Infraestructuras

El Gobierno italiano suspende el Consejo de Ministros para la revocación de autopistas a Atlantia

La concesionaria envía un nuevo plan de compensaciones por el hundimiento del puente Morandi

El Gobierno italiano suspende el Consejo de Ministros para la revocación de autopistas a Atlantia

La reunión del Consejo italiano de Ministros en la que debía decidirse el destino de las concesiones de Atlantia en el país ha sido suspendida. El motivo, según informan medios locales, es que habría llegado una propuesta in extremis de la firma de autopistas mejorando su plan de compensaciones por el hundimiento del viaducto Morandi (agosto de 2018).

La reacción de Atlantia ha motivado una reunión restringida en la que participan el primer ministro Giuseppe Conte, el titular de Economía, Roberto Gualtieri, y la ministra de Infraestructuras, Paola de Micheli, para conocer la oferta de la empresa de la familia Benetton. Tanto el país, como el Gobierno multicolor y la propia empresa de infraestructuras se juegan mucho.

Conte había llegado a la cita de esta noche, aplazada durante meses, con el anunciado propósito de revocar los contratos concesionales de la filial local de Atlantia, Autostrade per l’Italia (ASPI), si la compañía no mejoraba su plan de resarcimiento después de un gravísimo siniestro que dejó 43 muertos en Génova.

Pesa la presión del Movimiento 5 Estrellas: o Atlantia, controlada por los Benetton a través del holding Edizione, cede su 88% en ASPI o se anulan contratos de explotación de autopistas que alcanzan al año 2038. Los otros dos socios de Gobierno, el Partido Demócrata e Italia Viva son más partidarios de la negociación para evitar pleitos multimillonarios.

Miles de millones en juego

En las últimas horas han trascendido en Italia recomendaciones de la Fiscalía del Estado al Gobierno sobre la necesidad de evitar un litigio. También han sido desvelados escenarios manejados por el Ejecutivo en los que Atlantia podría reclamar más de 20.000 millones de euros si le son retiradas las autopistas italianas.

Con todo, el primer ministro y una parte del Gobierno han presionado hasta el último minuto a la poderosa Atlantia, primera concesionaria europea de infraestructuras. La agencia ANSA ha informado esta noche sobre la posibilidad de los Benetton hayan accedido a abandonar gradualmente el capital de ASPI, cuyo control pasaría a manos de la pública Cassa Depositi e Prestiti y, previsiblemente, del fondo de infraestructuras F2I.

ASPI, que gestiona cerca de 3.000 kilómetros de autopista, aporta el 30% del ebitda de Atlantia. El viceministro de Infraestructuras Giancarlo Cancelleri, había señalado en la mañana del martes que sobre la mesa estaba el nombramiento de un administrador externo o comisionado propuesto por el Gobierno. En ese caso, arrancaba un proceso de revocación de concesiones que podría llevarse entre dos y tres años.

Parte del Gobierno ha mostrado preocupación tanto por la continuidad de las inversiones en las autopistas italianas de ASPI, que Cancelleri cree garantizadas, como la posición de los acreedores de la concesionaria, de la que cuelgan compromisos por 10.000 millones de euros.

La oferta que causó rechazo

La propuesta que Atlantia trasladó el sábado al Gobierno, para redimir el suceso del viaducto Morandi, pasa por la inversión de 3.400 millones, desde los 2.900 millones iniciales, en la reconstrucción del puente y mejoras en el resto de vías del país. La compañía también se había abierto a reducir su participación en Autostrade.

Atlantia no aceptaba, por el contrario, la posibilidad de que el Gobierno de Italia quedara exento de cualquier responsabilidad que derive en los tribunales por el derrumbe del puente genovés. En este sentido, Atlantia considera que "cada parte debe asumir cualquier responsabilidad, si así se determina, en función de su papel, el de Administración concedente y el de concesionario", indicó la empresa en su carta enviada al Gobierno.

Conocido este plan el pasado sábado, el primer ministro, Giuseppe Conte, calificó la propuesta de "insatisfactoria", anunciando el debate de la posible revocación en el Consejo de Ministros.

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