Pandemia, nómadas tecnológicos e impuesto digital
Es absurdo que España, que cada vez se aleja más de los líderes tecnológicos globales, apruebe en solitario un tributo que frenará el desarrollo del sector
Internet ha ido sustituyendo a la imprenta de Gutenberg que se inventó hace casi 600 años. La tecnología digital ha permitido a los humanos cambiar sus hábitos y hacer muchas cosas que antes eran impensables. La pandemia del Covid-19 ha forzado a confinamientos y medidas de distanciamiento social muy estrictas y las empresas, siguiendo la selección natural de Darwin, han tenido que adaptarse. En cuatro meses el teletrabajo ha avanzado más que en diez años. De repente los presidentes y empresarios analógicos han descubierto que la nueva realidad ya es posible, permite aumentar la productividad, seguir atendiendo a sus clientes confinados y además mejora su calidad de vida al reducir sus viajes y liberar muchas horas en sus agendas.
Nuestra parte animal nos hace temer los cambios, pero nuestra parte racional es la que nos permite objetivar los problemas, resolvernos y adaptarnos para sobrevivir. La transformación digital genera miedo al futuro del empleo, pero la realidad es la contraria. Las empresas con mayor adaptación digital han crecido y creado nuevos empleos desde 2008 y uno de cada cinco negocios con baja adaptación han muerto y todos sus empleos han desaparecido, según el Ivie y la Fundación Areces.
Según Eurostat, España está por debajo de Portugal en el ranking de innovación europeo, empatado con la República Checa y a años luz de los países nórdicos, que son el referente a imitar. En España queremos tener el estado del bienestar de los suecos sin tener su capacidad tecnológica y su renta por habitante. Todo en la vida no puede ser.
Antes de la pandemia ya teníamos el mayor déficit público estructural de Europa provocado por un estado de bienestar sobredimensionado para nuestro nivel de empleo y de salarios. El nuevo mecanismo preventivo europeo exigía reducirlo. La opción, siendo Mariano Rajoy presidente, era recortar el gasto social o subir los impuestos. Como el mayor problema está en el sistema público de pensiones y los pensionistas son los principales votantes del PP, Rajoy decidió subirnos los impuestos. A Cristobal Montoro se le ocurrió anticiparse a una tasa que la Unión Europea quería poner a las grandes multinacionales tecnológicas. Dos años después, la tasa digital europea ni está ni se la espera. Pedro Sánchez también tiene muchos votos de pensionistas y por eso sigue adelante con el impuesto digital de Rajoy y Montoro.
España es el país que más se podría beneficiar del avance del teletrabajo y la nueva tribu de nómadas digitales europeos. En 2017 comí en Madrid con un vicepresidente de Google; casualmente era sueco. Me dijo que iban triplicar sus empleos en España: excelente conectividad aérea, alta calidad y menor coste de vida y nuestro país lidera el ranking de los trabajadores más felices del mundo de la compañía.
Y han cumplido su palabra. Los jóvenes españoles matan por trabajar en Google que paga el doble de salarios que sus competidoras españolas. Con el doble de salario pagan más del doble de IRPF que en otra empresa. Su gasto lo hacen en España y eso genera empleo y servicios de empresas que pagan impuestos aquí. La mayoría de los servicios y bienes que contratan y consumen Google y sus trabajadores pagan IVA en España. Netflix hace muchas de sus producciones en España y generan decenas de miles de empleos que pagan impuestos ¿Renuncian los gobiernos españoles, el anterior y este, a que estas empresas creen empleo en España? Portugal, con un gobierno socialista, estaría deseando que trasladaran trabajadores de España a su país. Ha renunciado a poner la tasa y ofrece beneficios fiscales a los nómadas para que vayan.
Que España tienen una grave crisis fiscal y de deuda, agravada significativamente por la pandemia, es un hecho. Que a los españoles nos subirán los impuestos, da igual que gobierne el PSOE o el PP, pronto será un hecho. Que pongan un impuesto a las emisiones contaminantes para que las empresas y las familias inviertan en tecnologías sostenibles y más competitivas tiene sentido económico. Pero que un país que cada día se aleja más de los líderes tecnológicos mundiales le ponga un impuesto a la tecnología para frenar el desarrollo tecnológico no se le ocurría ni a Forrest Gump.
Los sistemas tributarios son locales y las transacciones cada vez más globales. Es evidente que es necesario adaptar también los sistemas fiscales a esta nueva realidad. Pero esto se debe hacer en la OCDE y nuestro negociador debe ser la Comisión Europea. Es absurdo que España, que de nuevo tiene la tasa de paro por encima del 20% y el desempleo juvenil por encima del 40%, sea de los primeros en poner un impuesto para ahuyentar a los nómadas y que se vayan a otros países del sur de Europa que les ofrecen condiciones similares. Francia que está más avanzada que nosotros aprobó el impuesto, pero lo ha dejado suspendido sine die. Alemania ni se plantea ponerlo.
El Green Deal europeo permitirá que nuestras ciudades y zonas rurales inviertan para crear ecosistemas más atractivos para nuestros nómadas. Nadie cuestiona que el Estado conceda subvenciones a multinacionales industriales mecánicas y analógicas. Pero a las nuevas industrias digitales no solo no les dan subvenciones para que creen empleos en España, sino que hacemos todo lo posible para que se vayan. O nos adaptamos rápido a la nueva realidad o pronto habrá que recortar el Estado de bienestar.
José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá