El ICO afrontará con solidez el repunte de la morosidad pos-Covid
Axesor Rating califica a la entidad pública con A en observación
El carácter contracíclico del Instituto de Crédito Oficial como banco público, esto es, la de favorecer el crédito, principalmente al sector empresarial, en momentos de debilidad económica, ha quedado demostrada una vez más si consideramos los importantes paquetes de estímulos aprobados por el Ejecutivo central para hacer frente al shock económico que acompaña a la Covid-19, del que esperamos observar una contracción del PIB del 10,8% para este año.
Especialmente por su papel protagonista en la canalización de la línea de avales puesta en marcha por el Ministerio de Economía de 100.000 millones de euros, además de la nueva línea de 40.000 millones de euros aprobada la pasada semana, que favorecen, además de la liquidez empresarial, la inversión en proyectos productivos cuyo objetivo es apuntalar el crecimiento de próximos años.
Desde su fundación, a principios de 1970, la función de esta entidad pública empresarial ha evolucionado desde la coordinación de los bancos públicos hasta un papel más activo en la financiación empresarial. Tanto en colaboración con las entidades financieras, en las que el riesgo de contraparte desplaza al de crédito, que es asumido por estas últimas con un interés bonificado, como a través de mecanismos de financiación directos a empresas en los que sí asume el riesgo asociado a la actividad crediticia. Todo ello bajo el absoluto respeto a los principios de equilibrio financiero y la supervisión de Banco de España, a cuyo marco regulatorio está sometido.
Aunque, en términos absolutos, de las funciones anteriores se deriva casi la totalidad de la inversión crediticia que registra en balance, con una tendencia negativa acorde con el periodo de bonanza económica registrado en los últimos años, estas actividades se complementan con su importante labor como agente financiero de diferentes instrumentos del Estado destacando, entre otros, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el Fondo para la Promoción del Desarrollo o los Fondos de Financiación a las Entidades Locales y a Comunidades Autónomas, ambos de especial relevancia por el papel que desempeñaron frente a los problemas de liquidez que acusaron los gobiernos regionales y locales durante la última crisis financiera.
Creciente protagonismo
Para financiar su actividad el ICO cuenta con un adecuado perfil de financiación, limitado por el Ejecutivo central, basado tanto en los recursos procedentes de las entidades de crédito (especialmente del Banco Europeo de Inversiones) y, por primera vez, de las subastas de liquidez TLTRO (por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo. Así como en emisiones de deuda que cuentan con la garantía explícita, irrevocable, incondicional y directa del Estado español, con las que el ICO ha asumido un creciente protagonismo dentro del mercado de los bonos verdes y sociales. De hecho, es uno de los primeros entes públicos en llevar a cabo este tipo de emisiones.
Asimismo, subrayamos su notable posición de liquidez, con activos líquidos representativos de un tercio de su balance, incluyendo deuda pública sobre la que a priori no esperamos importantes correcciones valorativas debido, en parte, a los efectos positivos del Fondo de Reconstrucción Europeo. Con todo, se dota al ICO de holgura más que suficiente para cubrir sus potenciales necesidades de liquidez den el medio plazo.
Finalmente, destacamos sus excelentes niveles de capitalización, con un ratio CET1 del 41% que supera los requerimientos mínimos del 8%, que le posicionan en una situación de comodidad ante el previsible repunte de la morosidad, ahora en el 4,7%, que esperamos para los próximos meses y que afectará exclusivamente a su actividad de financiación directa, una vez que el riesgo de contraparte, a día de hoy, se encuentra controlado.
Por todo ello, desde Axesor Rating hemos otorgado al Instituto de Crédito Empresarial un rating no solicitado de A con tendencia en observación, similar a la calificación del Reino de España, garante de sus operaciones de financiación.
