntos como la gobernanza del acuerdo, la seguridad, la movilidad de personas o el llamado level playing field, que vendría a traducirse como la nivelación de las reglas del juego en cuanto a la competencia desleal e injusta. Para Bruselas, un requisito indispensable para el acuerdo es que si Londres quiere acceso total y sin aranceles al mercado europeo, antes debe comprometerse a que sus estándares en materia laboral, medioambiental, fiscal o de impulso a las empresas nacionales sean iguales a las comunitarias, a fin de evitar cualquier posible competencia desleal en detrimento de la UE.
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