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Encuesta

Las empresas piden cogestionar el reparto del dinero europeo

Un 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las compañías sobre cómo plantear propuestas viables

TONY LARA
Pablo Sempere

Los 140.000 millones de euros que recibirá España desde Bruselas para reactivar la economía tras el azote de la pandemia solo alcanzarán su máximo potencial si la Administración y el sector privado se coordinan en un grupo de trabajo que aglutine a Gobierno, comunidades autónomas y empresas. Es lo que se desprende de la encuesta sobre el fondo europeo de recuperación, realizada por PwC entre un colectivo de empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica.

Una de las razones, es que solo el 9,6% de los encuestados asegura que el sector privado es plenamente consciente de la existencia de este vehículo y, sobre todo, de cuáles son los procedimientos para poder acceder al dinero. A la vez, un 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las empresas sobre cómo plantear propuestas viables y de qué tipo de proyectos serán financiados por el programa.

Con todo, y aunque este grupo de trabajo se pusiese en marcha, España arrastra varias losas que “podrían impedir absorber los fondos europeos y lograr la transformación de la economía”. El primero de estos escollos, según el 77,1% de los expertos, es la fragmentación y la polarización política, que reduce el escrutinio y el peso de los argumentos técnicos.

El segundo obstáculo, para el 54,3%, se centra en el hecho de contar con una Administración Pública poco ágil y burocratizada. Y el tercero (según el 41,9%) tiene que ver con la actual estructura territorial y con los problemas de coordinación entre los gobiernos centrales y locales.

Los expertos, que en general valoran positivamente la respuesta europea –con un desembolso vinculado a la transición verde y digital–, disienten sin embargo cuando se les pregunta sobre si estas prioridades responden a las necesidades de la economía española. Aunque la mayoría (40%) considera que estos fines son lo suficientemente genéricos como para poder incluir en ellos las grandes inversiones, otro 38,7% cree que estos ejes no coinciden con las prioridades actuales del país. En general, existe una falta de certidumbre sobre si España conseguirá aprovechar las ayudas.

Para Silvia Lacarra, socia de estrategia de PwC, es “crítico” que se establezca en cada Estado miembro un modelo de gestión de los fondos para asegurar el máximo rigor en la selección de los mejores proyectos.

Estímulos

Los expertos consultados, más allá de las ayudas europeas, creen en un 43% de los casos que el Ejecutivo debería incrementar el gasto público y bajar los impuestos en lo que queda de año para aliviar el impacto de la pandemia.

Más del 55% afirma además que la suspensión temporal de las normas de estabilidad y crecimiento por parte de la Comisión Europea debería terminar en cuanto finalice lo más duro de la crisis para poder equilibrar las cuentas públicas y reducir la deuda. También la mayoría ve necesario subir la recaudación impositiva, pero creen que para ello no hay que subir los tipos aplicados y bastaría con reducir las deducciones y luchar contra la economía sumergida y la evasión de impuestos.

Un 11% del PIB en ayudas y préstamos

 

Reparto. A España le corresponden 140.000 millones, de los que algo más de la mitad son transferencias directas y, el resto, préstamos. Los fondos se empiezan a recibir este año y hasta 2023. La intención de la Comisión Europea es que la mayoría de las ayudas se reciban en 2021.

 

 

Verde y digital. El fondo, dada su enorme potencia de tiro, servirá para multitud de usos, empezando por la financiación de los Erte en varios países europeos. Además, a nivel empresarial, fomentará la inversión en la transformación digital y la ecológica.

 

 

Sector privado. Otro de los objetivos es que la movilización de capital público permita también la afluencias de financiación privada para estos proyectos.

 

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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