El gobernador del Banco de España insiste en la necesidad de “consenso” para salir de la crisis

Hernández de Cos pide una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a pedir a los responsables políticos "consenso" y un gran pacto que permita reparar los "daños estructurales" en la economía que ha provocado el coronavirus. Y lo ha hecho precisamente en un foro político, el Congreso de los Diputados, durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.

Ante los abrumadores datos de deterioro de la economía, que pueden llegar a ser peores si se produce un rebrote de la enfermedad, Hernández de Cos ha exigido "un pacto político que abarque varias legislaturas" . Ese pacto, ha dicho, debería diseñar una "estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal". Y es fundamental que esa estrategia alcance "un alto grado de consenso" para que pueda desplegarse "con vocación de permanencia" y "resultar creíble".

"Las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables" ha concluido Hernández de Cos. El momento de emergencia económica así lo requiere. Hernández de Cos ha recordado que este año "se producirán los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz".

De ahí que  ante la emergencia, haya que tomar medidas más urgentes. Entre ellas, "extenderse temporalmente" y "recalibrarse" algunas de las medidas ya aplicadas, como ciertos instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables. También hapedido extender los ERTE en determinados sectores o empresas "que seguirán muy afectados por las medidas de distanciamiento social".

Respecto al ingreso mínimo vital aprobado recientemente, Hernéndez de Cos señala que "podría contribuir, en coordinación con los esquemas existentes en las Comunidades Autónomas, a reducir el nivel de pobreza extrema". Eso sí, el gobernador ha aconsejado una evaluación continua para establecer si "los requisitos de elegibilidad establecidos son eficaces para apoyar a los colectivos más vulnerables". También propone incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo y no se ocasione un desplazamiento a sectores informales.

Hernández de Cos ha pedido, en otros frente, implementar políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores suspendidos temporalmente. Estas medidas tendrían como objetivo "mantener su empleabilidad y facilitar su recolocación".

Por último, debe añadirse un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación, y dedicar parte de los fondos de recuperación europeo a capital tecnológico y formación.

Las últimas proyecciones del Banco de España incorporan varios escenarios, que van de caídas del PIB desde el 9% al 15%. El primer escenario, que sería uno de “recuperación temprana”, sin nuevos obstáculos relevantes en los próximos trimestres, el producto retrocedería un 9% en 2020. El segundo escenario, de “recuperación gradual”, incorpora un impacto más persistente de la caída de la actividad, y llevaría la caída del PIB este año al 11,6%. En un escenario más negativo, la caída del PIB podría alcanzar el 15% este año.

Para el segundo trimestre, la contracción del PIB podría situarse entre un 16% y un 22% con respecto a su nivel del primer trimestre, según las estimaciones de la institución.  

"La severidad, la temporalidad y la globalidad de esta perturbación", ha señalado Hernández de Cos,  justifican en una primera fase, "acciones de política económica contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas a escala internacional" con el fin de reducir la incidencia de la pandemia y facilitar la salida de la hibernación de estos últimos meses.

Pero más allá de estas políticas de corto plazo, Cos considera necesaria la definición de una "agenda ambiciosa de reformas estructurales", dirigida a aumentar el crecimiento potencial de la economía y que tengan como obejtivo, mejorar la dinámica de la productividad,  atender a los desafíos del mercado de trabajo, afrontar la reforma del sistema de pensiones, reforzar las políticas de inclusión, Favorecer la transición hacia una economía más sostenible, mantener un sector financiero saneado.

"Los retos estructurales", ha dicho,"exigen respuestas estructurales, que perduren en el tiempo".

Entre esas reformas, ha pedido rebajar los trámites de creación de empresas y marco regulatorio, en especial de algunos sectores como el comercio minorista y algunos segmentos del transporte, además de reducir las actuales trabas a la unidad de mercado entre comunides autónomas y también entes locales.

En cuanto a los desafíos del mercado de trabajo, Cos fija como prioridad reducir la temporalidad del empleo que en el promedio de la última década se ha situado en el 25,2%, frente al 13,9% registrado en la UEM. El gobernador propone explorar figuras como la de contratos con costes de despido crecientes o el conocido como mochila austrica, que implica modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente con la experiencia acumulada.

Igualmente, Cos cita el envejecimiento de la población como "uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía española" y sugiere la conveniencia de introducir medidas que favorezcan la conciliación, incrementen el apoyo a las familias y aumenten las oportunidades en el mercado laboral.

 Respecto al sistema de pensiones, Cos dice que se debería empezar con la fijación del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema público de pensiones y asegurar la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas. Sugiere mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema. También plantea reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas. Además, plantea la introducción de incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la legal.