UGT alerta al Gobierno del peligro de la compatibilidad del ingreso mínimo vital con un salario

Los expertos de Fedea, por el contrario, piden al Ejecutivo que diseñe mecanismos que incentiven que los perceptores de esta ayuda no rechacen empleos

Belén Trincado / Cinco Días

El sindicato UGT ha desvelado hoy que los representantes sindicales se resistieron, durante la negociación con el Gobierno para diseñar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a que esta nueva renta fuera compatible con salarios bajos, por los peligros de devaluación salarial por parte de las empresas que ello pudiera conllevar.

Concretamente, el informe El Ingreso Mínimo Vital como respuesta a la probreza estructural, presentado hoy por UGT advierte al Gobierno de que, con la actual compatibilidad que permite la ley que regula esta prestación "existe una elevada posibilidad de que muchas empresas aprovechen este contexto para reducir aún más los niveles salariales, pudiéndose incrementar además el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial".

De hecho, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha sugerido hoy que el hecho de que la regulación concreta de esta compatibilidad entre el IMV y los salarios deba detallarse en un reglamento que se negociará con los agentes sociales obedece a las presiones sindicales para que esto fuera así.

Por ello, de cara a esa negociación con el Ejecutivo para determinar las condiciones de esta compatibilidad, desde UGT aseguran que la futura normativa deberá "extremar la cautela y vigilancia ante la aparición de efectos distorsionadores e indeseados". Según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aproximadamente el 40% de los beneficiarios del ingreso mínimo tienen ya rentas salariales, por lo que esta prestación actuará como complemento para que alcancen la renta mínima grantizada por la le para su situación familar.

De lo contrario, este informe asegura que el ingreso mínimo "podría acabar derivando en un instrumento adicional de devaluación salarial en el marco de un sistema de transferencias indirectas del Estado hacia aquellas empresas que decidan reducir los salarios, que además suelen ser las más ineficientes productivamente".

Ante todo esto, desde este sindicato creen que la compatibilidad entre el salario y esta nueva prestación de la Seguridad Social, solo será positiva "si se liga a unas políticas activas de empleo eficaces y se acompaña de políticas que combatan el origen de la precariedad, recuperen el equilibrio en la negociación colectiva y promuevan y consoliden un SMI en un nivel decente".

Por el contrario, un buen número de expertos reunidos por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han presentado también hoy otro estudio sobre Las medidas de protección a los colectivos vulnerables durante la crisis del COVID-19, consideran que es importante que el futuro reglamento defina mecanismos que permitan compatibilizar la prestación con rentas del trabajo, a modo de complemento salarial, para evitar que los perceptores del IMV rechacen un posible empleo por miedo a perder esta nueva ayuda.

Según esta docena de expertos que han trabajado para Feda existen varias opciones para hacer compatible el IMV con el empleo: permitirlo durante un tiempo, dejar una cantidad exenta o establecer un descuento progresivo según aumentan las rentas salariales.

En cualquier caso, especifican que el Gobierno y los interlocutores sociales deberán determinar si el incentivo del IMV a la aceptación de un empleo funcionará como un impuesto negativo o como un complemento salarial: "Es decir, si dicho incentivo debería ser tal que un euro más obtenido por horas de trabajo suponga una pérdida de menos de un euro de prestación y un euro menos obtenido por horas de empleo suponga un aumento de menos de un euro de la prestación", explican.

Asimismo, reclaman el diseño de mecanismos de control que eviten transiciones entre empleo y desempleo motivadas por situaciones de fraude o incentivos perversos que pudiera tener el IMV, controlando tanto a los beneficiarios como a las empresas que colaboran en ese fraude. Y también que se definan "puertas de entrada y salida agiles y flexibles del programa de IMV, para evitar que se rechacen ofertas laborales por el temor a perder la prestación si el tiempo para volver a entrar en el programa es demasiado largo e inflexible".

Finalmente, tanto desde UGT como los expertos de Fedea consideran que los efectos positivos de esta compatibilidad entre IMV y salarios bajos pasarán porque los beneficiarios de la prestación sigan itinerarios de inserción en el mercado laboral, que dependerán de las comunidades autónomas, que son las que tienen esta competencia. De hecho, los estudiosos de Fedea recuerdan que en todos los nueve conflictos competenciales que han tenido las regiones con el Gobierno central en esta manteria, el Tribunal Constitucional ha sido contundente en favor de las comunidades.