Una transformación del modelo económico mediante concesiones

El sistema concesional clásico permite activar la economía en las magnitudes que necesita España sin generar endeudamiento adicional

Una transformación del modelo económico mediante concesiones

Debemos celebrar el acuerdo histórico de ayudas aprobadas en la Cumbre Europea, por lo que respecta a España y por la capacidad de lograr acuerdos tan complejos en la Europa de los veintisiete, que otorga a la Unión Europea un alto prestigio mundial.

España recibirá unos 140.000 millones de euros, 72.000 en ayudas directas, condicionados a los planes nacionales de reformas de cada país y aprobados posteriormente con mayoría entre los estados miembros. Para ello, el Gobierno de España deberá concretar un plan a largo plazo que deberá contar con un amplio apoyo de las fuerzas políticas y de cuyo éxito dependerá así mismo el prestigio de España ante la Unión Europea y el resto del mundo.

La Comisión Europea evaluará si se han cumplido los objetivos, por lo que es imprescindible que para que el plan español de recuperación de la economía sea competente y eficaz se construya sobre la base del consenso parlamentario, pero también con el apoyo de instituciones públicas, académicas, de investigación, empresas, agentes sociales y entidades sin ánimo de lucro que han de prepararse para poder gestionar todas estas medidas de impulso económico y social.

España debe y puede de una vez por todas iniciar urgentemente un camino de inversión progresiva para la transformación de nuestro modelo económico con las pautas marcadas por la Agenda 2030, la revolución digital y el Green Deal de la Unión Europea para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Los planes que se realicen deben estar orientados a la transformación estructural de nuestra economía, no quedarse en un mero mecanismo de estímulo.

Nuestra organización envió a inicios del mes de julio al presidente de Gobierno un plan sectorial sin precedentes para la economía española con una inversión conjunta superior a los 300.000 millones de euros, una contribución al PIB de más de 670.000 millones y la generación de más de 100.000 puestos de trabajo por año, lo que implica una significativa reducción del déficit fiscal del Estado superior a los 12.000 millones al año. Un plan de acción concreto que puede ser ejecutado de forma urgente en el marco del plan nacional, como requiere la situación excepcional de emergencia económica y social.

El modelo concesional clásico permite activar la economía en estas magnitudes sin generar endeudamiento adicional a las administraciones ni a los principios de estabilidad presupuestaria. No es casual que los países más saneados de la Unión Europea y que cuentan con menor tasas de endeudamiento y mayor actividad industrial, económica y altos niveles de bienestar social, utilicen sistemáticamente las concesiones de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

En la última década, en España se ha prescindido de este eficaz modelo, ampliamente recomendado por la Unión Europea, coincidiendo con un aumento insoportable de la deuda pública que ha derivado en importantísimos retrasos en los servicios públicos.

Los discursos de la gratuidad de los servicios esenciales distorsionan de manera intencionada la realidad, ya que su coste es soportado por todos los contribuyentes, utilicen o no el servicio público. ¿Es acaso socialmente sostenible que un mismo recorrido en servicio público colectivo sea de pago y el desplazamiento individual sea gratuito? En cambio, el modelo de pago quien utiliza paga y quien contamina paga es, como nos demuestran comparativamente otros países europeos, mucho más eficaz, sostenible y acorde a las directrices europeas.

El Plan de Inversiones en Concesiones para la Reconstrucción de la Economía Española que hemos presentado al Gobierno así lo ha contemplado, con la adaptación de nuestras infraestructuras a las actuales demandas del usuario, a los retos tecnológicos futuros y, por supuesto, a los requerimientos de sostenibilidad. El déficit acumulado en vivienda social, asistencia a personas mayores, modernización de las infraestructuras y cumplimiento de la agenda 2030, entre otras intervenciones, así como la privilegiada ubicación geoestratégica de enlace entre el continente asiático y Europa y los retrasos de inversión acumulados, hacen posible y necesario nuestro plan.

Su implementación tiene que convertirse en un gran incentivo para alcanzar aceleradamente la senda de recuperación de la actividad económica, mantener nuestro estado de bienestar y situar a España en una posición más significativa dentro las economías más avanzadas. Así mismo impulsará, sin duda, al resto de sectores económicos empresariales del país, favoreciendo a los más dinámicos y primordiales como los del turismo y del automóvil.

Para ello, solicitamos seguridad jurídica y una normativa homologable a los países más prósperos de Europa, colaboración público-privada basada en una cooperación legítima y de respeto al cumplimiento de los contratos, proyectos sólidos sobre base de demanda reales por parte de los usuarios y con un amplio consenso político, al amparo de unos costes de gestión y financiación coherentes, equiparables internacionalmente y con el estricto cumplimiento de la normativa Eurostat.

La realidad es que existen múltiples carencias y, por tanto, muchas oportunidades en diferentes sectores; contratos de servicios que requieren de una urgente revisión de las cláusulas de progreso y empresas de gran prestigio en la prestación de servicios públicos, la mayoría con presencia y éxito internacional en plena disposición para acometerlos.

Ahora es el momento, no valen las excusas ni las dilaciones ni los apriorismos políticos, es la hora del sentido de Estado y de trabajar en alianza, los concesionarios disponemos de los proyectos, la capacidad inmediata en su aplicación y la decidida voluntad para trabajar en conseguir los objetivos presentados en el plan que hemos presentado.

Es una gran oportunidad para que empresas y Gobierno demuestren una vez más su propósito compartido de contribuir a la sociedad. No la desaprovechemos.

Francesc Sibina es Presidente de CCIES