La generosidad de la Seguridad Social solo se mantendrá si es financiable

La solución quirúrgica es elevar las aportaciones y recortar los retornos

Un detallado informe del Servicio de Estudios del Banco de España sobre las aportaciones a la Seguridad Social y los retornos que proporciona demuestra lo que todo estudioso medianamente aplicado del sistema ya conocía, pero que nadie se atreve a decir en voz alta, entre otras cuestiones porque es incómodo de oír para los cotizantes y pensionistas, y complicado de admitir por los Gobiernos, que lo han creado y alimentado con celo durante décadas. Concluye, en números gruesos, que nadie en España se financia la pensión que cobra si mantiene una longevidad media, pues cada pensionista se llevará como prestación 1,74 euros por cada euro que aportó cuando era cotizante. En términos financieros el estudio trata de aproximarse a la tasa de rentabilidad interna que proporciona la cotización y la pensión considerada como un producto, y establece que la rentabilidad financiera media (TIR) llega al 3,5%, con una horquilla que eleva tal rendimiento al 4,2% en el caso de pensiones ordinarias de las cotizaciones más elevadas; una rentabilidad, en suma, superior a la que proporcionan los fondos de pensiones privados individuales. La cuestión es si estos niveles de generosidad, impropios ya en cualquier país europeo aunque esto no lo diga el informe, son sostenibles en España. Si lo son, adelante con los faroles, pero si no lo son, y no lo son, deben ser recalculados para mantener un estado de bienestar sensato y solvente.

La evolución de los ingresos y los gastos de los últimos años del sistema de pensiones alberga un mar de dudas sobre la sostenibilidad financiera, con unos ingresos que crecen forzados por subidas anormalmente altas de las cotizaciones para tiempos de crisis y por un avance de los gastos que lo triplica. De hecho, lo que gráficamente ilustra mejor el ritmo de los gastos, aún haciendo abstracción de un lento pero imparable avance de la esperanza de vida, es que la cuantía de las nuevas altas de pensión es un 35% más elevada que la de las bajas por fallecimiento. De ahí sale el creciente déficit de explotación del sistema, que ronda los 20.000 millones al año pese a tener exprimidas hasta el límite todas las fuentes de recursos.

Un déficit que crecerá de forma sostenida los próximos lustros por la incorporación al retiro de las cohortes más numerosas de españoles, los nacidos en los sesenta y setenta del siglo XX, y que será difícilmente enjugable con los ingresos cada vez más devaluados de un modelo productivo en el que la productividad está congelada. La solución quirúrgica es elevar las aportaciones, a costa de la remuneración regular, y recortar los retornos que proporciona la caja pública, y que en muchos casos se acerca al 100% del último salario. Es una de las reformas más urgentes del país y lo es ya desde hace varios años.